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Propiciar el desarrollo
tecnológico argentino no tiene
por qué estar reñido
con las normas que aseguran la protección
del medio ambiente. La forma en que
se resuelva el caso del reactor nuclear
vendido a Australia, en tal sentido,
marcará un precedente importante
para la preservación de nuestro
ecosistema.
Hace dos años
se recibió con satisfacción
la noticia de que Investigaciones
Aplicadas Sociedad del Estado —cuyas
acciones pertenecen a la provincia
de Río Negro y su conducción
está en manos de la CONEA—
se adjudicó una licitación
en Australia para construir un reactor
nuclear valuado en 180 millones de
dólares. El contrato representaba
un fuerte reconocimiento al desarrollo
científico-tecnológico
del país, mérito acrecentado
por el hecho de provenir de una empresa
pública.
Al poco tiempo, sin
embargo, se desencadenó una
fuerte polémica con organizaciones
ecologistas, las que denunciaron que
el acuerdo con Australia para la construcción
del reactor incluía la obligación
de importar desechos radiactivos.
El mes pasado, el
Congreso de Australia ratificó
el convenio de cooperación
nuclear con la Argentina y se confirmó
que la posibilidad del eventual envío
de combustible gastado del reactor
para su acondicionamiento en la Argentina
representaba una alternativa secundaria,
reservada para el caso de que, por
alguna razón, se interrumpiera
el contrato que los australianos tienen
actualmente con una firma francesa.
Por el lado argentino,
el acuerdo fue aprobado por el Senado
en octubre pasado y se encuentra a
consideración de la Cámara
de Diputados. La opinión de
la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la Nación,
y de los encargados de la problemática
ambiental de las provincias argentinas
y de la Ciudad de Buenos Aires —que
forman el Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA)—, es que el
país no abra sus puertas a
los residuos nucleares.
Estos organismos,
así como unas 60 organizaciones
ecologistas, le sugirieron a Diputados
que se incluya una cláusula
de reserva en el convenio con Australia
por la cual "se garantice el
no ingreso del material sujeto a reprocesamiento".
Basan la sugerencia en lo que dice
la Constitución Nacional. En
el artículo 41 se "prohíbe
el ingreso al territorio nacional
de residuos actual o potencialmente
peligrosos, y de los radiactivos".
Resulta destacable
apoyar el desarrollo tecnológico
del país, siempre y cuando
ello no vulnere las normas constitucionales
o atente contra la preservación
integral del medio ambiente. Su compatibilización
es una responsabilidad ineludible
del Gobierno.
Editorial diario "Clarín"
- 7 de junio de 2002
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