Los tramos finales del tratamiento del acuerdo de cooperación nuclear entre Argentina y Australia en la Cámara de Diputados esta semana ha recalentado la oposición de organizaciones ambientalistas y caldeó las discusiones en el Congreso, ya que el proyecto tiene media sanción favorable del Senado. La cuña que promueve el escándalo es el tratamiento -no el depósito definitivo- de los residuos de un reactor atómico de investigación de reemplazo que construirá la empresa Invap Sociedad del Estado a pedido de la Organización de Ciencia y Tecnología de Australia (Ansto).

Algunos diputados, como Rubén Giustiniani (quien ya adelantó su rechazo), Elisa Carrió, Alfredo Bravo y Héctor Polino, han manifestado sus dudas sobre la cuestión y han pedido un informe detallado de los compromisos contractuales asumidos por la empresa rionegrina Invap para analizarlo junto con el acuerdo binacional en materia nuclear.

Los ambientalistas directamente ven una puerta de entrada para la instalación de un basurero nuclear, y advierten que la aprobación de los diputados establecería una flagrante violación al artículo 41 de la Constitución nacional que prohíbe tales instalaciones.

Legisladores en la picota

El fragor de la oposición llevó a los militantes de Greenpeace a publicar una solicitada en un diario porteño señalando a seis diputados del justicialismo que estarían a favor del acuerdo. Angel Baltuzzi, uno de los legisladores sindicados, negó que haya adelantado una opinión, consideró que la publicación es "una imprudencia" y dijo ayer que estaba analizando iniciar acciones legales contra la entidad ambientalista.

Greenpeace rompió el fuego a fines de febrero último, cuando el canciller Carlos Ruckauf expresó su apoyo al acuerdo firmado por su predecesor, el radical Adalberto Rodríguez Giavarini. En esa oportunidad, la entidad usó una grúa para depositar en los jardines de la embajada australiana tambores que simulaban contener residuos radiactivos.

Desde el Taller Ecologista rosarino, Elba Stancich destacó que aún no se conocen todos los términos del contrato porque las partes alegan "confidencias comerciales". Asimismo, objetó que la aprobación de los senadores se haya formulado sobre tablas "sin que se abriera el debate ni la participación de distintos sectores". El acuerdo disparó también el rechazo de los vecinos de las localidades bonaerenses de Esteban Echeverría, Monte Grande y Ezeiza. Precisamente en esta última está instalada la planta de tratamiento de residuos nucleares y temen que pudiera desatarse una catástrofe en la zona.