Pozo petrolero en la zona de Cerro Fortunoso, en el corazón de la Payunia (Malargüe).

Organizaciones ambientales y científicas se oponen a la iniciativa de poder explotar yacimientos mineros dentro de las reservas naturales. Al mismo tiempo, los empresarios del sector aseguran que esa actividad traería progreso a Mendoza y que los eventuales daños al ambiente se podrían reparar.

La idea de permitir la explotación del subsuelo en las áreas protegidas de la provincia es impulsada por empresas mineras y por sectores políticos. Se gestó hace tiempo y se presiona para modificar la ley 6.045, que prohíbe explícitamente esa actividad en las reservas.

“La gente que propone esto y dice que no produce contaminación habla sin conocimiento. Todas las etapas de la minería producen contaminación. Hacer eso en reservas naturales es inadmisible. Esa es una actividad con efectos muy negativos a largo plazo”, opinó Jennifer Ibarra, de la Fundación Cuyunche.

Para los empresarios del sector la situación es distinta. Y apuntan a que “se pueda permitir la explotación en todos lados, cumpliendo las normas y los controles”. “No queremos polemizar, ni encontrarnos con posiciones fundamentalistas. Se trata de ver si se quiere desarrollo o no. La actividad minera no genera depredación y si hay un impacto se debe solucionar. En los países desarrollados se hace así, y hasta se hacen lagos artificiales”, dijo Rafael Monllor, presidente del Centro de Mineros de Mendoza.

Aunque el tema promete ser discutido por mucho tiempo, ya hay avances. Un grupo de científicos del Cricyt, por ejemplo, propuso crear un nuevo parque provincial en el Cordón del Plata, para resguardar la fuente de agua dulce. El proyecto alcanzó la media sanción, pero en el camino se modificó la designación, y pasó a ser “Reserva de Usos Múltiples”. Esta categoría deja una puerta abierta para cualquier tipo de explotación. Y hay quienes sugieren que el cambio se debió a la presión de los mineros. El tema sigue siendo discutido en la Legislatura.

“La forma de conservación que hemos propuesto para el Cordón del Plata tiene sustento científico, no es arbitrario. Por otro lado, la actividad minera siempre tiene impacto, por más que se pueda mitigar. Y no se puede hacer en un área protegida”, dijo el arqueólogo Roberto Bárcena, que integra el equipo del Cricyt que elaboró el proyecto de parque provincial.

La provincia tiene 13 áreas protegidas, que abarcan cerca del 5 por ciento del territorio total. Algunas de las que están en orden de prioridad para los mineros son la Payunia (en el sur), el Parque Tupungato y la Laguna del Diamante, en San Carlos. El intendente de ese departamento, Mario Guiñazú, se molestó con la iniciativa y con la forma en que es tratada. “A mí nadie me consultó nada y se manejan de espaldas a los interesados. La reserva es algo que no se tiene que tocar y no lo vamos a permitir”, dijo Guiñazú.

Otro detalle que arroja sombras sobre el manejo de las áreas protegidas es la propiedad de las tierras. Es que la mayoría son compartidas entre el Estado y particulares, muchos de los cuales las obtienen a través de títulos supletorios. Así, en algunos casos los dueños no comparten la idea conservacionista y emprenden proyectos no afines con ese objetivo. “Algunos les compran los títulos a viejos puesteros y en esas tierras se genera polémica, porque quieren hacer cualquier cosa”, aseguró Leopoldo León, director de Recursos Naturales. Para León, las reservas también pueden ser fruto de ganancias. “Hay que ver qué genera más, si la minería en forma intensiva en poco tiempo o el turismo para siempre”.