El fiscal federal Carlos Rívolo desestimó, por inexistencia de delito, una denuncia, basada en objeciones de Greenpeace, contra funcionarios y legisladores que impulsan la ratificación parlamentaria del tratado de cooperación nuclear con Australia que avala la construcción del reactor de investigación que la empresa estatal INVAP vendió a ese país.

La resolución de 80 páginas del fiscal se encuentra ahora a estudio del juez federal Jorge Urso quien, según fuentes judiciales consultadas, en los próximos días se inclinaría por aceptar la desestimación y así archivaría esta denuncia penal.

Si Urso archiva la denuncia, la justicia argentina se sumaría a la de Francia y Australia que ya rechazaron presentaciones de Greenpeace para intentar frenar la construcción de este reactor de investigación y producción de isótopos para uso medicinal de la empresa INVAP que costará unos 180 millones de dólares.

En las próximas semanas, la Cámara de Diputados se apresta a votar por la ratificación o rechazo el acuerdo de cooperación nuclear con fines pacíficos entre la Argentina y Australia que fue firmado en el 2001. El tratado bilateral, que ya fue ratificado por el congreso australiano, constituye un aval político al acuerdo comercial entre INVAP y la autoridad regulatoria nuclear australiana (ANSTO).

La denuncia la habían abierto de oficio, a fines del 2001, los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado en base a declaraciones del coordinador de la Campaña de Energía de Greenpeace, Carlos Villalonga, según la cual por el contrato entre INVAP y ANSTO, la Argentina se convertiría en "un basurero nuclear" australiano y se estaría violando la Constitución.

Luego, la denuncia fue sorteada por la Cámara Federal y recayó en el juez Urso y el fiscal Rívolo quien analizó profundamente si se cometió o se va a cometer un delito con el contrato comercial en el cual INVAP se compromete a negociar, dentro de 15 años, un futuro acuerdo para procesar en la Argentina, Francia o un tercer país los futuros elementos combustibles gastados del reactor para su depósito final en Australia. Este país no tiene tecnología para hacerlo por sí mismo.

Actualmente, Australia tiene un acuerdo con la empresa COGEMA de Francia para tratar los elementos del reactor británico que sacará próximamente de servicio y ya firmó un acuerdo para la primera etapa —a partir del 2017— de elementos combustibles gastados el futuro reactor argentino que se instalará en Lucas Heights, cerca de Sidney.

En su resolución, el fiscal Rívolo llamó a "no caer en una actitud populista como sería la de utilizar la Justicia para defender las opciones eminentemente políticas con mayor crédito mediático" y fijó su posición en materia de derecho penal con estos argumentos:

• Confidencialidad del contrato comercial entre INVAP y ANSTO: se opone a secuestrarlo, como pedían los denunciantes, porque no hay elementos de juicio como "para considerar que estamos en presencia de un delito". Y ese "ámbito de privacidad" sobre desarrollos tecnológicos que constituyen secretos comerciales "se encuentra protegido por la Constitución".

• Hipotético ingreso de elementos combustibles gastados dentro de 15 años: como se investiga una posibilidad, "probar hechos futuros es cosa de prestidigitadores más que de juristas y querer actuar conforme aquello que suponemos habrá de suceder dentro de más de diez años parece una tarea más de la política que del derecho penal".

• Inexistencia de un tipo penal aplicable al caso: La actitud nuclear "está reglada por la ley 24.804 (ley nacional de la actividad nuclear) y el problema de los residuos derivados de la actividad nuclear por la ley 25.018 (Régimen de gestión de residuos radioactivos). Ninguna de estas leyes contiene tipos penales".

• Hipótesis de incumplimiento de los deberes de funcionario público: el gerente general de INVAP, Héctor Otheguy, no puede ser investigado por ese delito porque no es un funcionario público. Y tampoco puede ser imputado el ex Procurador General del Tesoro Enrique Marcer que sostuvo que el contrato no viola la Constitución, basándose en escritos de los constitucionalistas Félix Loñ, Jorge Vanossi y Mariano Cavagna Martínez, porque dio "una opinión y no una orden".

• Hipótesis de incumplimiento de los deberes por parte de los senadores que ya ratificaron el tratado: "Es una opción esencialmente política y existe reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema que nos señala que estas opciones no son judiciables". Y que hayan "aprobado este convenio internacional sobre tablas no contraría ninguna ley", finalizó el fiscal Rívolo