El Gobierno español aprobó el viernes el proyecto de Ley que regula la utilización y comercialización de organismos modificados genéticamente (transgénicos), con un régimen que prevé multas de hasta 1,2 millones de euros para sancionar a aquellas personas que liberen o comercialicen estos productos sin autorización.

Con este proyecto se adecuará la legislación española a la normativa comunitaria, ya que así se regula la liberación voluntaria de transgénicos y la comercialización de estos organismos o de productos que los contengan, para proteger la salud humana y el medio ambiente. Los principios que inspiran la Ley son los de "prevención y cautela", "caso por caso" y "paso a paso", y los de información y participación pública, para que los ciudadanos tengan acceso a la información sobre la liberación o comercialización autorizada de estos organismos.

Todas las autorizaciones para comercializar transgénicos, para realizar ensayos, y para importar o exportar productos que los contengan deberán ser otorgadas por el Consejo Interministerial de organismos modificados genéticamente. El texto define las competencias que en esta materia tendrá cada administración, y otorga a las regiones, entre otras funciones, las de la vigilancia, el control y la imposición de las sanciones. El proyecto de Ley, que se tramitará a partir de septiembre en el Parlamento, contempla además una tasa que gravará la prestación de servicios por parte del Estado para la ejecución de actividades con transgénicos.