|
El 29 de agosto
de 1996 (presidencia de Gonzalo Sánchez
de Lozada) (GSL), se produjo la rotura
de uno de los dos diques de colas
de la mina "Porco", cercana
a la ciudad de Potosí, explotada
por COMSUR, la empresa del Jefe del
Estado, lo que ocasionó el
derrame de 235.000 toneladas de lodos
tóxicos y de 180 residuos sólidos
de plomo, arsénico y cianuro
de sodio, con su secuela de daños
a la salud humana, fauna piscícola,
ganadería, agricultura e incremento
de la contaminación del río
Pilcomayo, cuyas aguas cruzan a territorios
de Argentina y Paraguay, dentro de
la Cuenca del Plata. La revista "New
Scientist", de Inglaterra, afirmó
que se trataba del "peor desastre
ambiental de América Latina"
("El Diario", 16-1-97).
La prensa argentina calificó
al hecho de "el Chernobyl boliviano"
("Los Tiempos", 22-10-96).
Pese a la gravedad del tema, el Ministro
de Desarrollo Sostenible, José
Guillermo Justiniano (hoy ministro
de la Presidencia), en carta de 28-9-97,
a Jaime Urgel, gerente general de
COMSUR, indicó que su Despacho
ha establecido que el derrame fue
accidental, que sus impactos fueron
controlados y que la compañía
no ha cometido ninguna contravención
administrativa ni delito ambiental,
por lo que no corresponde dictar resolución
ministerial alguna. A su vez, la comisión
de Medio Ambiente de la Cámara
de Diputados, controlada por el oficialismo,
aseguró que COMSUR adoptó
oportunas medidas de mitigación
del daño ecológico (febrero
de 1997). En el Senado, esa comisión
estaba presidida por Antonio Sánchez
de Lozada, hermano de GSL, lo que
explicó su silencio. En esa
misma línea, el funcionario
del Banco Mundial, Sak Kupasrimonkol,
en carta al diputado Elías
Vacaflor, de 3-5-97, dice que COMSUR,
socio de la IFC-Banco Mundial, "ya
ha iniciado un número de acciones
reparadoras, incluyendo la atención
a las zonas afectadas, en coordinación
con las autoridades locales".
Delegados de la Argentina de Menem
(María Julia Alsogaray) y del
Paraguay de Wasmosy (Horacio Nogués),
anotaron que el problema "no
era grave". (Reunión de
la Cuenca del Pilcomayo, 14-8-98).
Sin embargo, al concluir la primera
presidencia de GSL (6-8-97), el nuevo
prefecto de Tarija, Oscar Zamora,
enjuició a la empresa por responsabilidad
civil y daños y perjuicios
a la región. El proceso titulado
"Tarija contra COMSUR",
que lleva 6 años de duración,
fue tramitado en el Juzgado Tercero
de Partido en lo Civil de la ciudad
de La Paz y consta de 15 cuerpos y
casi 3.000 fojas. En vísperas
de la sentencia, GSL inició
su segundo mandato presidencial (6-8-02)
y, como es obvio, posesionó
a un nuevo Prefecto tarijeño,
quien no activó el juicio a
fin de que concluya por "perención
de instancia" (abandono de la
parte demandante). La "perención
de instancia" fue decretada por
la juez Consuelo Chacón, el
15-10-02, cuya decisión ha
sido apelada ante la Corte Superior
de La Paz, por los abogados de Zamora,
quienes aún se hallan a cargo
del proceso. En síntesis, las
acciones dilatorias de la COMSUR,
destinadas a no pagar indemnización
alguna a los departamentos afectados,
dieron resultado, pese a que la demanda
está basada en normas jurídicas
precisas, como las siguientes:
Artículo 984 del Código
Civil: "Quien, con un hecho doloso
o culposo, ocasiona a alguien un daño
injusto, queda obligado al resarcimiento".
Artículo 998 del Código
Civil: "Quien, en el desempeño
de una actividad peligrosa, ocasiona
a otro daño, está obligado
a la indemnización, si no prueba
la culpa de la víctima"
La Ley del Medio Ambiente fue ultraviolada,
así como el artículo
216 del Código Penal, que dice:
"Incurrirá en privación
de libertad de uno a diez años,
el que envenenare, contaminare o adulterare
aguas destinadas al consumo público,
al uso industrial agropecuario y piscícola".
Estas normas debieron aplicarse por
el daño causado, más
allá del carácter accidental
o no del derrame de colas. Por otra
parte, la negligencia de la empresa
fue probada a plenitud. COMSUR resolvió
el problema obsequiando algunas herramientas,
medicamentos y cemento a las comunidades
afectadas. Consiguió, inclusive,
un informe del consultor ambiental,
Agustín Cárdenas Revilla,
quien afirmó que un año
después del siniestro las aguas
del río Tumusla (también
contaminado) "han comenzado a
mejorar bastante" (29-10-97),
sin considerar que otros 39 ingenios
privados arrojan cada día casi
mil toneladas de lodos tóxicos
a los ríos de Potosí,
Chuquisaca y Tarija.
13 de setiembre de
2003
Fuente: 
PÁGINAS
RELACIONADAS: 1-
2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
|
