Es inminente el tratamiento en Diputados del Acuerdo de Cooperación Nuclear entre la Argentina y Australia. Este tratado entre países procura comprometer al Estado nacional en el cumplimiento de un aspecto controversial incluido en el contrato privado entre la firma argentina Invap y la australiana Ansto, por el cual la primera vende a la segunda un reactor nuclear experimental.

No es la primera vez que nuestro país exporta alta tecnología nuclear; ya ha realizado operaciones similares con Egipto, Argelia y Perú. Sin embargo, ésta es la primera vez que el país se compromete a acondicionar y/o procesar el “combustible nuclear gastado” en ese reactor, a solo pedido de la parte australiana. Este “combustible gastado” no es otra cosa que un eufemismo para eludir la denominación correcta: desechos radiactivos (basura nuclear), cuya introducción al territorio nacional está expresamente prohibida por el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Ninguna voz se alzó anteriormente en contra de exportar tecnología nuclear; pero, en esta ocasión, más de 120 organizaciones ambientalistas, varias asambleas vecinales, organizaciones médicas, destacados constitucionalistas y especialistas en derecho ambiental, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema, que representa a todas las provincias), y hasta el propio secretario de Medio Ambiente de la Nación, se han pronunciado con diversos tonos, pero unívocamente en contra de esta disposición violatoria de la Constitución.

Los diputados que voten a favor de este acuerdo no sólo estarán promoviendo esa violación sino que, además, estarán avalando un contrato privado cuyo acceso y conocimiento les es prohibido, en nombre del “secreto comercial”; ignorancia que no podrá ser esgrimida como inocencia.

Estamos ante un nuevo caso de transferencia a la sociedad en su conjunto, y en este caso, muy particularmente, a las futuras generaciones, de las consecuencias y costos de un negocio privado. Como se sabe, las violaciones son siempre violaciones totales (no es posible “un poquito” de violación); y en este caso, esta violación constitucional no es más que el inicio del negocio del tratamiento de residuos radiactivos en la Argentina (llamándolos “combustibles gastados”), que tiende a ser desplazado desde los países centrales hacia los países periféricos, como el nuestro, con instituciones quebradas y en liquidación, gestionadas aun por una “clase política” destituida del consenso social, que sabe que le quedan pocos meses para cerrar sus propios negocios.

El pueblo de Australia debe saber que su gobierno está patrocinando y firmando un acuerdo inconstitucional con la Argentina, que viola la seguridad física y jurídica, y que está siendo denunciado desde ya y por anticipado por la sociedad civil, la que lo declara nulo de hecho, y lo declarará nulo también de derecho en cuanto recupere las instituciones de la soberanía popular, sin dar lugar a ninguna apelación futura a la “continuidad y seguridad jurídica”, ya que ella será quebrada de aprobarse este acuerdo. El gobierno de Australia está advertido y no podrá alegar inocencia. Cuando “se vayan todos...”, el acuerdo-basura radiactiva se irá también con ellos