A la ya histórica polémica sobre la venta de un reactor nuclear de la empresa argentina INVAP a Australia se le sumó un nuevo capítulo. Y esta vez, bastante preocupante: ayer, el ente australiano de control nuclear informó a la prensa internacional que deberá realizar nuevos estudios de factibilidad debido al descubrimiento de una falla sísmica en el lugar donde deberá instalarse el reactor.

El reactor que construye el INVAP en Bariloche debería reemplazar en 2005 al de Lucas Heights, ubicado al sur de Sydney, que es de origen británico y funcionó durante 44 años pero ya está obsoleto.

La novedad parece que no tomó por sorpresa al presidente de INVAP, Héctor Otheguy, quien dijo ayer que "estos son estudios de rutina y que en todo caso se analizará dónde ubicar el reactor".

Aun así el hallazgo no deja de ser un balde de agua fría para INVAP. La firma de Río Negro que está construyendo a toda máquina el nuevo reactor había logrado en julio de 2000 firmar el acuerdo de venta luego de ganar una dura licitación internacional. INVAP dejó de perdedores nada menos que a la alemana Siemens, la canadiense AECL y la francesa Technicatome.

Australia, según contrato, deberá pagar 180 millones de dólares, una cifra importante para INVAP, teniendo en cuenta que es una exportación de un trabajo del área tecnológica, y en el marco de una grave situación socioeconómica.

En la propuesta comercial INVAP debió dejar aclarado entonces que se haría cargo del tratamiento de los residuos radiactivos del reactor. INVAP firmó esa cláusula, ganó la licitación, y empezó a construirlo, pero también comenzaron los conflictos.

Los ecologistas de Greenpeace denunciaron a la opinión pública la cláusula de recepción de residuos y acusaron a INVAP de manejarla en secreto. La autoridad nuclear argentina, luego se supo, había dado el visto bueno a la operación.

Campaña opositora

En las últimas semanas Greenpeace y otras entidades agudizaron su campaña de denuncia y llegaron a movilizar a los vecinos de Ezeiza contra la importación de residuos nucleares, debido a que los mismos, eventualmente, podrían ser tratados en el Centro Atómico de esa localidad.

A esto INVAP responde que los residuos podrían llegar a tratarse en Francia, donde los australianos estuvieron tratando los de la planta británica que decidieron desactivar.

El punto más flojo del acuerdo comercial es que el artículo 41 de la Constitución argentina prohíbe la importación de residuos radiactivos. El año pasado expertos en derecho constitucional se sumaron a la polémica. Unos decían que el acuerdo violaba la Carta Magna; otros decían que no.

Pero Greenpeace no es el único que pone reparos al acuerdo. Hace pocos días, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Argentina, Carlos Merenson, en un reportaje señaló que acordaba con la operación pero que si eso significaba traer al país residuos radiactivos se violaría la Constitución.

La polémica también había llegado el año pasado al Congreso. El Senado ya dio su acuerdo a la operación, aparentemente sin entrar a considerar a fondo el trata miento de los residuos. Pero el trámite de aprobación quedó trabado en la Cámara de Diputados. A la fecha, muchos diputados se muestran renuentes. Integrantes del COFEMA, que nuclean a los ministros provinciales de medio ambiente, sugirieron a Diputados que se incluya una cláusula de reserva en el convenio por la cual "se garantice el no ingreso del material sujeto a reprocesamiento".

La oposición a la operación de INVAP no se da sólo en estas tierras. En Australia, los defensores del medio ambiente y algunos políticos piden ahora el inmediato cierre de la planta al sur de Sydney a partir del hallazgo de la falla sísmica. Esto renovará la campaña de los ecologistas contra la Organización Australiana de Ciencia y Tecnología Nuclear, que en el último año había recibido numerosas presiones para cancelar el acuerdo con los argentinos.

"Debemos examinar la falla para determinar sus dimensiones y edad", dijo ayer a la prensa el director de la Agencia de Seguridad Nuclear, Don McNab. "Cuando tengamos un informe podremos formular juicios sobre la idoneidad del sitio, pero eso no significa automáticamente que el sitio no sea adecuado", agregó.

La municipalidad de Sutherland, donde está la planta australiana, se unió a Greenpeace y a los ecologistas australianos para pedir que el acuerdo con los argentinos sea abandonado, debido a los "inmensos peligros" que implica.

En la Argentina, la "falla sísmica" australiana quizá provoque tal sacudón que obligará a rever algunas posturas.