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Impulsar el desarrollo
tecnológico nacional no tiene
por qué entrar en contradicción
insalvable con la protección
del medioambiente. En tal sentido,
el modo en que se resuelva el caso
del reactor nuclear vendido a Australia
será un importante precendente
para la preservación del ecosistema
y la industria de punta del país.
En los próximos
días, los diputados deberán
decidir si ratifican o no un acuerdo
de cooperación celebrado entre
los gobiernos de Argentina y Australia
sobre usos pacíficos de energía
nuclear. El acuerdo, muy cuestionado
por organizaciones ecologistas, habilitaría
el ingreso a nuestro territorio del
combustible gastado por un reactor
nuclear australiano que sería
construido por la Argentina.
La historia se remonta
al año 2000, cuando la empresa
Investigaciones Aplicadas Sociedad
del Estado —cuyas acciones pertenecen
a la provincia de Río Negro
y su conducción está
en manos de la CONEA— se adjudicó
una licitación en Australia
para construir un reactor valuado
en 180 millones de dólares.
Esto significó un fuerte reconocimiento
al desarrollo científico-tecnológico
del país, mérito acrecentado
por provenir de una empresa del sector
público. Este año, el
Congreso de Australia ratificó
el convenio de cooperación
nuclear con la Argentina, el que incluye
la posibilidad de enviar a la Argentina
el combustible gastado del reactor,
para su acondicionamiento.
Como Australia no
tiene infraestructura para tratar
los residuos, actualmente lo realiza
una empresa francesa. Según
el acuerdo, en el futuro el convenio
con Francia podría mantenerse
o, en su defecto, el acondicionamiento
debería hacerse, a partir del
año 2017, en territorio argentino
o de un tercer país. Luego,
el material sería devuelto
a Australia.
El problema se plantea
porque el artículo
41 de la Constitución Nacional
"prohíbe el ingreso al
territorio nacional de residuos actual
o potencialmente peligrosos, y de
los radiactivos".
Entre los científicos
nucleares, algunos sostienen que los
combustibles reacondicionados no son
residuos, porque se reaprovechan,
mientras que otro sector importante
opina lo contrario.
Frente a la polémica,
resulta destacable apoyar el desarrollo
tecnológico del país,
siempre y cuando ello no vulnere las
normas constitucionales o atente contra
la preservación integral del
medioambiente. Su compatibilización
es una responsabilidad ineludible
del Gobierno.
Fuente: Diario Clarín
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