Santa Fe. - Una reciente resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, por la cual se prohíbe la producción, fabricación e importación de equipos con bifenilos policlorados (PCB), como respuesta a la presión ejercida por la Defensoría del Pueblo, particulares, ONG ambientalistas, y las noticias aparecidas en los medios de comunicación masivos, ha reavivado la polémica pública en torno al mencionado contaminante.

Mientras el subinterventor de la EPE, Sebastián Chiola, desmintió las denuncias de un ex empleado sobre contaminación en San Lorenzo, el ambientalista Ricardo Mascheroni salió a preguntar si "todavía existen almacenados tambores con PCB en el paseo público de la granja La Esmeralda", de Santa Fe.

Chiola había dicho del ex empleado que "el ingeniero Zitta -quien asegura que la EPE hasta habría quemado residuos con PCB- creo que no vió un transformador en su vida porque no estaba en el sector que trabaja con transformadores".

También afirmó que "nos hemos reunido con las autoridades de San Lorenzo y hemos hecho estudios de todos los transformadores y ninguno arrojó que tuvieran PCB en una concentración superior a 50 partes por millón. Ello quiere decir que ningún transformador de San Lorenzo tiene riesgos hacia la salud".

El funcionario estimó que la denuncia de Zitta referida a la muerte en los últimos cinco años de ocho operarios que manipulaban transformadores por enfermedades oncológicas es incorrecta.

El bifenilo ploriclorado (PCB) es un refrigerante que figura en la lista de los 12 contaminantes más peligrosos del mundo y en 1976 fue prohibido en Estados Unidos y Europa y la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre sus efectos cancerígenos.

Para Mascheroni la resolución de la Secretaría de Medio Ambiente "es un paso adelante pero no suficiente, ya que lo único que dispone es la prohibición de la importación, la cual ya hace mucho que no se realiza. Tampoco lo es en relación a la producción, por cuanto en el país nunca se fabricó. Lo más llamativo es que no prohíbe la utilización del contaminante por lo menos en lo inmediato, por lo que la posibilidad de riesgos y accidentes sigue latente".

"Quienes trabajamos en esta temática -dijo- recibimos denuncias sobre posibles aumentos de enfermos de cáncer en zonas con transformadores en distintos puntos de la provincia. En muchos sectores existe temor y angustia frente a esta potencial amenaza y las ONGs no tienen capacidad técnica y operativa para despejarlos".

Asimismo, consideró que la resolución "peca de escasa, ya que no dispone que se realicen estudios de suelos donde hay equipos de transformación para detectar la presencia de residuos peligrosos".