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Hace más
de dos décadas que en el mundo
se viene alertando sobre los enormes
daños ecológicos y económicos
provocados por accidentes de buques
petroleros y la correlativa necesidad
de acortarlos. Sin embargo, como lo
demuestra el naufragio de la nave
Prestige frente a las costas gallegas,
siguen ocurriendo desastres sin que
se tomen medidas apropiadas para impedirlos.
Tres años
después de la catástrofe
ecológica provocada por el
hundimiento del petrolero Erika en
las costas de Francia, el buque Prestige,
de bandera de Bahamas, se accidentó
frente a las costas de Galicia. La
consecuencia inmediata fue el derrame
de unas 20.000 de las 77.000 toneladas
de combustible que transportaba.
Se denunció
que la catástrofe provocó
la muerte del 40% de 38 especies protegidas
y ya significa una pérdida
incalculable de la riqueza pesquera
y marisquera de la región,
amén de la muerte de aves y
otras especies y de los daños
colaterales ligados a la contaminación
de la costa, especialmente en las
zonas turísticas.
El caso recuerda
el accidente ocurrido hace casi tres
años en la costa bonaerense,
frente a las localidades de Magdalena
y Punta de Indio, cuando un barco
carguero chocó a un buque petrolero
de la empresa Shell. El hecho provocó
cuantiosos daños ecológicos
y económicos.
La magnitud del
desastre de Galicia llevó a
los dirigentes de la Unión
Europea a declarar que es imprescindible
la urgente puesta en marcha de un
nuevo plan de seguridad marítima,
que establezca las condiciones de
los barcos y las normas de navegación,
para evitar los accidentes.
Otro punto central
es quién paga los millonarios
costos por los daños y su reparación.
Mientras en el caso europeo hay estipulados
seguros y también se consideran
subsidios especiales para las víctimas,
en el caso argentino fue necesaria
la intervención de la Justicia.
Un fallo de primera
instancia, que fue apelado, acaba
de condenar a la petrolera Shell a
ejecutar las tareas de recomposición
del medio ambiente afectado, por un
valor estimado en 35 millones de dólares.
Más allá
de cómo se resuelvan los detalles
de estos casos, es indudable que la
peligrosidad del transporte de sustancias
contaminantes amerita exigir a quienes
lucran con ellas el máximo
cuidado y responsabilidad. Los Estados
también deben asumir su parte
en lo referido al control, la protección
y la asistencia efectiva de los injustamente
afectados.
Diario Clarín
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