Podría ser postergada durante los próximos meses, y quizás hasta después de las elecciones, la votación del acuerdo de cooperación nuclear con Australia en la Cámara de Diputados, ya que la Comisión de Relaciones Exteriores no termina de fijar su posición. Los legisladores se quejan de las presiones recibidas por las campañas de ambientalistas que difunden sus teléfonos y de la gente que les envía mails, a razón de miles por día.

La cuestión central gira en torno de la aprobación o el rechazo del acuerdo de cooperación nuclear con Australia para la construcción de un reactor nuclear que reemplazará al de Lucas Heights, en Sydney, por parte de la empresa argentina Invap, que ganó la licitación. El acuerdo no demoraría la construcción, que comenzó hace tres meses.

Tras haberse firmado el contrato, en 2000, se conoció una cláusula por la que el país que construya el reactor deberá hacerse cargo del acondicionamiento del combustible gastado, si el contratante se lo pide. Esta cláusula es objetada por los legisladores que votan en contra y por las ONG ambientales, que la consideran inconstitucional.

Como la Constitución argentina, reformada en 1994, en su artículo 41 prohíbe expresamente el ingreso en el territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos, el debate se centra en la definición de combustible irradiado, en su potencial radiactividad y en lo que ocurra con él en el momento de necesitarse su acondicionamiento.

Desde 1998 existe una ley de residuos radiactivos, la 25.018, que plantea la necesidad de reglamentar la gestión de residuos en el país, lo que aún no ha ocurrido y, según algunas de las fuentes consultadas, "deja abierta una ventana para el ingreso de la Argentina en el negocio del procesamiento de combustible para terceros".

La construcción del reactor es celebrada por la industria nuclear, que ve una posibilidad de crecimiento para la exportación de su tecnología. Javier Otheguy, gerente general de Invap, defendió el proyecto.

En la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, su titular, el ingeniero Carlos Merenson, se opone al acuerdo: "Estamos de acuerdo con el desarrollo tecnológico del país, pero no al precio de violar la Constitución. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada".

Los integrantes del Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema) ya sugirieron a Diputados que se incluya una cláusula de reserva en el convenio con Australia, por la que se "garantice el no ingreso del material sujeto a reprocesamiento", basándose en el artículo 41.

La Comisión de Relaciones Exteriores no tiene plazo prefijado para expedirse, ya que los acuerdos no tienen vencimiento. Quizá por eso, o porque priorizan otros temas, muchos de sus integrantes no respondieron a la requisitoria. "La dinámica política tiene otras urgencias ahora", concluyó una fuente del bloque justicialista.

"Durante el gobierno de De la Rúa se gestó el contrato, se lo firmó y luego hubo este acuerdo. A la hora de definirse, en vez de presionarlos a ellos, las ONG nos apuntan a nosotros", dijo el asesor de un diputado del PJ.

Lo cierto es que, según el relevamiento publicado en Internet por Greenpeace ( www.greenpeace.org.ar ), de los 37 legisladores de la comisión la mitad está indecisa.
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"Es impecable"

El diputado justicialista Adrián Menem defiende el sí con idénticos argumentos que los esgrimidos por su padre, el senador Eduardo Menem, en ocasión de la aprobación del acuerdo en el Senado, en noviembre último. "Estoy decididamente en favor. Constitucionalmente, este acuerdo es impecable y no genera ningún reparo", dijo. Agregó que este negocio significa 180 millones de dólares para el país, que no se lo debería objetar y que de las exposiciones de especialistas del Invap surge su convencimiento de cómo votar.

Respecto de lo que podría hacer la Argentina con los combustibles, adujo que el problema sólo se presentaría en 2016. Menem se mostró partidario de que cada uno "vote a conciencia, si hay opiniones divididas". También opinó que es conveniente que se vote cuanto antes.

En las oficinas del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el justicialista sanjuanino Jorge Escobar, un asesor se quejó de la presión de las ONG ambientales."La campaña de Greenpeace está fuera de lugar y desinforma; acá no se plantea un basurero nuclear", dijo.

No rotundo

La posición del bloque de ARI es la única homogénea y se define por el no. "Con este tratado, la Argentina puede sufrir consecuencias negativas, al colocarse en el papel de procesador de residuos para terceros, un papel cuestionado que hoy cumplen Inglaterra y Francia", enfatizó Carlos Raimundi, diputado de ARI por Buenos Aires. "Cuando un convenio tiene cláusulas confidenciales, no es el mejor, y en este contexto las cosas no están transparentes."

Raimundi agregó que la diferenciación entre combustible gastado y residuo nuclear es muy difusa, ya que está sujeta al aprovechamiento ulterior (terminado el ciclo, si es procesado, acondicionado o reprocesado). "No me opongo a la producción nuclear ni de radiosótopos de uso médico, pero la Constitución es clarísima y no está sujeta a interpretación."

