Greenpeace y otras 70 organizaciones ambientalistas denunciaron ayer que, "sin ninguna evaluación previa", el Senado aprobó sobre tablas un convenio internacional con Australia que abre la puerta al ingreso de residuos nucleares desde ese país, lo que está prohibido por la Constitución. Con el mismo trámite expeditivo, el acuerdo estuvo a punto de ser tratado ayer por la Cámara de Diputados.

Ese convenio de cooperación da marco a la venta de un reactor nuclear desarrollado por la empresa estatal INVAP, con sede en Bariloche. Por este documento, firmado por los gobiernos argentino y australiano el 8 de agosto pasado en Canberra, nuestro país se compromete -en caso de pedírselo Australia- a procesar los residuos radiactivos resultantes del funcionamiento del reactor.

Tras ganar una licitación internacional, INVAP -que también fabrica satélites espaciales- firmó el convenio con la autoridad nuclear australiana (ANSTO) el 13 de julio de 2000. Si bien el contrato por 180 millones de dólares fue celebrado calurosamente por el Gobierno, el diputado José Corchuelo Blasco cuestionó que nunca dio a conocer su texto, "amparándose en medidas de seguridad comercial".
El punto conflictivo del convenio trascendió en octubre de 2000, a raíz de una investigación del Senado australiano. Sucede que, antes de refrendar el documento, los legisladores de ese país quisieron asegurarse de que no violara la legislación argentina. Fue así como las entidades ecologistas de nuestro país supieron que una de las condiciones para adjudicar la obra a INVAP era que la empresa argentina garantizara el tratamiento del combustible radiactivo que gaste el reactor.

"Lo que objetan las ONGs es una cláusula del acuerdo del INVAP con ANSTO; no tienen por qué cuestionar el convenio de cooperación nuclear con Australia, que es igual a los que se han firmado con otros países", consideró el diputado Marcelo Stubrin (UCR-Alianza), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Juan Carlos Villalonga, coordinador de la campaña de energía de Greenpeace, le replica con el artículo 12 del convenio de cooperación, que establece que "cuando se irradie combustible en un reactor de investigación provisto por la Argentina a Australia, si así fuere solicitado, la Argentina asegurará que dicho combustible sea procesado o acondicionado mediante arreglos apropiados a fin de hacerlo apto para su disposición en Australia".

El ambientalista admite que el texto no especifica que ese proceso se hará en la Argentina. Pero agrega un dato: "Actualmente, Australia envía sus residuos nucleares a Francia que, junto con Gran Bretaña, son los dos únicos países que hacen su tratamiento para terceros. Lo que pasa es que ese contrato está por ''caerse''". Y recuerda el texto del artículo 41 de la Constitución: "Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos".

Si la firma del acuerdo entre INVAP y ANSTO había sido divulgada como un logro de la tecnología argentina, el tratamiento del convenio de cooperación con Australia, en cambio, fue silenciado por el Senado. El texto, remitido por el Poder Ejecutivo, llegó a mesa de entradas el 30 de octubre y el 7 de noviembre -sin ser analizado por ninguna comisión- fue tratado sobre tablas. Todos los legisladores presentes levantaron la mano.

Al pedir su aprobación, el senador Eduardo Menem, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, dedujo que el artículo 41 sólo "trata de impedir que la Argentina se constituya en un basurero nuclear de los países centrales". También instó a "interpretar correctamente la palabra ingreso", al considerar que "la Constitución se refiere a aquel material que viene para quedarse en el país". Pero en el caso de los futuros residuos australianos, agregó Menem, "este material ingresa para ser luego reexportado, una vez que haya sido condicionado".

Los ecologistas subrayan que la Constitución no distingue entre el ingreso definitivo de residuos y el temporario. Ayer, cuando Clarín preguntó al INVAP cuántos años permanecerían esos desechos en el país para cumplir con el proceso de vitrificado, Héctor Otheguy, gerente general, se limitó a decir: "No queremos volver a entrar en esos temas". Y agregó que el contrato fue estudiado por tres reconocidos constitucionalistas: Jorge Vanossi, Félix Loñ y Mariano Cavagna Martínez.

Existe otro "problema semántico" más. Guillermo Urribarri, asesor del senador Antonio Cafiero (titular de la Comisión de Recursos Naturales), sostuvo que "el criterio que tiene el cuerpo es que no se trata de residuos radiactivos sino de combustible gastado". Para esto se basa en la Convención de Viena de 1997, ratificada por la Argentina en 2000. Para rebatirlo, Greenpeace remite a las definiciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y a la Ley de Residuos Radiactivos, que claramente incluyen al combustible irradiado dentro de los residuos radiactivos.

El tema estuvo ayer a punto de ser tratado por Diputados. "El oficialismo y el PJ lo intentarán la semana próxima -protestó Jorge Giles (ARI), secretario de la Comisión de Recursos Naturales-. Inventan trucos, pero la única manera de escabullir a la ley y a la Constitución es mentir".

Alerta de Greenpeace

Entrenado en la lectura de la letra chica, el coordinador de la campaña de energía de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, advierte que el convenio de cooperación nuclear con Australia entraña otro peligro: habilita a la Argentina para convertirse en un país productor de plutonio con fines comerciales, un mineral radiactivo de uso militar.

El artículo 12 del acuerdo aprobado por el Senado dice que "Australia podrá dar consentimiento previo por escrito (a la Argentina) para el reprocesamiento a fin de recuperar el material nuclear para su uso ulterior". Ese plutonio sería extraído, recuperado, de los desechos del reactor nuclear a instalar en Australia por la empresa estatal argentina INVAP, y que ambos gobiernos pretenden sean tratados en nuestro país.

"El plutonio es el elemento sensible por excelencia en cuanto a usos militares, lo que implica que está expuesto a riesgos de robo y de sabotaje. -apunta Villalonga-. Después de los atentados del 11 de setiembre en los Estados Unidos, las plantas reprocesadoras de residuos radiactivos de Francia y Gran Bretaña se encuentran en alerta máxima, ya que son un blanco predilecto. Meterse en ese negocio es una decisión política de peso. Avalar este acuerdo implicaría una interpretación que desactiva por completo nuestra Constitución, y convierte a la Argentina en un procesador de basura nuclear externa. Y esto abriría la puerta para otros contratos".

Pedido de informes

"En Diputados hicimos un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la venta del reactor a Australia, pero no nos respondió -se quejó José Corchuelo Blasco (PJ Chubut)-. Acuerdo con exportar tecnología y orgulloso de que proceda del sur, pero defiendo una Patagonia libre de residuos nucleares".