La organización ecologista Greenpeace remitió ayer una carta a la Comisión Europea en la que solicita la apertura de un "expediente de queja" contra el Gobierno español por su decisión de alejar el Prestige de la costa después del accidente que finalmente llevó al buque a pique.

El texto, firmado por el director ejecutivo de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, afirma que cuando el Gobierno decidió alejar el petrolero de la costa incumplió una directiva comunitaria sobre residuos, "causando con ello unas repercusiones medioambientales y sociales de gran magnitud".

En su denuncia, Greenpeace recuerda que el petrolero "ha estado descargando residuos" al verter fuel de modo ininterrumpido "por la costa gallega desde el día 13 de noviembre de 2002".

Dado que el vertido del Prestige tuvo lugar en aguas de jurisdicción española, añade la carta, "es evidente que España estaba obligada a asegurar que los residuos de combustible" se gestionaran "de una forma segura".