Justo el último día del año, la Justicia le tiró a la Municipalidad de Rosario el salvavidas que necesitaba para evitarse un conflicto político de proporciones cuando el 15 de enero próximo caduque el permiso de funcionamiento del basural municipal de Puente Gallego: el 31 de diciembre pasado el juez Eduardo Oroño, a cargo del tema, determinó que se le extienda por cuatro meses el plazo para utilizar el actual relleno sanitario, es decir que dictó una prórroga hasta el 15 de mayo. Eso le daría suficiente margen al municipio como para cumplir todos los trámites necesarios para empezar a llevar los residuos rosarinos a la localidad de Alvear, tal como lo aprobó el Concejo Municipal.

La medida, si bien cumple a medias con la petición de Servicios Públicos ya que el plazo solicitado era de diez meses, le permitirá a la Intendencia relajarse y dejar de buscar a contra reloj un lugar alternativo para llevar la basura que produce a diario la ciudad a partir de la semana próxima.

La alternativa que venía manejando el Ejecutivo era empezar a llevar la basura hacia rellenos sanitarios privados de Ricardone y Pérez, aunque estas opciones resultarían costosas para las alicaídas arcas municipales y a su vez las negociaciones no habían sido aprobadas por los jefes comunales de ambas localidades.

La disposición del juez de distrito Civil y Comercial Nº 10, que definió la prórroga de 120 días, le viene al Ejecutivo a pedir de boca para evitar salidas de emergencia caras, de corta duración y conflictivas.

Los vecinos de Puente Gallego ya apelaron la sentencia judicial solicitando que se cumpla el plazo original de vencimiento del relleno, con el argumento de que no es responsabilidad de los habitantes del barrio la demora en la definición del nuevo terreno. Por lo tanto, ahora deberá resolver la Cámara en lo Civil y Comercial, y entre tanto la medida no está firme.

La única condición que le impuso el juzgado a la Intendencia fue que finalice el traslado de residuos de los grandes generadores de basura de la ciudad, que suman unos 20 en total, pero a Juan Ramón González, representante de los vecinos, esto le parece “inútil como paliativo” ya que el grupo, dice, produce una pocas toneladas en relación al total.

La primera razón que esgrimió la Municipalidad en el escrito que le presentó al juez para solicitar la nueva prórroga fue que todas las causas de la demora en el traslado del relleno sanitario a Alvear “son no imputables a la Municipalidad”.

Entre ellas menciona las demoras del Concejo Municipal en aprobar la firma del convenio con la Comuna de Alvear, por el cual la Municipalidad se compromete al pago de un canon mensual, las “alteraciones del mercado inmobiliario” que llevaron el precio del terreno a 120 mil pesos, y la oposición de los vecinos de Alvear a que allí se instale el relleno, cuestión que también dilató el debate sobre le tema.

En la demanda original, el Ejecutivo pide diez meses de prórroga pero lo concedido por el juez terminaron siendo 120 días.

El tema queda ahora en manos de la Cámara de Apelaciones en los términos jurídicos aunque más allá de los avances que puedan producirse en ese terreno, los vecinos ya están trazando un plan de lucha organizado y ascendente para erradicar el basural municipal.

“Los vecinos nos estamos reuniendo, estamos deliberando y esperando que en la apelación se tire para atrás esta extensión del plazo, pero además vamos a resistir con militancia, marcha y protesta porque esto va a terminar generando violencia entre los vecinos”, advirtió González.

El barrio se pinta la cara desde una página web

La mesa abierta de vecinos de Puente Gallego lanzó una página web para denunciar la “política discriminatoria e hipócrita” ejercida desde la Municipalidad de Rosario hacia el barrio, en donde se emplaza uno de los basurales más grandes de la región: en una carta publicada en el sitio se señala la responsabilidad compartida por el intendente Hermes Binner y su secretario de Gobierno, así como las áreas de Servicios Públicos y Política Ambiental por la situación que enfrentan hoy los vecinos.

“Nos encontramos sometidos desde hace siete años a los atropellos y actos de gobierno propios de una política autoritaria”, aseguraron en la página los integrantes de la mesa abierta, para quienes “desde la instalación del basural de Rosario en el barrio, no han cesado en su actitud discriminatoria, sorda, inhumana y sistemáticamente inmoral”.

En el sitio web se denuncia que la Municipalidad de Rosario “no ha fijado ningún limite moral en la respuesta a los reclamos de los vecinos” y se enumeran diferentes problemas enfrentados por los habitantes de Puente Gallego que luchan por el traslado del basural: “Desaparición y duplicación de expedientes, archivo de otros en silencio”, “desconocimiento de pedidos de investigación de salud”, “control policial frente a domicilios de vecinos reclamantes”, “publicaciones oficiales falaces”, “incumplimiento de órdenes de la Justicia”, y, con especial énfasis, se señala “el incumplimiento del convenio judicial realizado el 15 de enero de 2002, por el cual se comprometieron a trasladar el basural antes del 15 de enero del 2003 y que en estos momentos patean para adelante”. Los interesados en conocer más sobre el tema pueden ingresar a www.rosariovoz.com.ar.