Activistas de la organización ecológica Greenpeace impidieron ayer el desmonte de una selva de yungas en Salta, con el argumento de que la desaparición de ese sistema provocaría un "impacto ambiental absoluto". Ayer a la mañana los ecologistas salieron al paso de una máquina topadora y la encandenaron, con el fin de inmovilizarla, para evitar el desmonte de la selva ubicada en el noroeste argentino.

Según detalló Greenpeace, la yunga es una selva de montaña, con un ecosistema tropical, y constituye un ambiente de gran riqueza biológica. Por la concesión a una empresa de capitales españoles, se pretendería remplazar dicha selva por una plantación de cultivo de soja, por lo que "en vez de talar y usar racionalmente los medios, se busca eliminar totalmente" dicha selva, se indicó.

Emiliano Ezcurra, encargado de Biodiversidad de la entidad, advirtió que "el impacto ambiental" de ese desmonte "sería absoluto, no quedaría nada" ya que provocaría "un cambio de clima a nivel local". Según indicó, es la primera vez en la historia de la organización en el país, que un grupo de activistas inmoviliza, primero con sus cuerpos y luego con dispositivos, a una máquina que tenía por objetivo atacar la maleza.

Peligra el ecosistema

El ecosistema, que está ubicado a unos 320 kilómetros de la capital provincial y tiene una extensión equivalente a "2.000 canchas de fútbol" y podría desaparecer "en cinco años" de continuar la iniciativa de desmonte. Cinco ambientalistas se encadenaron a la máquina, lograron detenerla con sus propios cuerpos, y simultáneamente otros cinco activistas aprovecharon esta pausa para envolverla con cadenas, con el propósito de inmovilizarla.

Greenpeace dijo que la topadora pertenece una empresa presuntamente de capitales españoles que tiene autorización oficial para desmontar mil hectáreas. También se informó que las llaves de los candados con los que se bloqueó la topadora serían entregadas a las autoridades provinciales.

Ya en abril último, durante el congreso ecologista de Huerta Grande, Javier Corcuera, director general de la Fundación Vida Silvestre, había denunciado la sobreexplotación de la selva de Yungas, "en lugar de usar sabiamente los recursos naturales, el comportamiento que se generalizó en el país es de explotarlas".

En el encuentro nacional, autoridades gubernamentales, guardaparques, ambientalistas y especialistas de todo el país coincidieron en la necesidad de aplicar una moratoria al desmonte que sufre esa selva. Los ambientalistas solicitaron entonces que en forma urgente la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y los gobernadores de Salta y Jujuy a "detengan por un período de dos años a toda actividad de transformación (desmonte) a tierra agrícola de la selva salteña, debido al carácter irreversible del impacto que provoca esta transformación, con una alta probabilidad de extinción de este ambiente".