El tratado obliga
a Argentina a recibir desechos peligrosos
para acondicionarlos. Casi un año
atrás fue aprobado por unanimidad
por los senadores. Pero entre los
diputados hay opiniones opuestas.
Dentro de los próximos quince
días, los diputados argentinos
decidirán si ratifican o no
el acuerdo de cooperación que
los gobiernos de la Argentina y Australia
firmaron sobre usos pacíficos
de la energía nuclear. El debate,
sin embargo, amenaza no ser tan pacífico.
Este acuerdo permitiría que
ingrese a nuestro país el combustible
gastado por un reactor nuclear australiano
—que construye una firma argentina—,
un punto al que se oponen tanto algunos
diputados —lo discuten desde
diciembre de 2001— como los ambientalistas.
¿La razón? Consideran
que así se autorizará
"la importación de residuos
radiactivos".
La polémica por el acuerdo
nuclear atraviesa por dentro a los
partidos políticos. Algunos
legisladores opinan que el acuerdo
es válido en tanto respaldaría
una exportación de alto valor
agregado: la venta de un reactor nuclear
para Australia. Otros, en cambio,
están en contra de que la Argentina
asuma el compromiso de tratar combustibles
nucleares de otro país.
Claro que entre esas dos posturas,
el tema da como para que algunos mantengan
opiniones curiosas. Arturo Lafalla,
el peronista que preside la Comisión
de Energía y Combustible: dijo
que está a favor de que se
ratifique el acuerdo de cooperación
"pero con la advertencia de que
con la actual Constitución
Nacional, la Argentina no podrá
hacerse cargo de los residuos radiactivos
australianos".
Pero los legisladores no son los
únicos que discuten. También
hay diferencias en el interior del
Gobierno de Duhalde. El secretario
a cargo del tema ambiental, el ingeniero
forestal Carlos Merenson, insistió
con su postura, que adoptó
junto con las autoridades ambientales
de las provincias: "Es un orgullo
que la Argentina fabrique un reactor,
pero no podemos violar la Constitución
Nacional".
En cambio, el subsecretario de Política
Exterior, Fernando Petrella, aseguró:
"El Gobierno dará batalla
porque no sólo está
en juego este reactor sino la posibilidad
de venderle otros a Vietnam y Corea
del Sur. Rechazar el tratado sería
como castrar a las futuras generaciones
de una de las pocas tecnologías
que la Argentina domina".
Esta polémica arrancó
dos años atrás. En junio
de 2000, la empresa Invap, una sociedad
del Estado de la provincia de Río
Negro, anunció que había
ganado la licitación para construir
el reactor de investigación
a Australia. Era la primera vez que
una empresa argentina iba a venderle
semejante producto a un país
desarrollado. La empresa afirmaba
que entrarían al país
180 millones de dólares gracias
a la venta del reactor. Pero con el
tiempo se supo que ese total no llegaría
al país.
"El pliego de la licitación
del reactor establecía la obligación,
para todos los oferentes, que un mínimo
del 50 por ciento del contrato debería
ser ejecutado en Australia. No es
obligatorio que las empresas subcontratadas
sean australianas sino que el trabajo
sea ejecutado en Australia",
informó días atrás
el gerente general de Invap, Héctor
Otheguy. "Casi el 40% del dinero
quedaría en Australia".
El punto que generó la polémica
se conoció más tarde.
En agosto de 2000, el Senado de Australia
formó un comité para
investigar las construcción
del reactor, que reemplazará
a otro de origen inglés que
ha funcionado durante 40 años.
"Por el Senado australiano, nos
enteramos que el contrato exigía
que los combustibles gastados por
el reactor—que son residuos radiactivos—
serían enviados a la Argentina
para su tratamiento, algo que está
prohibido en la Constitución
Nacional", contó Juan
Carlos Villalonga, de Greenpeace Argentina,
que hizo una campaña de denuncia
con más de 70 agrupaciones
ambientalistas.
Australia no tiene la infraestructura
para tratar los combustibles gastados
y los manda a Francia. Con el futuro
reactor, se manejan varias opciones.
Según informó Invap,
la primera es seguir el convenio con
Francia. La segunda, es que Invap
se haga cargo del acondicionamiento
de los combustibles a partir del año
2017 en territorio argentino o en
un tercer país y que después
los devuelva a Australia, que no estableció
aún dónde estará
el repositorio final de los residuos.
En total, el reactor australiano generaría
2.800 kilos de combustibles gastados.
En ventas anteriores, Invap no había
negociado las mismas opciones en relación
a los combustibles gastados cuando
tuvo que construirle reactores a Perú,
Argelia y Egipto en la década
pasada. Esos países se hicieron
cargo de los residuos de los reactores
que Invap les construyó. "Nunca
quisimos ocultar nada en el contrato
con Australia—argumentó
Hugo Albani, subgerente de Invap—.
