A mucha gente le sorprenderá que se tenga que hacer una consulta popular espontánea con relación a la posible instalación de una mina cerca de Esquel para que alguien se decida a encarar seriamente el tema del impacto ambiental que puede generar un emprendimiento de este calibre.

Pero para nuestra desgracia la opinión de la sociedad sobre los beneficios y los problemas que puede generar una obra en una cierta región hasta hace poco no se tenía en cuenta.

Todas las grandes obras que se hicieron en el país, como el Chocón o Yacyretá, fueron planeadas y realizadas con total prescindencia de lo que población afectada pensara. Recién a partir de la construcción de Yacyretá (y por presión de los organismos financieros internacionales) las grandes obras comenzaron a acompañarse con un estudio de lo se suele llamar el impacto, tanto en la sociedad como en su ambiente. Cabe aclarar que nunca en la historia argentina un análisis de impacto indicaba que la obra no debía hacerse, o que los costos eran mayores que los beneficios. Esto fue siempre así simplemente porque los estudios de impacto son realizados por las mismas compañías que se encargarán de la obra, estudio que es teóricamente analizado críticamente por los organismos competentes.

Tampoco en la historia hemos tenido el caso de que un estudio de impacto sea rechazado por el gobierno encargado del tema. Obras gigantescas como la mina de Bajo de la Alumbrera en Catamarca se hicieron siguiendo este método, que puntillosamente deja a la sociedad local fuera del tema.

La primera vez que se produjo una reacción fue en el tendido de los gasoductos del noroeste. En un caso, ampliamente difundido, un grupo indígena local, con el fuerte apoyo de una organización internacional ambientalista, trató de parar la construcción de un gasoducto aduciendo impactos irreparables en el ambiente de las selvas de montaña. La situación se solucionó finalmente por la vía de la negociación entre la compañía constructora y los indígenas.

Con el otro gasoducto el caso fue más paradigmático: cuando los jujeños se dieron cuenta de que pasaba bajo sus propios pies, organizaron una tardía revuelta, que dio como resultado que el organismo encargado de fizcalizar la obra (en este caso ENARGAS) hiciera una audiencia pública después de construido el gasoducto, acto simplemente formal e inútil. Sin embargo el conflicto dejó sus enseñanzas, y poco tiempo después, cuando la provincia de Jujuy había aprobado el tendido de una línea de alta tensión a lo largo de la Quebrada de Humahuaca, la protesta —espontánea y masiva— fue tan fuerte que la obra se suspendió.

Y el camino para que la voz de la sociedad afectada por las grandes obras se sigue construyendo, porque es ahora la propia población de Esquel, sin intermediarios, la que toma la iniciativa para hacerse escuchar antes que la obra se construya, exigiendo una estudio de impacto imparcial y serio.

Uno se pregunta: ¿antes qué hacían las autoridades del municipio y de la provincia, que aparentemente habían aprobado la inversión? ¿Qué opinaba sobre el tema la Secretaría de Medio Ambiente? ¿Era necesario que se generara una protesta popular para que se pensara en una cosa tan obvia como consultar a los que van a sufrir las consecuencias de la actividad minera? ¿Tan poco vale el ambiente donde vivimos?