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El gobierno de Luiz
Inacio "Lula" da Silva acaba
de autorizar "provisionalmente"
el cultivo de soja transgénica
en Brasil. La decisión ha significado
un duro golpe a las organizaciones
sociales que buscaban detener ese
cultivo, impacta negativamente en
la imagen del gobierno del PT, y tendrá
repercusiones, también negativas,
en los demás países
de la región.
La decisión de Brasilia es
una muestra más de las graves
carencias en la región para
manejar ese tema. Un análisis
de esa situación tiene diferentes
lecturas e implicancias en distintas
dimensiones: ambientales, comerciales,
y políticas. Pero además
pone en cuestión la capacidad
de muchos de nuestros países
para mantener niveles mínimos
de autonomía y decisión
sobre temas trascendentes para el
desarrollo.
Las de marchas y contramarchas que
durante años tuvieron lugar
dentro del intrincado marco institucional
brasileño, habían determinado
hasta ahora la prohibición
formal para el cultivo de soja transgénica.
Cambiando esa situación, el
gobierno brasileño acaba de
promulgar la Medida Provisoria Número
131 que autoriza con condiciones y
en forma "provisoria" el
cultivo de soja transgénica
en la próxima zafra, con semilla
disponible actualmente por los productores,
así como la comercialización
del producto hasta diciembre de 2004.
Hasta ahora el cultivo de esa variedad
estaba formalmente prohibido en Brasil,
pendiente en última instancia
de los resultados de estudios de impacto
ambiental. En los hechos era públicamente
reconocido que miles de hectáreas
venían siendo cultivadas en
forma ilegal con semilla contrabandeada
desde Argentina, fundamentalmente
en Río Grande del Sur, donde
se la conoce como "Soja Maradona"
(por el jugador de fútbol argentino).
Se estima que el 8% de la producción
de soja de Brasil sería transgénica.
Teóricamente la decisión
del gobierno de Brasil es justificada
como un intento de terminar con una
situación anómala, y
blanquear una situación de
hecho para reasumir el control sobre
lo que ocurre en esa materia hasta
tanto el tema se resuelva definitivamente.
Antes de Lula, el gobierno de Fernando
Henrique Cardozo venía mirando
para otro lado, sin tomar medidas
serias, y con ello comprometiendo
la credibilidad del país en
la materia. La administración
Lula asumiría con esta medida
la responsabilidad de reconocer la
situación y retomar el control.
Sin embargo, ese movimiento deja bajo
cuestión las premisas sobre
las que se basa la autonomía
de nuestros países.
El debate en Brasil sobre este tema
retoma diferentes perspectivas y vuelve
a abrirse la discusión sobre
las consecuencias para el ambiente
y la salud de las personas del uso
de estos productos. Se destaca la
posición del Ministerio del
Ambiente que sostiene la necesidad
de un exhaustivo estudio de impacto
ambiental que tome en cuenta las condiciones
locales previo a su aprobación.
Sin embargo la medida se toma en contra
de la opinión de la ministra
M. Silva, enviando un claro mensaje
de la subordinación de la gestión
ambiental.
También existen fuertes discrepancias
jurídicas sobre las diferentes
medidas que han sido adoptadas en
los ámbitos legislativo, administrativo
y judicial en torno a este tema y
que en última instancia llegan
a cuestionar la constitucionalidad
de la MP 131.
Finalmente, aunque no menos importantes
son las implicancias económicas
para el país, para la región
y para el mundo. Basta recordar que
Brasil pasaría a ser este año
el primer exportador de soja del mundo.
El proceso de adopción de
la "medida provisional"
implicó la participación
del propio presidente Lula, quien
habría telefoneado especialmente
desde el exterior al vicepresidente
Alemcar para instarlo a que firmara
la medida. Se han sucedido acusaciones
de legalizar lo ilegal, incluso se
ha dejado en evidencia que la posición
de Lula contradice su postura en la
campaña electoral en contra
de los transgénicos.
Entre las posiciones a favor de la
medida se destacan algunas que resultan
preocupantes, como por ejemplo las
de Leila Oda, presidente de la Asociación
Nacional de Bioseguridad (ANBio),
y Ywao Miyamoto, presidente de la
Asociación Nacional de Productores
de soja quienes afirman que la única
forma de controlar lo que se produce
es la legalización de los transgénicos,
ya que existe una demanda concreta
de los agricultores por esas semillas.
