Tras el naufragio del petrolero “Prestige” frente a las costas españolas de Galicia el pasado 19 de noviembre, se alzaron voces pidiendo ayuda para evitar la catástrofe ecológica. El Gobierno conservador de Aznar se apresuró a acallarlas confiado en que no se cumpliría la amenaza. Dos semanas después, casi 200 playas gallegas se ven afectadas, decenas de ellas sepultadas bajo el “oro negro" y varias regiones, además de Galicia, temen por sus costas, mientras Francia y Portugal se movilizan ante el peligro de que la marea negra les invada también a ellos.

En muchas ocasiones los desastres ecológicos ocurren por casualidades, incluso se puede hablar de infortunios, pero hay que tener reflejos para controlarlos a tiempo y que sus consecuencias no sean desorbitadas. La amenaza que suponía el “Prestige” era un hecho anunciado. Miles de puestos de trabajo de pescadores y marisqueros estaban en juego, así como el hábitat de miles de especies animales y vegetales. Los primeros lloran las pérdidas; los segundos yacen bajo el peso de toneladas de fuel. Aparte del armador, culpable directo de la tragedia, el Gobierno central español y el autonómico gallego han pasado a ser cómplices por la desidia que ha caracterizado su “no” intervención.

El presidente de la comunidad autonómica de Galicia pasó el fin de semana posterior al hundimiento del petrolero de caza a más de 600 kilómetros del suceso; el Ministro de Medio Ambiente, como el de Agricultura, Pesca y Alimentación, desaparecidos; el Ministro de Fomento, cazando ciervos; Aznar, Presidente del Gobierno, todavía no ha acudido a la zona afectada. ¿Qué tiene que ocurrir para que los teóricamente representantes de los intereses ciudadanos hagan acto de presencia en un suceso de tal magnitud?

Estas ausencias no serían importantes si los medios para detener la marea negra hubieran sido efectivos y oportunos. Miles de voluntarios limpian las playas con recursos caseros, sin mascarillas adecuadas y sin la ayuda de expertos. En Portugal el ejército ha sido movilizado como previsión, mientras que un destructor francés expulsó el pasado martes de sus aguas territoriales un petrolero monocasco bajo bandera de conveniencia ante el riesgo que conlleva esta clase de barcos. En España el único día en que se movilizó a personal preparado fue el lunes 2 de diciembre ante la visita del Rey. Posteriormente desaparecieron. Mientras, cientos de barcos pesqueros salen de los puertos para recoger el fuel que se encuentra sobre la superficie. Las manos que ayer lanzaban las redes para capturar los peces hoy se manchan intentando salvar su única fuente de vida: el mar.

Las consecuencias aún pueden ser mayores. Los científicos de la revista Science, una de las publicaciones científicas más importantes de Estados Unidos, culpan al Gobierno español por la magnitud del desastre del “Prestige”. El último número recoge una colección de críticas sobre su actuación. La Universidad de Alaska, desgraciadamente con experiencia en este tipo de desastres por el vertido de 40 millones de litros de crudo del “Exxon Valdez”, asegura que el fuel del “Prestige” no se quedará congelado en el fondo del mar. Y desde la Institución Oceanográfica de Massachussets se advierte que el vertido puede producir daños cerebrales y genéticos en los peces que podrían durar 13 años.

La Unión Europea, con Francia a la cabeza, alarmada ante este desastre, pretende redactar un protocolo para evitar la navegación por aguas europeas de barcos con mercancías peligrosas bajo banderas de conveniencia. El Gobierno de España parece no aprender de las desgracias y en la actualidad son más de diez los barcos de estas características amarrados en puertos españoles. En los atentados ecológicos que se han cometido en España (por los petroleros “Mar Egeo” y ahora el “Prestige”) y en el desastre de las minas de Azanalcollar en Doñana en el año 1998, ha quedado demostrado que los bienes de todos no interesan. La incapacidad y la desidia de la que ha hecho gala el Gobierno español, y en algunas ocasiones otros países de la Unión Europea, evidencian que la conservación del medio ambiente está siempre en un segundo plano.

La gaviota, símbolo del Partido Popular español, está llena de fuel. En los próximos meses habrá elecciones municipales y autonómicas y se verá si estos hechos influyen en los votantes. Por lo visto, la ecología no entra en los planes de globalización de las autoridades internacionales. Las multas por los delitos ecológicos no se pagan y las cárceles no encierran culpables de los numerosos ataques contra la Tierra. Si alguien quema mi casa exijo que me abonen los destrozos; si alguien destruye el mundo, ¿no habrá que reclamar aún más?