El tema de los elementos combustibles
gastados (que no son residuos radiactivos)
era intrascendente. Como primero está
la opción con Francia, hay
una posibilidad mínima de que
los combustibles se acondicionen aquí".
Pero, ¿los elementos combustibles
gastados son residuos radiactivos
o no? Para el ingeniero nuclear Jorge
Barón, de la Universidad de
Cuyo, "los elementos combustibles
gastados no son residuos porque contienen
elementos valiosos recuperables".
Con esto coinciden en la Comisión
Nacional de Energía Atómica
(CNEA) y en ANSTO, el organismo público
australiano que firmó el contrato
con Invap.
Para los ambientalistas, los combustibles
gastados sí entran en la bolsa
de los residuos radiactivos. Esto
coincide con lo que dijeron distintas
entidades extranjeras: la Comisión
Regulatoria Nuclear de los Estados
Unidos (NRC) y la Unión de
Científicos Comprometidos de
EE.UU. expresaron que sí son
un tipo de basura radiactiva (los
clasifican como de alta radiactividad).
Incluso la NRC informó que
a partir de los atentados del 11 de
setiembre pasó a considerar
a los sitios con combustibles nucleares
gastados como un posible blanco del
terrorismo.
En tanto, la Agencia Internacional
de Energía Atómica —regula
la actividad en todo el mundo—
informó que consideraba a los
combustibles gastados como "basura
radiactiva" cuando se trata de
material que no se va a reprocesar.
Y, según lo que informan en
Invap, el material que vendría
de Australia se acondicionaría
y no se reprocesaría.
Un prestigioso investigador en residuos
nucleares de la Universidad de Cambridge,
Robert Skelton, explicó: "El
combustible gastado (por los reactores)
se clasifica como basura. Puede ser
reprocesado para recuperar el uranio
y el plutonio (lo hacen Francia y
Japón), pero hoy esto no es
muy barato. Tampoco es fácil
—desde el punto de vista político—
encontrar un sitio adecuado como repositorio
final".
Más allá de la denuncia
de los ambientalistas, la negociación
por el reactor siguió. El 8
de agosto de 2001, el entonces canciller
Adalberto Rodríguez Giavarini
firmó con su par australiano
el acuerdo de cooperación que
tratarán los diputados. Para
los ambientalistas, este acuerdo se
hizo porque "Australia exigió
que el Estado argentino respalde los
compromisos de Invap en relación
a los residuos".
Darío Jinchuk, jefe de Relaciones
Bilaterales de la CNEA, que ofrecería
uno de sus laboratorios para hacer
el acondicionamiento, dijo: "El
acuerdo dará respaldo político
al contrato comercial. Si el Congreso
no ratifica el acuerdo, oposición
y organizaciones ambientalistas presionarán
al gobierno australiano para que cancele
el proyecto, argumentando que nuestro
país no será capaz de
acondicionar los combustibles gastados
del reactor".
El Senado argentino ya le dio el
sí por unanimidad el 7 de noviembre
pasado. Pasó después
a Diputados. "Había algunos
legisladores que intentaron ratificarlo
sobre tablas en la última sesión
del año pasado, pero me opuse
porque es un tema tan grave que merecía
más debate", contó
el diputado socialista Rubén
Giustiniani.
En febrero de 2002, el Congreso le
asignó $ 12 millones a Invap
para que empiece a construir el reactor
de 20 megavatios de potencia térmica.
Según Otheguy, "el Presupuesto
Nacional del 2002 prevé un
crédito por prefinanciación
a las exportaciones de 12 millones
de pesos. Pero aún no hemos
recibido el dinero. Se devolverá
durante el avance de las obras".
La Justicia tiene al acuerdo en la
mira. En marzo, los fiscales Eduardo
Freiler y Federico Delgado habían
presentado una denuncia para que se
investigue el acuerdo que "abriría
la puerta para el ingreso a nuestro
país de residuos peligrosos
y/o radiactivos". La causa está
a cargo del juez federal Jorge Urso,
que la delegó a los fiscales
Carlos Rívolo y Claudio Navas
Rial.
Mientras los diputados afinan posiciones,
el director del departamento de Física
de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la UBA, Juan Pablo
Paz, opinó: "No se dio
un debate serio sobre las características
del contrato con Australia hasta el
momento y dudo de que se pueda hacer
ya que nadie le cree a nadie. A la
pregunta si presenta algún
peligro para la población el
hacer un tratamiento de esos residuos
aquí, la respuesta es: ''depende
cómo se lo haga''. Podría
hacerse bien y con parámetros
de seguridad muy altos (¡algo
que ningún grupo ambientalista
está dispuesto a reconocer!).
O podría hacerse mal, y eso
es un gran peligro (¡cosa que
el lobby nuclear se niega a considerar!)".
15 de octubre de 2002
Fuente: 
PÁGINAS
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