La legalización también
permite, según afirmó
la Sra. Oda, proteger al sector productor
de semillas ya que la soja contrabandeada
no paga impuestos ni se controla su
calidad.
Este tipo de argumentos que sostienen
la convalidación de los hechos
consumados y la postura de los intereses
de determinados sectores por encima
del interés general. Son posiciones
frecuentes de escuchar en nuestros
países y muchos jerarcas gubernamentales
los esgrimen como argumentos para
la toma de decisiones.
En Uruguay, a propósito de
la reciente decisión del gobierno
de aprobar una variedad de maíz
transgénico, el ministro de
agricultura de ese país sostenía
entre otros argumentos que la población
uruguaya ya estaba consumiendo ese
tipo de granos que eran importados
de Argentina en forma indiscriminada.
A su juicio, la aprobación
de ese evento en Uruguay venía
a "regularizar" dicha situación.
Tales argumentos resultan asombrosos
en tanto implican renunciar a las
más mínimas potestades
de los Estados para regular y tomar
decisiones sobre asuntos de interés
general. Siguiendo esa idea, ¿cuál
es el sentido de mantener estructuras
legales, burocráticas y regulatorias?
Esa perspectiva promueve dejar al
mercado actuar libremente y no falta
quien la defienda en tanto evita la
onerosa carga que todas esas estructuras
representan para nuestros pueblos.
Obviamente esa perspectiva lleva a
posiciones sin sentido.
Sin embargo ese tipo de argumentos
no parece aplicarse en todos los ámbitos
ni para todos los temas, sino que
sólo se aplican en tanto no
afectan o afectan a determinados sectores.
De hecho los gobiernos no renuncian
a combatir el contrabando de otro
tipo de productos, ni renuncian a
la defensa de sus fronteras frente
a otro tipo de "agresiones"
potencialmente menos dañinas.
Cabe preguntarse también si
será posible para las autoridades
brasileñas, establecer el efectivo
control de los detalles y condicionalidades
que implica la nueva medida. Esto
es, su carácter provisorio
se basa justamente en el establecimiento
de condicionalidades que exigen discriminar
el destino de la soja transgéncia,
como semilla o para uso industrial,
controlar el tránsito entre
estados y entre productores, y hasta
la prohibición de su cultivo
en áreas de protección.
Si durante años fue imposible
controlar la introducción ilegal
y la plantación de decenas
de miles de hectáreas en forma
irregular, ¿es creíble
que puedan establecerse ahora estos
controles mucho más complejos?
Todo esto pone de manifiesto nuevamente
la necesidad de articulación
de estrategias y políticas
comunes en la región para encarar
los temas ambientales, productivos
y de desarrollo en general. De lo
contrario será difícil
mantener la autonomía necesaria
para definir estrategias en beneficio
de las mayorías de nuestras
naciones.
El gobierno lanza una consulta
La Secretaría de Derecho Económico
del Ministerio de la Justicia lanzó
ayer en Internet una consulta pública
para escoger el símbolo que
deberá ser usado en los rótulos
de embalajes de alimentos transgénicos
o producidos a partir de ingredientes
transgénicos en Brasil.
El rótulo deberá también
ser usado en alimentos vendidos a
granel o in natura, así como
en alimentos destinados al consumo
animal. El período de consulta
pública se extenderá
por 15 días hasta el 20 de
octubre.
El Ministerio presenta un modelo
de sugestión en dos versiones,
uno para embalajes coloridas y otro
para embalajes en blanco y negro.
El diseño o dibujo consiste
en un triángulo equilátero
con la letra T en el medio. En la
versión colorida el fondo del
interior del triángulo es amarillo
y en la versión blanco y negro
el fondo es blanco.
Según la propuesta, el área
a ser ocupada por el símbolo
transgénico debe representar,
por lo menos, 0,4% del área
del panel principal, no pudiendo el
triángulo presentar laterales
menores a 5 mm.
Las sugerencias podrán ser
enviadas por e-mail, a la dirección
sde@mj.gov.br, o por carta. Todas
las instrucciones están presentadas
en el sitio.
7 de octubre de 2003
Fuente:
PÁGINAS
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