Diputados y ambientalistas
temen que se abra una puerta a un
reservorio atómico.
Los tramos finales del tratamiento
del acuerdo de cooperación
nuclear entre Argentina y Australia
en la Cámara de Diputados esta
semana ha recalentado la oposición
de organizaciones ambientalistas y
caldeó las discusiones en el
Congreso, ya que el proyecto tiene
media sanción favorable del
Senado. La cuña que promueve
el escándalo es el tratamiento
-no el depósito definitivo-
de los residuos de un reactor atómico
de investigación de reemplazo
que construirá la empresa Invap
Sociedad del Estado a pedido de la
Organización de Ciencia y Tecnología
de Australia (Ansto).
Algunos diputados, como Rubén
Giustiniani (quien ya adelantó
su rechazo), Elisa Carrió,
Alfredo Bravo y Héctor Polino,
han manifestado sus dudas sobre la
cuestión y han pedido un informe
detallado de los compromisos contractuales
asumidos por la empresa rionegrina
Invap para analizarlo junto con el
acuerdo binacional en materia nuclear.
Los ambientalistas directamente ven
una puerta de entrada para la instalación
de un basurero nuclear, y advierten
que la aprobación de los diputados
establecería una flagrante
violación al artículo
41 de la Constitución nacional
que prohíbe tales instalaciones.
Legisladores en la picota
El fragor de la oposición
llevó a los militantes de Greenpeace
a publicar una solicitada en un diario
porteño señalando a
seis diputados del justicialismo que
estarían a favor del acuerdo.
Angel Baltuzzi, uno de los legisladores
sindicados, negó que haya adelantado
una opinión, consideró
que la publicación es "una
imprudencia" y dijo ayer que
estaba analizando iniciar acciones
legales contra la entidad ambientalista.
Greenpeace rompió el fuego
a fines de febrero último,
cuando el canciller Carlos Ruckauf
expresó su apoyo al acuerdo
firmado por su predecesor, el radical
Adalberto Rodríguez Giavarini.
En esa oportunidad, la entidad usó
una grúa para depositar en
los jardines de la embajada australiana
tambores que simulaban contener residuos
radiactivos.
Desde el Taller Ecologista rosarino,
Elba Stancich destacó que aún
no se conocen todos los términos
del contrato porque las partes alegan
"confidencias comerciales".
Asimismo, objetó que la aprobación
de los senadores se haya formulado
sobre tablas "sin que se abriera
el debate ni la participación
de distintos sectores". El acuerdo
disparó también el rechazo
de los vecinos de las localidades
bonaerenses de Esteban Echeverría,
Monte Grande y Ezeiza. Precisamente
en esta última está
instalada la planta de tratamiento
de residuos nucleares y temen que
pudiera desatarse una catástrofe
en la zona.
12 de junio de 2002
Fuente: 
PÁGINAS
RELACIONADAS: 1
- 2
- 3
- 4
- 5
-
6
-
7
-
8
|
cargando el contenido
