Un juez de primera
instancia permitió extender
hasta mayo el plazo para el uso del
predio de la zona sur. Pero los vecinos
apelaron la medida y prometen resistir
la llegada de los camiones recolectores.
Justo el último día
del año, la Justicia le tiró
a la Municipalidad de Rosario el salvavidas
que necesitaba para evitarse un conflicto
político de proporciones cuando
el 15 de enero próximo caduque
el permiso de funcionamiento del basural
municipal de Puente Gallego: el 31
de diciembre pasado el juez Eduardo
Oroño, a cargo del tema, determinó
que se le extienda por cuatro meses
el plazo para utilizar el actual relleno
sanitario, es decir que dictó
una prórroga hasta el 15 de
mayo. Eso le daría suficiente
margen al municipio como para cumplir
todos los trámites necesarios
para empezar a llevar los residuos
rosarinos a la localidad de Alvear,
tal como lo aprobó el Concejo
Municipal.
La medida, si bien cumple a medias
con la petición de Servicios
Públicos ya que el plazo solicitado
era de diez meses, le permitirá
a la Intendencia relajarse y dejar
de buscar a contra reloj un lugar
alternativo para llevar la basura
que produce a diario la ciudad a partir
de la semana próxima.
La alternativa que venía manejando
el Ejecutivo era empezar a llevar
la basura hacia rellenos sanitarios
privados de Ricardone y Pérez,
aunque estas opciones resultarían
costosas para las alicaídas
arcas municipales y a su vez las negociaciones
no habían sido aprobadas por
los jefes comunales de ambas localidades.
La disposición del juez de
distrito Civil y Comercial Nº
10, que definió la prórroga
de 120 días, le viene al Ejecutivo
a pedir de boca para evitar salidas
de emergencia caras, de corta duración
y conflictivas.
Los vecinos de Puente Gallego ya
apelaron la sentencia judicial solicitando
que se cumpla el plazo original de
vencimiento del relleno, con el argumento
de que no es responsabilidad de los
habitantes del barrio la demora en
la definición del nuevo terreno.
Por lo tanto, ahora deberá
resolver la Cámara en lo Civil
y Comercial, y entre tanto la medida
no está firme.
La única condición
que le impuso el juzgado a la Intendencia
fue que finalice el traslado de residuos
de los grandes generadores de basura
de la ciudad, que suman unos 20 en
total, pero a Juan Ramón González,
representante de los vecinos, esto
le parece “inútil como
paliativo” ya que el grupo, dice,
produce una pocas toneladas en relación
al total.
La primera razón que esgrimió
la Municipalidad en el escrito que
le presentó al juez para solicitar
la nueva prórroga fue que todas
las causas de la demora en el traslado
del relleno sanitario a Alvear “son
no imputables a la Municipalidad”.
Entre ellas menciona las demoras
del Concejo Municipal en aprobar la
firma del convenio con la Comuna de
Alvear, por el cual la Municipalidad
se compromete al pago de un canon
mensual, las “alteraciones del
mercado inmobiliario” que llevaron
el precio del terreno a 120 mil pesos,
y la oposición de los vecinos
de Alvear a que allí se instale
el relleno, cuestión que también
dilató el debate sobre le tema.
En la demanda original, el Ejecutivo
pide diez meses de prórroga
pero lo concedido por el juez terminaron
siendo 120 días.
El tema queda ahora en manos de la
Cámara de Apelaciones en los
términos jurídicos aunque
más allá de los avances
que puedan producirse en ese terreno,
los vecinos ya están trazando
un plan de lucha organizado y ascendente
para erradicar el basural municipal.
“Los vecinos nos estamos reuniendo,
estamos deliberando y esperando que
en la apelación se tire para
atrás esta extensión
del plazo, pero además vamos
a resistir con militancia, marcha
y protesta porque esto va a terminar
generando violencia entre los vecinos”,
advirtió González.
El barrio se pinta la cara desde
una página web
La mesa abierta de vecinos de Puente
Gallego lanzó una página
web para denunciar la “política
discriminatoria e hipócrita”
ejercida desde la Municipalidad de
Rosario hacia el barrio, en donde
se emplaza uno de los basurales más
grandes de la región: en una
carta publicada en el sitio se señala
la responsabilidad compartida por
el intendente Hermes Binner y su secretario
de Gobierno, así como las áreas
de Servicios Públicos y Política
Ambiental por la situación
que enfrentan hoy los vecinos.
“Nos encontramos sometidos desde
hace siete años a los atropellos
y actos de gobierno propios de una
política autoritaria”,
aseguraron en la página los
integrantes de la mesa abierta, para
quienes “desde la instalación
del basural de Rosario en el barrio,
no han cesado en su actitud discriminatoria,
sorda, inhumana y sistemáticamente
inmoral”.
En el sitio web se denuncia que la
Municipalidad de Rosario “no
ha fijado ningún limite moral
en la respuesta a los reclamos de
los vecinos” y se enumeran diferentes
problemas enfrentados por los habitantes
de Puente Gallego que luchan por el
traslado del basural: “Desaparición
y duplicación de expedientes,
archivo de otros en silencio”,
“desconocimiento de pedidos de
investigación de salud”,
“control policial frente a domicilios
de vecinos reclamantes”, “publicaciones
oficiales falaces”, “incumplimiento
de órdenes de la Justicia”,
y, con especial énfasis, se
señala “el incumplimiento
del convenio judicial realizado el
15 de enero de 2002, por el cual se
comprometieron a trasladar el basural
antes del 15 de enero del 2003 y que
en estos momentos patean para adelante”.
Los interesados en conocer más
sobre el tema pueden ingresar a www.rosariovoz.com.ar.
4 de enero de 2002
Fuente: 
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