El dictamen efectuado por la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia que rechaza la instalación del relleno sanitario en Alvear tiene su propia oposición en esa comunidad. Según afirma un miembro integrante por la minoría de la comisión de Gobierno de esa comuna (perteneciente al Partido Demócrata Progresista), José Ignacio Careaga, “la iniciativa estuvo signada desde el vamos por factores de exclusión y además el convenio que se efectuó con la Municipalidad de Rosario está plagado de errores desde el punto de vista legal”. Dentro de los argumentos planteados por el representante se reconoce que el proyecto no tuvo un tratamiento metropolitano y no se convocó a todos los jefes comunales e intendentes de la región para acordar un lugar de emplazamiento de los residuos de una ciudad que alcanza el millón de habitantes.

Careaga inauguró su cruzada antirrelleno sanitario en diciembre del año pasado cuando el mismo titular de Medio Ambiente Aníbal Vázquez envió una nota al secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Rosario, Miguel Lifschitz, reconociendo que la comuna de Alvear –uno de los sitios propuestos para el traslado del Gallego III– “podría cumplir con los requisitos” para disponer de los residuos rosarinos. El uso del verbo en condicional le permitió a la provincia retractarse a través de un estudio de impacto ambiental difundido a principios de junio, que arrojó que la zona no es apta para el proyecto. El rechazo técnico generó un cruce político de alto voltaje y Lifshitz llegó a plantear que la impugnación estuvo motivada por “cuestiones preelectorales”.

Justamente, el mismo modo verbal alertó al representante alvearense hace seis meses, que como miembro de la minoría se movilizó para impugnar la firma de un convenio. “El terreno que se propone está ubicado a escasos quinientos metros del loteo Villa Mercedes que corresponde a nuestro distrito. También reúne condiciones adversas por la dirección de los vientos y quiebra el equilibrio del paisaje”, afirmó.

El miércoles se concretó una reunión en esa localidad a la que asistieron empresarios y profesionales de la zona y se brindaron detalles sobre el informe de impacto ambiental confeccionado por Medio Ambiente, que según afirma Careaga “coincide” con los planteos realizados por él mismo a fines del año pasado.

Otra de las críticas que dispara Careaga se refiere a la forma en que se convalidó el convenio de referencia que se firmó entre ambos municipios para el emplazamiento de los residuos rosarinos. En una nota enviada el presidente comunal Oscar Montani (PJ) el 26 de diciembre, el edil opositor lo hace “exclusiva y personalmente responsable de los perjuicios legales y económicos que pudiere acarrear a la comunidad de Alvear “ junto a otros funcionarios que acepten la concreción del proyecto.

También señala que en la cláusula segunda del acuerdo se establece el compromiso asumido por la comuna de esa localidad para “reubicar asentamientos precarios ubicados en las proximidades del predio y al mismo tiempo indica que esa administración “deberá cargar con los posibles conflictos que puedan generarse durante el plazo de vigencia” del convenio con vecinos y propietarios que puedan sentirse afectados.

“Hubo presiones para la consulta”

De acuerdo a la visión del representante por la minoría de la comuna de Alvear, José Ignacio Careaga”, la consulta efectuada en esa comunidad para relocalizar el relleno Gallego III en un predio allí ubicado “no se efectuó a través de un plebiscito como lo marca la ley orgánica de municipios y comunas y estuvo viciada de presiones políticas”. Como referente del PDP y único miembro opositor, señala directamente al presidente comunal Oscar Montani por haber rubricado un convenio con la Municipalidad de Rosario.

“Desde un principio le planteé que estaba cometiendo un error porque ubicar la disposición final de los residuos rosarinos en ese predio de nuestra localidad es perjudicial para los 3.321 personas que la habitan directa o indirectamente”, afirmó.

Con respecto a la consulta de oposición efectuada, Careaga insistió conque “no se llevó a cabo con los mecanismos legales correspondientes”.