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Es inminente el tratamiento en Diputados
del Acuerdo de Cooperación
Nuclear entre la Argentina y Australia.
Este tratado entre países procura
comprometer al Estado nacional en
el cumplimiento de un aspecto controversial
incluido en el contrato privado entre
la firma argentina Invap y la australiana
Ansto, por el cual la primera vende
a la segunda un reactor nuclear experimental.
No es la primera vez que nuestro
país exporta alta tecnología
nuclear; ya ha realizado operaciones
similares con Egipto, Argelia y Perú.
Sin embargo, ésta es la primera
vez que el país se compromete
a acondicionar y/o procesar el “combustible
nuclear gastado” en ese reactor,
a solo pedido de la parte australiana.
Este “combustible gastado”
no es otra cosa que un eufemismo para
eludir la denominación correcta:
desechos radiactivos (basura nuclear),
cuya introducción al territorio
nacional está expresamente
prohibida por el artículo 41
de la Constitución Nacional.
Ninguna voz se alzó anteriormente
en contra de exportar tecnología
nuclear; pero, en esta ocasión,
más de 120 organizaciones ambientalistas,
varias asambleas vecinales, organizaciones
médicas, destacados constitucionalistas
y especialistas en derecho ambiental,
el Consejo Federal de Medio Ambiente
(Cofema, que representa a todas las
provincias), y hasta el propio secretario
de Medio Ambiente de la Nación,
se han pronunciado con diversos tonos,
pero unívocamente en contra
de esta disposición violatoria
de la Constitución.
Los diputados que voten a favor de
este acuerdo no sólo estarán
promoviendo esa violación sino
que, además, estarán
avalando un contrato privado cuyo
acceso y conocimiento les es prohibido,
en nombre del “secreto comercial”;
ignorancia que no podrá ser
esgrimida como inocencia.
Estamos ante un nuevo caso de transferencia
a la sociedad en su conjunto, y en
este caso, muy particularmente, a
las futuras generaciones, de las consecuencias
y costos de un negocio privado. Como
se sabe, las violaciones son siempre
violaciones totales (no es posible
“un poquito” de violación);
y en este caso, esta violación
constitucional no es más que
el inicio del negocio del tratamiento
de residuos radiactivos en la Argentina
(llamándolos “combustibles
gastados”), que tiende a ser
desplazado desde los países
centrales hacia los países
periféricos, como el nuestro,
con instituciones quebradas y en liquidación,
gestionadas aun por una “clase
política” destituida del
consenso social, que sabe que le quedan
pocos meses para cerrar sus propios
negocios.
El pueblo de Australia debe saber
que su gobierno está patrocinando
y firmando un acuerdo inconstitucional
con la Argentina, que viola la seguridad
física y jurídica, y
que está siendo denunciado
desde ya y por anticipado por la sociedad
civil, la que lo declara nulo de hecho,
y lo declarará nulo también
de derecho en cuanto recupere las
instituciones de la soberanía
popular, sin dar lugar a ninguna apelación
futura a la “continuidad y seguridad
jurídica”, ya que ella
será quebrada de aprobarse
este acuerdo. El gobierno de Australia
está advertido y no podrá
alegar inocencia. Cuando “se
vayan todos...”, el acuerdo-basura
radiactiva se irá también
con ellos.
30 de setiembre de
2002
Fuente: 
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