Impulsar el desarrollo tecnológico nacional no tiene por qué entrar en contradicción insalvable con la protección del medioambiente. En tal sentido, el modo en que se resuelva el caso del reactor nuclear vendido a Australia será un importante precendente para la preservación del ecosistema y la industria de punta del país.

En los próximos días, los diputados deberán decidir si ratifican o no un acuerdo de cooperación celebrado entre los gobiernos de Argentina y Australia sobre usos pacíficos de energía nuclear. El acuerdo, muy cuestionado por organizaciones ecologistas, habilitaría el ingreso a nuestro territorio del combustible gastado por un reactor nuclear australiano que sería construido por la Argentina.

La historia se remonta al año 2000, cuando la empresa Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado —cuyas acciones pertenecen a la provincia de Río Negro y su conducción está en manos de la CONEA— se adjudicó una licitación en Australia para construir un reactor valuado en 180 millones de dólares. Esto significó un fuerte reconocimiento al desarrollo científico-tecnológico del país, mérito acrecentado por provenir de una empresa del sector público. Este año, el Congreso de Australia ratificó el convenio de cooperación nuclear con la Argentina, el que incluye la posibilidad de enviar a la Argentina el combustible gastado del reactor, para su acondicionamiento.

Como Australia no tiene infraestructura para tratar los residuos, actualmente lo realiza una empresa francesa. Según el acuerdo, en el futuro el convenio con Francia podría mantenerse o, en su defecto, el acondicionamiento debería hacerse, a partir del año 2017, en territorio argentino o de un tercer país. Luego, el material sería devuelto a Australia.

El problema se plantea porque el artículo 41 de la Constitución Nacional "prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos".

Entre los científicos nucleares, algunos sostienen que los combustibles reacondicionados no son residuos, porque se reaprovechan, mientras que otro sector importante opina lo contrario.

Frente a la polémica, resulta destacable apoyar el desarrollo tecnológico del país, siempre y cuando ello no vulnere las normas constitucionales o atente contra la preservación integral del medioambiente. Su compatibilización es una responsabilidad ineludible del Gobierno.