Dos comisiones
de la Cámara de Diputados aprobaron
el tratado nuclear con Australia por
el reactor. El debate en el recinto
podría ser la semana próxima.
Una manifestación pacífica
convocada en las escalinatas del Congreso
por Greenpeace derivó en una
violenta represión policial,
que primero provocó la detención
de 30 activistas de la organización
ambientalista y dos vecinos. Luego,
frente a la reacción de un
grupo de asambleístas y legisladores,
vinieron los gases, los palos, las
corridas y otras diez personas detenidas
en la comisaría sexta. “La
actitud policial de detener a los
activistas que pacíficamente
protestaban hizo que otra gente reaccionara”,
explicó Juan Carlos Villalonga,
de Greenpeace Argentina, que anoche
seguía las gestiones para liberar
a los detenidos. La protesta tuvo
como fin cuestionar a los legisladores
que firmaron dictámenes favorables
al acuerdo nuclear entre Argentina
y Australia que permitiría
el ingreso al país de residuos
radiactivos. La policía –denunciaron
diputados y vecinos– actuó
“por propia decisión”,
porque los ambientalistas habían
colocado inodoros en las escalinatas
y simulaban ser legisladores con los
pantalones bajos, haciendo cosas que
producen mal olor.
La protesta comenzó cerca
del mediodía con la teatralización
de una “sesión secreta”
en la cual los diputados resolvían
la cuestión del acuerdo nuclear
sentados sobre blancos inodoros, mientras
se desplegaba un cartel que decía:
“Conozca a quienes violan la
Constitución”. Eran 19
hombres y 11 mujeres, todos activistas
de Greenpeace, con los pantalones
bajos o las polleras levantadas –sin
mostrar ningún fruto prohibido–,
con la única intención
de ironizar sobre el acuerdo y denunciarlo.
Efectivos de la comisaría sexta,
con jurisdicción en la zona,
comenzaron a rodear a los ambientalistas
y se los llevaron de muy mala manera,
con inodoros y todo. En ese momento,
dado el gran despliegue policial,
mucha gente se había reunido
y hostigaba verbalmente a los uniformados.
Dos de los curiosos, un plomero y
un asambleísta de Ayacucho
y Rivadavia, se trenzaron en el forcejeo
con los policías y también
terminaron presos. A partir de las
16, los abogados de Greenpeace y algunos
legisladores, entre ellos los diputados
del ARI Laura Mussa, Oscar González
y Héctor Polino, comenzaron
a realizar gestiones para lograr la
libertad de los detenidos. González
explicó que el titular de la
seccional sexta, comisario Carlos
Palavecino, admitió que la
policía actuó “por
propia determinación, al ver
gente sobre las escalinatas del Congreso,
cuando los únicos que pueden
solicitar la intervención policiales
somos los legislados; ninguna autoridad
del Congreso lo hizo, de manera que
la policía actuó sin
justificación alguna”.
Los legisladores requirieron la intervención
del juez Adolfo Calvete, quien, según
informó el diputado González,
dio la siguiente instrucción
a la comisaría sexta: “Que
identificaran a los detenidos y que
con posterioridad los dejaran en libertad”.
Según el comisario Palavecino,
la detención se había
producido por “resistencia a
la autoridad y lesiones en perjuicio
de cuatro policías, aunque
esto último nunca pudo comprobarse”,
aseguró González. Las
libertades comenzaron a producirse
comenzando por las mujeres, que habían
sido alojadas en una oficina, y por
los hombres, en una celda sin luz,
pero en ambos casos con las puertas
abiertas. Las únicas excepciones
fueron los dos detenidos que no eran
de Greenpeace, que fueron encerrados
directamente en una celda con las
rejas cerradas.
Mientras tanto, frente a la sede
policial, en Venezuela al 1900, se
habían concentrado cerca de
cien personas, entre familiares de
los detenidos y asambleístas
que reclamaban por su liberación.
“En eso estábamos cuando
comenzaron a darnos palos y a tirarnos
gases”, aseguró el diputado
Oscar González. La represión
se fue generalizando y también
cayeron en la volteada militantes
del Partido Socialista, al que pertenece
González, que se encontraban
participando de una reunión
en un local partidario cercano y que
se sumaron a la protesta.
Anoche, asambleístas denunciaron
que seguían detenidos Martín
Clarke, Juan José Jara, Luis
Grass, Pablo Domínguez, Martín
Junco, Germán Giraldes y Martín
García,entre otros miembros
de asambleas barriales de la zona
que habían concurrido a reclamar
la libertad de los activistas de la
organización ambientalista.
Voceros de Greenpeace confirmaron
que habían sido dejados en
libertad todos los miembros de la
organización y los dos vecinos
detenidos en la primera tanda represiva.
Sin embargo, cerca de las 22, todavía
seguían las corridas y enfrentamientos
porque la policía seguía
realizando operativos en toda el área
cercana al Congreso.
Un local del Partido Socialista,
en Entre Ríos y Venezuela,
estaba prácticamente rodeado
de patrulleros, hidrantes y otros
móviles policiales, en un despliegue
que resultaba a todas luces exagerado.
Oscar Soria, de Greenpeace, aseguró
que los activistas “fueron maltratados
y golpeados cuando eran ingresados
al celular que los llevó a
la comisaría”. Como parte
de la protesta contra la firma del
acuerdo con Australia, Greenpeace
publicó en su página
de Internet (www.greenpeace.org.ar)
la lista completa de los legisladores
que apoyan la aprobación del
convenio y que según la organización
“están violando la Constitución”.
27 de octubre de 2002
Fuente: 
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