El aceite de soja, un alimento que en los últimos años tuvo una enorme acep-tación en las mesas.

Desde que en 1994 los departamentos de Agricultura, y de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos aprobaron la utilización de la soja transgénica, el uso de organismos genéticamente modificados (OGM) en la elaboración de alimentos comenzó a dividir las opiniones. Actualmente, el debate se centra en la calidad de los alimentos sometidos a modificaciones genéticas.

Los defensores de los procedimientos transgénicos, productores agropecuarios y los países en desarrollo, argumentan que la nueva ola de la “revolución verde” no sólo contribuye a reducir los costos de producción, sino que aparece como la principal herramienta para paliar al hambre en el mundo. Sus opositores; grupos ambientalistas y de consumidores, principalmente en Europa, se resisten a su evolución y a la inclusión de productos biotecnológicos en sus dietas. La razón: los posibles efectos nocivos de los “genes” en la salud humana.

Mientras en las palabras las posiciones se mantienen divergentes, en la práctica su desarrolle se expande y la ciencia no logra detectar –hasta el momento– riesgos para el consumo.

En Argentina, la soja modificada debutó en los campos en 1996 y su presencia no ha parado de crecer. Tiene la característica particular de ser resistente a un herbicida inocuo para la salud y el medio ambiente (el glifosato), que se utiliza desde hace 25 años en más 125 países y que permite controlar todas las malezas. Su liberación al mercado le permitió a los productores ahorrar más de 200 millones de dólares en productos químicos, según argumentan sus defensores. En la última campaña, el 90 por ciento de la oleaginosa cultivada en el país fue transgénica.

Durante el año pasado, la producción de soja resistente a glifosato y a insectos aumentó un 10 por ciento y alcanzó los 36,5 millones de hectáreas. Fue la primera vez que supera el 50 por ciento del área mundial del cultivo. En Estados Unidos creció 3,3 millones de hectáreas, de acuerdo con datos del Servicio Internacional para la Transferencia de Aplicaciones Agro Biotecnológicas (Isaaa).

Reparos

El desastre nuclear de Chernobyl y la propagación del virus de “la vaca loca” fueron dos acontecimientos que modificaron los hábitos de consumo de los europeos y que abonaron su resistencia contra la biotecnología hasta convertirla en una cuestión de Estado.

La Unión Europea puso en vigencia recientemente la obligatoriedad de etiquetar (identificar) todos los alimentos cuyos ingredientes contengan más de un uno por ciento de organismos genéticamente modificados. Las asociaciones de consumidores y los ecologistas recibieron con beneplácito esta decisión. Sostienen que la identificación va a reforzar la información del público frente a un góndola.

El nuevo marco legal obliga a los supermercados a exigir a sus proveedores certificados que garanticen que los alimentos están libres de transgénicos, o en su defecto especifique la cantidad que contienen. A pesar de esta especificación, los envíos de aceite y harina de soja argentina al viejo Continente siguen en aumento.

Más allá de la resistencia asociada a patrones sociales y culturales, las razones económicas también están latentes.

“Europa sabe que si adopta la biotecnología, los costos de producción seguirán bajando y los gobiernos de la Unión deberán incrementar sus presupuestos en subsidios para sus agricultores, una cuestión que puede poner en peligro hasta la propia Unión”, advirtió Juan Enríquez, economista y miembro del Consejo de Genética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard.

Según su análisis, para compensar un aumento del cinco por ciento en la producción, las asignaciones en ayudas directas a los agricultores europeos deberían crecer un 2,5 por ciento.

Si bien sus defensores aseguran que los OMG llegaron para quedase, desde la otra vereda se recomienda andar con pie de plomo. Un informe de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, sobre las plantas genéticamente modificadas, precisa que no hay peligro de consumir esa clase de alimentos. Sin embargo, y a pesar de afirmar que el proceso de incorporar genes de una especie a otra no es peligroso, advierte sobre la necesidad de intensificar las regulaciones.