Para él, el acuerdo podría modificarse en esa cláusula o bien devolverse al Ejecutivo para ser reformulado y entonces sujeto a votación

El socialista Rubén Giustiniani, del interbloque Alternativa, es tajante: "Se nos pide que habilitemos un contrato que nadie conoce. Entonces no, porque es anticonstitucional y porque no creo conveniente que la Argentina ingrese en el negocio de acondicionar los desechos radiactivos de terceros, cuando antes pudo exportar tecnología sin necesidad de hacerlo", afirmó.

"Radiactivo sí, pero no un residuo"

"Otros tiempos, otras urgencias políticas y económicas, hacen que no haya confianza en que el tratamiento del acuerdo vaya a ocurrir pronto, aunque así lo queremos. Seguiremos tratando de informar y asesorar a quienes estén interesados en esta exportación tecnológica." Esto anticipa Héctor Otheguy, gerente general de Invap, la empresa que construye el reactor en Australia.

Otheguy explicó qué sucedería si no fuera aprobado el acuerdo bilateral. "El 13 de este mes se cumplieron dos años de la firma del contrato y el reactor ya está en construcción. Si bien estrictamente no están vinculados acuerdo y contrato, el proyecto se puede ver afectado por la señal negativa desde el Congreso. Esto podría crear incerteza en la oposición política australiana y redundaría quizás en demoras o que se paralizara el proyecto por presión de los australianos."

-¿Por qué fue necesario que la Argentina se hiciera cargo del posible acondicionamiento, si en contratos anteriores no fue así?

-Porque en esta licitación, Australia, que no es Egipto ni Argelia, países en vías de desarrollo, escucha a la opinión pública, parte de la cual se expresa en contra de la actividad nuclear. Hay susceptibilidad porque allí hubo explosiones atómicas en el desierto y cerca de allí, en Mururoa. Además, a Australia no le conviene tratar sus propios combustibles porque se requiere una inversión grande para muy poco volumen de material. Aquí tenemos la instalación apropiada para acondicionar el material, que representa apenas dos tambores de 200 litros por año.

La propuesta argentina es una posible solución alternativa a que sea tratado en Francia, en Cogema, algo que ocurrirá hasta 2016. En caso de que se decida por la Argentina, dentro de 15 años habría que negociar un contrato adicional y pedir los permisos para hacerlo acá. Pero la tendencia es a que haya más plantas de acondicionamiento, no menos: entrarán en ese negocio Japón y Rusia, más cercanas a Australia.

-¿Qué implicaría el acondicionamiento de ese material?

-Trabajar con material que tiene menos radiactividad que la que se maneja en cualquiera de los 1700 lugares del país donde se trabaja con material radiactivo de uso médico. Desde ya que el combustible gastado es radiactivo, muy radiactivo, pero comparado con fuentes de cobaltoterapia es mucho menor. Y la Argentina no ha tenido un accidente nuclear en los 50 años que lleva en el mercado. El acuerdo es legal, porque el artículo 41 prohíbe el ingreso de residuos radiactivos. Acá la cuestión no es si este combustible es radiactivo, que lo es. El combustible irradiado no es equivalente a residuo radiactivo, según lo establece la Autoridad Regulatoria Nuclear.

Miles de firmas y de mails en contra

Las presiones que acusan algunos legisladores -varios justicialistas las definen como "fuera de lugar" y otros, "insoportables"- son ejercidas por la gente y por organizaciones no gubernamentales de todo el país que aducen la inconstitucionalidad. Las ONG ya se expidieron en contra mediante un manifiesto elaborado por la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y firmada por 70 ambientalistas y miles de ciudadanos. Se suman la campaña pública de Greenpeace, en la que se pide denunciar públicamente a los diputados que expresen su voto en favor del acuerdo, y las multitudinarias marchas convocadas en todo el país.

"Esto ha provocado la reacción de las legislaturas provinciales, que han dado mandato adverso a sus diputados en Santa Fe, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Misiones, Tierra del Fuego y Buenos Aires. Pero lo sensato sería no darle tratamiento, más en este contexto político", dijo Juan Carlos Villalonga, coordinador de la campaña nuclear de Greenpeace.

Sólo en un día se procesaron 4000 mails con destino a Diputados, luego de que se publicó -el día anterior- un aviso de Greenpeace. El servidor de la Web en el Congreso se bloqueó durante un par de horas.

Javier Corcuera, de Fundación Vida Silvestre, asegura que el negocio no es tan redondo: "La mitad del dinero queda en Australia para la construcción del reactor. Y no se sabe cuánto habrá que deducir para el proceso de acondicionamiento, si se hace en nuestro país".