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Durante las dos últimas semanas, de manera muy apresurada, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados se encuentra organizando talleres departamentales con el fin de analizar el proyecto de Ley de Áreas Protegidas.

Como el documento en consulta no fue difundido previamente y la convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil fue realizada con muy poca anticipación, en algunas ciudades el taller estuvo casi desierto (Tarija), mientras que en otras la mayor parte de los asistentes eran funcionarios de la Prefectura (Trinidad, Potosí).

En Santa Cruz y Cochabamba la reacción de las organizaciones indígenas y campesinas fue muy enérgica, llegando a suspender el evento en esta última ciudad. En general los cuestionamientos y/o rechazo se debieron, no sólo por la desinformación con que fueron organizados los talleres, sino al comprobar que se pretende legalizar el ingreso de empresas petroleras y mineras en áreas protegidas donde no existen tales actividades como son la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, el Parque Amboró y el Madidi, mientras no se legisla nada sobre los dramáticos impactos ambientales y sociales que esas actividades están causando en las áreas en que están operando.

La reacción llegó al punto que las organizaciones campesinas de Cochabamba manifestaron que prefieren que no existan áreas protegidas si estas son preservadas para las petroleras o para ser entregadas para la extracción de madera, tal como lo prevee el proyecto de ley.

De utilizarse el rodillo parlamentario, el cuestionado proyecto podría ser aprobado durante las próximas semanas, significando un duro golpe a la gestión de áreas protegidas y la liquidación de proyectos de uso sustentable de la biodiversidad, como la Empresa de Ecoturismo Indígena Mapajos en la Reserva y Territorio Indígena Pilón Lajas, los proyectos comunitarios de ecoturismo en el Parque Amboró (La Chonta, Mataracú, Villa Amboró) y otros en la Reserva Eduardo Abaroa y en el Parque Sajama y en todas las áreas protegidas de Bolivia.

La gestión de las áreas protegidas enfrenta una serie de conflictos porque las empresas petroleras acuden a los más altos niveles de gobierno para hacer aprobar proyectos de exploración sísmica, tendido de ductos y explotación petrolera dentro de áreas protegidas y territorios indígenas, tratando de reducir al mínimo el cumplimiento de las exigencias ambientales y sociales y sin respetar los planes de manejo y zonificación. A ello se suma la otorgación de concesiones mineras ligadas al poder político. Probablemente por este clima de inseguridad jurídica, el Servicio Nacional de Areas Protegidas SERNAP inició, durante el año 2001, el proceso de elaboración de un proyecto de ley específico.

Luego del cambio de gobierno, el proceso pasó a manos del Comité de Recursos Naturales de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados, a cargo de la Honorable Alejandra Sánchez de Lozada, quién desechando el proceso anterior, contrató un nuevo consultor y conformó un "Petit Comité" donde unas cuantas personas realizaron discusiones a puerta cerrada.

El proyecto de ley establece la legalidad de esas actividades en áreas protegidas, con excepción de zonas núcleo, parques y santuarios. Sin embargo, también prevee la readecuación y recategorización de todas las áreas protegidas para su homologación mediante ley. Lo anterior implica que los parques nacionales donde existe interés petrolero podrán ser recategorizados para permitir el ingreso de esas actividades. Este sería el caso de los parques Amboró y Madidi. En las otras categorías, solamente se protegerían pequeñas áreas denominadas zonas núcleo establecidas mediante un procedimiento denominado zonificación (a definirse mediante decreto), el cuál podrá reducirlas a pequeñas islas de conservación. Este es el caso de Pilón Lajas, una de las más importantes áreas protegidas de la región andino amazónica de Bolivia, que forma parte del corredor ecológico Vilcabamba (Perú)- Amboró (Bolivia). Es claro que de aprobarse el proyecto de ley uno de los primeros resultados será la aprobación del proyecto de sísmica de la Petrobras en esta Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena, cuya licencia ambiental se encuentra en el despacho de la Viceministra de Medio Ambiente para su aprobación.

Para la exploración sísmica se trazan líneas rectas de 1.5 a 4 m de ancho sin importar que atraviesen bosques, ríos, cultivos, o poblados, donde se retira la cubierta vegetal o lo que se encuentre en ellas, con el fin de ubicar estructuras geológicas de almacenamiento de hidrocarburos, mediante equipos detectores. Además deben construirse caminos, helipuertos, campamentos, áreas de almacenaje de material y equipos, causando la deforestación en extensas áreas de bosque, vertido de contaminantes en ríos, suelos y aire, impactos a la fauna del lugar y sobre todo, perturbaciones a las poblaciones de estos territorios, las que deben tolerar en sus comunidades, campamentos, generalmente de trabajadores extraños del lugar, quienes cazan, pescan, producen basura en grandes cantidades y ruido; presionan sobre los servicios de agua, salud y comunicación, generan falta de seguridad ciudadana por el incremento del expendio de bebidas alcohólicas y disturbios.

La mayoría de las normas, decretos y leyes de creación de las áreas protegidas prohíben expresamente la realización de actividades nuevas de explotación de hidrocarburos, minería y madera, por ser consideradas ajenas a los objetivos de conservación. Por lo tanto, a pesar que las leyes sectoriales de hidrocarburos y minería han definido estas actividades como prioridad nacional, la aprobación de licencias ambientales no está garantizada y ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones ecologistas, sociales y comunidades locales. Esto fue muy claro, cuando el 2001 todo el departamento de Santa Cruz y numerosas instituciones nacionales protestaron en contra de la aprobación de la licencia ambiental para la empresa Andina (Amoco), que pretendía ingresar al Parque Amboró. En este parque operan proyectos y operadoras de ecoturismo, albergues, proyectos de investigación y capacitación que hacen del mismo una de las áreas de conservación más promovidas e importantes de Santa Cruz. Esa movilización logró que el Ministerio de Desarrollo Sostenible desista de permitir el ingreso de la petrolera. De aprobarse el proyecto actual, el Ministerio no volvería a rechazar el proyecto.

Pero el proyecto de ley no solo legaliza las actividades petroleras, mineras y madereras en las áreas protegidas, sino que coloca a los "usuarios" de estas actividades en los Comités de Gestión, como "actores de la gestión de Áreas Protegidas", olvidando que son precisamente estas actividades y las empresas que las realizan las principales causantes de los problemas de contaminación y degradación allí donde operan.

Complementado con lo anterior, el proyecto de ley ha reducido al absurdo las competencias del SERNAP, que ya no sería más la Autoridad de Áreas Protegidas, sino un órgano operativo orientado a decomisos y sanciones.

Otro de los aspectos fuertemente cuestionados del proyecto, es que para sus autores la biodiversidad es un asunto de flora, fauna y microorganismos. Han olvidado que las leyes vigentes en el país definen que la biodiversidad tiene un componente "intangible", que se refiere a los conocimientos colectivos o valor cultural asociado. Esas mismas leyes reconocen la tuición de las comunidades locales sobre este componente, pero para los promotores del proyecto de ley parece que las actividades y empresas que degradan y destruyen las áreas protegidas son los actores fundamentales de su conservación.