A un mes del accidente del Prestige, sus consecuencias medioambientales, económicas y políticas sobrepasan abrumadoramente las optimistas estimaciones que se hicieron los días inmediatos al 13 de noviembre de 2002.

La magnitud del desastre ecológico que el fuel del Prestige ha causado hasta el momento, con 600 km de costa afectada, es sólo comparable a la del Exxon Valdez, que en 1989 afectó a 800 km de costa en Alaska. A partir de ahora, y tal y como están evolucionando las 50.000 toneladas que todavía permanecen en el petrolero hundido, las cosas sólo pueden ir a peor.

En contra de las previsiones hechas por Mariano Rajoy, Vicepresidente del Gobierno Español, cuando se tomó la decisión de hundir el barco en lugar de acercarlo a puerto para vaciar los tanques de su peligrosa carga, el fuel lejos de solidificarse, escapa del Prestige a razón de 125 toneladas diarias (según información suministrada por el Gobierno) por las 14 grietas que el Nautilus ha encontrado hasta el momento en su casco. Lo que supone que todo el fuel que el barco tiene en su interior acabará saliendo antes o después, bien de forma progresiva o a modo de expresión violenta.

Las previsiones de Rajoy y de los técnicos cuyas indicaciones asegura que siguió, venían avaladas por los análisis realizados por Saybolt, laboratorio que se encargó de examinar el fuel a petición de la compañía que fletó la carga en Tallin (Estonia), que aseguraba que el fuel se solidificaba a una temperatura de 6 grados. El hecho es que el fuel no está solidificando a una temperatura de 2,5 grados (temperatura a la que se encuentra a 3.600 m de profundidad), lo que indica que nos encontramos ante un fuel de una alta toxicidad y peligrosidad, que se mezcla con el agua del mar y forma una emulsión que duplica el volumen inicial, y que al ser más denso que el agua, tiende a emerger. Por añadidura, al haberse producido el hundimiento en alta mar, la contaminación se disemina con mayor facilidad.

La marea negra ha salpicado también a la vida política española. El Gobierno empieza a tomar medidas de última hora ante la avalancha de críticas recibidas por parte de la oposición por su mala gestión, y dejadez ante la catástrofe, y ante los resultados de los barómetros de intención de voto y de opinión pública sobre la actuación del Gobierno ante la crisis del Prestige (el 80% de los españoles piensa que el Gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias).

25 días después del accidente, Aznar envía a 3.500 efectivos del ejército (cuando el pasado fin de semana el número de voluntarios ascendía a 10.000, lo que significa que el grueso del trabajo lo siguen realizando voluntarios y pescadores) en un intento de sacar a flote su desprestigiada imagen. De nuevo hace uso de los medios de comunicación, en particular de la primera cadena de televisión española, para anunciar a bombo y platillo que el ejército está en camino para "salvar" a Galicia. Los informativos se realizan desde los barcos militares que se dirigen a las costas gallegas y a todas horas nos repiten el número de efectivos que han sido enviados y lo bien que recogen el chapapote de las playas.

Fraga, presidente de la Xunta de Galicia, se enfrenta a dos mociones de censura propuestas por el PSdeG (Partido Socialista Gallego)y el BNG (Bloque Nacionalista Gallego). Álvarez Cascos y Matas (Ministro de Fomento y de Medio Ambiente respectivamente) se enfrentan a una denuncia de IU por presunto delito ecológico y a otra de los Verdes por presunto delito de prevaricación ecológica, que se fundamentan en la actuación negligente y dejación de responsabilidades de Álvarez Cascos y Matas. Las dimisiones se piden a gritos, tanto en la esfera política como en la pública.

Oposición y sociedad civil se preguntan por qué Aznar ha acudido con tanto retraso al Congreso (un mes después del accidente), y en su lugar a recurrido a la televisión, para realizar una entrevista y hablar de las actuaciones del Gobierno ante la crisis. Así mismo, no tiene justificación que Aznar todavía no haya puesto un pie en Galicia.

El Gobierno acusa a la oposición de oportunismo político y de hacer campaña para conseguir votos.

España se enfrenta a la misión casi imposible de rescatar miles de toneladas de fuel del interior del barco, a la dificultad de recoger otras tantas toneladas vertidas al mar (hasta el momento se han recogido 10.000 toneladas), a la limpieza de las costas afectadas por el vertido, y a un problema medioambiental y económico cuyas dimensiones son todavía desconocidas.

Por el momento el coste de la limpieza del vertido en las costas asciende a 58,6 millones de euros. Al Gobierno y a los damnificados les va a resultar muy difícil encontrar un grupo petrolero que se quiera hacer responsable del desastre y del pago de las indemnizaciones. A diferencia de lo que hicieron Exxon, después del naufragio del Exxon Valdés en 1989, y Total Fina Elf en el hundimiento del Erika una década después, Crown Resources, la petrolera que contrató el Prestige, y Alfa Group, el consorcio ruso para el que trabajaba el barco, se niegan a pagar un solo céntimo (amparados en el hecho de que la prohibición de navegación a barcos monocasco no se producirá hasta dentro de 12 años). Los expertos en Derecho Comercial Internacional y en Derecho Marítimo de la Universidad de Zurich consultados afirman que sólo es posible llevar al fletador a los tribunales en caso de que se logre comprobar que ha sido una de las causas del surgimiento del daño, hecho difícilmente demostrable en el caso del Prestige.

Mientras los gallegos y España entera lloran por la catástrofe, el Byzantio, otro buque de idénticas características a las del Prestige, navega rumbo a Gibraltar con una carga de 50.000 toneladas de crudo...