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El Superior Tribunal de Justicia de Chubut
decidió a favor de la firma minera El Desquite y ahora
podrá continuar con sus trabajos previos a la extracción
de oro y plata en la ciudad chubutense de Esquel.
Los trabajos fueron suspendidos el 18 de
febrero. Ese día el juez en lo civil de esa ciudad,
Claudio Alejandro Petris, hizo lugar a una medida cautelar
presentada por una vecina invocando el no cumplimiento de
la ley de impacto ambiental.
El Superior Tribunal, máximo órgano
de Justicia de la provincia, revocó ayer la medida
haciendo lugar a una presentación de la Fiscalía
de Estado, invocando el artículo 195 bis del Código
Procesal Civil que prescribe la actuación del juez
cuando se dictan este tipo de medidas contra la provincia
o cuando el estado provincial puede verse afectado.
La mina El Desquite es propiedad de la multinacional
canadiense Meridian Gold. Su valor estimado es de unos 1.400
millones de dólares. Para sacar oro y plata del yacimiento
ubicado a sólo 7 kilómetros de la ciudad promete
la creación de 1.500 puestos de trabajo directos e
indirectos. Y una inversión de entre 90 y 120 millones
de dólares. Pero esto no conforma a los habitantes
de la región: para la explotación la empresa
utilizará cantidades importantes de cianuro y temen
por la contaminación del medio ambiente y el agua.
No sólo en la ciudad. También en lugares paradisíacos
como el Parque Nacional Los Alerces y el Centro de Deportes
de Invierno La Hoya.
Por eso el municipio decidió realizar
un plebiscito el próximo 23 de marzo, en tanto la Legislatura
suspendió la audiencia de impacto ambiental prevista
para el 29 del mismo mes.
La medida cautelar había sido presentada
el 16 de diciembre del año pasado por Silvana Noemí
Villivar, integrante de los "vecinos autoconvocados de
Esquel" que no quieren la explotación de la mina.
El juez Petris le dio la razón. Y
ordenó "la paralización urgente de todas
las tareas, obras y actos en curso de la mina El Desquite
y la prohibición de realizar nuevos trabajos y obras
hasta tanto se cumpla con todos los recaudos de la ley provincial
4032 de impacto ambiental".
La provincia apeló la medida. También
la empresa. Y a través de su gerenta de relaciones
públicas, Natalia Moscardi, aseguró que "haría
respetar todos los derechos adquiridos". Ayer, Moscardi
le dijo a Clarín que El Desquite "reanudará
los trabajos inmediatamente. Estamos explorando y perforando
desde 1999 y cumpliendo con todos los requisitos que nos exigen
las autoridades". La empresa facturará alrededor
de 100 millones de pesos al año. Menos de un millón
quedará para la provincia en concepto de canon. Producirá
"Barra Doré", una aleación de oro
y plata.
La explotación de la mina divide a
la sociedad de Esquel, la quinta ciudad más importante
de Chubut, con 30 mil habitantes y ubicada al pie de la cordillera.
Los vecinos autoconvocados realizaron tres
manifestaciones contra la explotación. "La utilización
de cianuro en grandes cantidades (El Desquite usará
6 toneladas por día) es altamente tóxico",
aseguran. Pero la empresa se defiende y dice que se han tomado
todos los recaudos que no difieren del manejo de otras sustancias
peligrosas.
El gobernador, José Luis Lizurume,
como el intendente de Esquel, Rafael Williams, aprueban el
proyecto. El martes, en el acto por un nuevo aniversario de
la ciudad, Lizurume anticipó que la provincia respetará
la voluntad del pueblo en el plebiscito. Antes había
dicho que votará por el "sí a la mina",
como vecino de Esquel.
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