Propiciar el desarrollo tecnológico argentino no tiene por qué estar reñido con las normas que aseguran la protección del medio ambiente. La forma en que se resuelva el caso del reactor nuclear vendido a Australia, en tal sentido, marcará un precedente importante para la preservación de nuestro ecosistema.

Hace dos años se recibió con satisfacción la noticia de que Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado —cuyas acciones pertenecen a la provincia de Río Negro y su conducción está en manos de la CONEA— se adjudicó una licitación en Australia para construir un reactor nuclear valuado en 180 millones de dólares. El contrato representaba un fuerte reconocimiento al desarrollo científico-tecnológico del país, mérito acrecentado por el hecho de provenir de una empresa pública.

Al poco tiempo, sin embargo, se desencadenó una fuerte polémica con organizaciones ecologistas, las que denunciaron que el acuerdo con Australia para la construcción del reactor incluía la obligación de importar desechos radiactivos.

El mes pasado, el Congreso de Australia ratificó el convenio de cooperación nuclear con la Argentina y se confirmó que la posibilidad del eventual envío de combustible gastado del reactor para su acondicionamiento en la Argentina representaba una alternativa secundaria, reservada para el caso de que, por alguna razón, se interrumpiera el contrato que los australianos tienen actualmente con una firma francesa.

Por el lado argentino, el acuerdo fue aprobado por el Senado en octubre pasado y se encuentra a consideración de la Cámara de Diputados. La opinión de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, y de los encargados de la problemática ambiental de las provincias argentinas y de la Ciudad de Buenos Aires —que forman el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)—, es que el país no abra sus puertas a los residuos nucleares.

Estos organismos, así como unas 60 organizaciones ecologistas, le sugirieron a Diputados que se incluya una cláusula de reserva en el convenio con Australia por la cual "se garantice el no ingreso del material sujeto a reprocesamiento". Basan la sugerencia en lo que dice la Constitución Nacional. En el artículo 41 se "prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos".

Resulta destacable apoyar el desarrollo tecnológico del país, siempre y cuando ello no vulnere las normas constitucionales o atente contra la preservación integral del medio ambiente. Su compatibilización es una responsabilidad ineludible del Gobierno.