Así como está planteado, el acuerdo para que nuestro país le construya a Australia un reactor nuclear es inconstitucional." Esa es la opinión del titular de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Carlos Merenson. En una charla, el funcionario aclaró que no está en desacuerdo con el proyecto en general, sino con la posibilidad de que la Argentina esté obligada a recibir residuos nucleares una vez que el acuerdo esté totalmente aprobado.

Merenson no está solo en su posición. Los encargados de la problemática ambiental de las provincias argentinas y de la ciudad de Buenos Aires, que forman el Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA), tampoco quieren que el país abra sus puertas a los residuos nucleares que se generen por la puesta en marcha del reactor en Australia, a partir de 2006.

La construcción del reactor nuclear para Australia viene generando una fuerte polémica. En enero de 2000, la empresa argentina INVAP —una sociedad del Estado perteneciente a la provincia de Río Negro— había acordado la construcción con la Organización de Ciencia y Tecnología Australiana (ANSTO). Pero este acuerdo incluye que el proceso de acondicionamiento de los combustibles quemados en el reactor se pueda hacer en la Argentina, una cláusula que tampoco aceptan unas 60 organizaciones ambientalistas, como Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), entre otras.

El acuerdo fue aprobado por el Senado argentino en octubre del año pasado, y se encuentra a consideración de la Cámara de Diputados. Merenson insistió: "Estamos de acuerdo con el desarrollo tecnológico del país, pero no al precio de violar la Constitución Nacional. Dentro de la ley todo; fuera de la ley, nada".

El funcionario nacional y los integrantes del COFEMA ya sugirieron a Diputados que se incluya una cláusula de reserva en el convenio con Australia por la cual "se garantice el no ingreso del material sujeto a reprocesamiento".

Basan la sugerencia en lo que dice la Constitución Nacional. En el artículo 41 se "prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos".

A Merenson no sólo le preocupa el acuerdo por el reactor nuclear. "El ambiente (en la Argentina) no está debidamente cuidado". Y dijo que tiene varios planes "que conjugan desarrollo económico, calidad ambiental y equidad social".

Uno de esos proyectos es el programa social de bosques, que espera la aprobación del Ministerio de Economía. Consiste en dar insumos y capacitación a municipios, provincias y organizaciones no gubernamentales para aumentar la plantación de árboles. "La meta es forestar anualmente 200 mil hectáreas en los próximos 20 años". Y para enfrentar la desertificación, con el aporte de la Cooperación Técnica Alemana, se invertirá 1,5 millón de dólares en los próximos 3 años.

Merenson agregó que hay otros problemas que los legisladores argentinos deberían tratar. "Falta que se sancione una ley sobre bioseguridad de los organismos genéticamente modificados y otra sobre residuos peligrosos, para evitar la superposición de normativas".