En las próximas semanas la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación terminará de definir su postura en torno del acuerdo con Australia sobre cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear que convalidará el contrato comercial -firmado hace casi dos años- por el que la empresa argentina Invap (Investigación Aplicada) construirá un reactor nuclear para la Organización Australiana para la Ciencia y Tecnología Nuclear (Australian Nuclear and Technology Organization, Ansto).

Más de sesenta organizaciones no gubernamentales se oponen a la firma, porque interpretan que el texto deja abiertas las puertas de la Argentina a la recepción de los desechos nucleares producidos en Australia para su tratamiento en territorio nacional, violándose de esta forma el artículo 41 de la Constitución nacional, que prohíbe expresamente el ingreso al país de "residuos radiactivos".

Por su parte, quienes apoyan la ratificación del acuerdo, ven en la postura de los ambientalistas prejuicios antinucleares contrarios al desarrollo de una rama de la producción de alta tecnología en la que la Argentina se destaca en el nivel internacional.

La historia

En junio de 1998 la Ansto llamó a licitación para el diseño, construcción y puesta en marcha de un reactor nuclear para investigación y producción de radioisótopos, con un presupuesto de 180 millones de dólares. Luego de un minucioso proceso de selección, Invap SE, empresa estatal formada por el gobierno de Río Negro y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), ganó la licitación para construir un reactor nuclear que reemplazará a otro inaugurado en 1958 en Lucas Heights, a 35 kilómetros de Sydney.

En lo que se refiere a la exportación de tecnología nuclear, Invap cuenta con varios antecedentes importantes de construcción de reactores nucleares de investigación en otras partes del mundo, tales como Perú, Argelia y Egipto. Estos casos no habían implicado ningún tipo de importación de elementos combustibles irradiados (ECI) a la Argentina. Por el contrario, los contratos previeron el almacenamiento directo de estas sustancias en el mismo país. El contrato firmado con Australia sería diferente en este aspecto.

De todas formas, la no ratificación del acuerdo por parte de la Argentina no implica un impedimento para la realización y puesta en marcha del reactor, sólo dejaría en stand-by la posibilidad de que dentro de quince años se traten en nuestro país los ECI de Lucas Heights.

Esperar y ver

El punto conflictivo está plasmado en el artículo 12 del acuerdo binacional, donde se expresa que la Argentina asegurará el procesamiento fuera de Australia del combustible irradiado por el reactor. Luego de realizado este proceso todo el combustible acondicionado y todos los desechos radiactivos resultantes podrán regresar a su país de origen para su almacenamiento. Esto supone la posibilidad del envío de combustible gastado del reactor para su acondicionamiento en la Argentina, en el hipotético caso de que la compañía francesa (Cogema), que se ocupa de esta tarea en la actualidad, dejase de hacerlo cuando deban ser tratados estos combustibles (aproximadamente en 2017).

Los opositores al acuerdo, representados en la comisión de diputados por Rubén Giustiniani y Carlos Raimundi, alertan acerca de que el acuerdo estaría aprovechando el vacío legal que hay en la Argentina con respecto al tratamiento de los residuos nucleares. La ley nacional 25.018 sobre el Régimen de Gestión de Residuos Radioactivos, promulgada en octubre de 1998, preveía la elaboración de un Plan Estratégico de Gestión de Residuos Radiactivos, que fue preparado por la CNEA, pero nunca fue aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional, de manera que todavía no hay una política de Estado definida sobre el tratamiento de los residuos radiactivos en la Argentina.

Por este motivo no se procesan esas sustancias en el país, sino que son almacenadas. En eso consiste la doctrina del wait and see (esperar y ver) que se sigue a nivel local, como en la mayoría de los países del mundo en este momento.

La controversia

Luego de que Invap inició la construcción del reactor nuclear a principios de abril de este año, en la Argentina comenzó a discutirse en la Cámara de Diputados de la Nación la ratificación del acuerdo entre los dos países, suscripto en agosto de 2001 en Canberra, Australia. El texto había sido aprobado por los senadores en noviembre del año último en una votación sobre tablas, sin discusión en comisiones.

Dada la complejidad del tema, los diputados decidieron iniciar una ronda de consultas a diferentes especialistas que pudieran echar luz sobre el documento cuestionado.