Los 83 equipos eléctricos conteniendo bifenilos policlorados (PCB), que durante una semana permanecieron estacionados a la vera de la ruta 22 en Río Negro, están desde anteanoche depositados en campo abierto cerca de la localidad de Pomona, tras la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

El traslado se concretó bajo la estricta vigilancia de la brigada especial antidisturbios de la Policía provincial, ante el temor de que el convoy de cuatro camiones con la peligrosa carga pudiera ser objeto de la hostilidad de los habitantes de algunos de los pueblos por los que transitaba.

Los vehículos, cargados con contenedores cerrados que en su interior guardan los 83 transformadores fuera de uso estuvieron una semana retenidos en la banquina de la ruta, en cercanías de Chelforó, a 400 kilómetros de Viedma.

Después de las gestiones de la Comisión de Medio Ambiente (Codema), emplazado por el máximo órgano de la Justicia rionegrina para que resolviera dónde llevar la indeseable carga, anteayer recorrieron unos 160 kilómetros hasta un depósito de maquinarias en desuso de la empresa Vial Rionegrina (Viarse) sobre la ruta provincial 4, al sur de Pomona, en un sitio despoblado.

En algún momento futuro estos equipos con PCB deberán ser trasladados a Francia, el único país del mundo que actualmente cuenta con tecnología adecuada para su destrucción total sin efectos contaminantes.

El caso que anteayer tuvo final provisorio se inició con los reclamos de las autoridades municipales y la comunidad de Chimpay, un pequeño pueblo del valle medio rionegrino, cuando se enteraron que la empresa Energía Río Negro (Edersa) había almacenado los transformadores con PCB fuera de uso.

Hubo una acción de amparo y el juez Carlos Vila, de la cercana ciudad de Choele Choel, ordenó a Edersa el traslado de los equipos, cosa que empezó a producirse el viernes de la semana anterior en horas del mediodía, con la intención de transportarlos a un depósito de la misma firma distribuidora eléctrica en la localidad petrolera de Catriel, a 300 kilómetros de distancia.

Pero al enterarse de la noticia, el gobierno municipal catrielense se puso en alerta, recurrió rápidamente a los juzgados de Cipolletti y presentó su propio amparo preventivo.

En la tarde del viernes 11 el único juez hallable fue Jorge Douglas Price, del fuero laboral, quien dispuso interrumpir el viaje de los transformadores sobre la ruta 22, cerca de Chelforó.

El fin de semana largo puso freno a las gestiones judiciales, el martes tomó intervención el Superior Tribunal de Justicia ante un eventual conflicto de poderes y jurisdicciones, y el Codema inició tratativas con los municipios, encontrando frontal resistencia en todos los jefes comunales que se negaban a brindar refugio al cargamento.

Finalmente anteayer se encontró la solución: la carga con PCB sería llevada a un depósito ubicado sobre tierras fiscales provinciales, lejos de todo ejido municipal.

El nuevo emplazamiento de los equipos con contenido tóxico está a campo abierto a 40 kilómetros del pueblo más cercano, Pomona, que curiosamente tiene el nombre de la diosa de los frutos.