Los pescadores colaboraron con la depre-dación y ahora ven amenazado su futuro.

El Sindicato Único de Pescadores de Agua Dulce del Litoral (Supal) se manifestó en contra de las restricciones dispuestas por la provincia a los acopiadores de pescado por los efectos que produce “en la ya de por sí vapuleada actividad”.

El representante gremial, Juan Carlos Billarreal, sostuvo que las medidas del gobierno han afectado “a unos 15 mil pescadores de la región que han visto reducir sus ingresos o que directamente han perdido su fuente de trabajo”. La Secretaría de Medio Ambiente, por su parte, sancionó a exportadores de pescados de río por pesca indiscriminada “para evitar la depredación ictícola que sufre el Paraná”, pero según los pescadores no han tenido en cuenta el impacto en la vida de los trabajadores.

“Aspiramos a que el gobierno nos dé alguna respuesta porque de lo contrario nos van a obligar a realizar cortes de ruta en reclamo de las fuentes de trabajo. Nosotros también somos una especie en extinción”, advirtió Billarreal.

“A los pescadores hay que sumar los trabajadores de los frigoríficos exportadores que suman unos 1200 obreros que también se encuentran afectados por la medida”, expresó el gremialista.

La restricciones impuestas a las empresas fueron anunciadas hace 15 días por el secretario de Medio Ambiente de la provincia, Aníbal Vásquez, y apoyadas en parte por organizaciones no gubernamentales, asociaciones de pescadores deportivos y artesanales y sectores académicos, que vienen denunciando que la pesca comercial indiscriminada provoca la depredación ictícola del Paraná y para su control exigen una ley que regule la actividad. Sin embargo, la situación dejó expuesta a otra especie en extinción: los trabajadores de la pesca.

“Nos preocupa que no hemos visto un estudio serio al respecto. Los pescadores también sufrimos la merma de las especies porque es nuestra única fuente de ingresos, pero vemos que estas medidas del gobierno son indiscriminadas y no tienen un fundamento. Las restricciones reducen nuestros ingresos que de por sí son magros. Sólo hace falta recorrer la costa del Paraná para ver en qué condiciones vive nuestra gente”, expresó Billarreal.

En cuanto al alcance productivo de las empresas exportadoras el dirigente estimó que “desde Villa Constitución a Villa Ocampo tenemos unos 15 mil personas que viven de la pesca y que trabajan para proveer los distintos acopiadores a lo que se suman trabajadores de las plantas “.

Desde que el gobierno provincial puso en vigencia una serie de medidas para frenar la depredación ictícola por la pesca comercial indiscriminada en el río Paraná y sus afluentes, estas han sido resistidas por los empresarios del sector y ahora también porquienes viven de la pesca.

Las firmas que desarrollan esta actividad presentaron recursos de amparo ante la Justicia ya que nueve empresas exportadoras fueron sancionadas por el gobierno. Los empresarios entienden que el Estado se excede en sus tareas de control y que se perjudica a la actividad comercial. Los pescadores, por su parte, han sufrido como consecuencia una merma de la demanda de su trabajo y se han declarado en “estado de emergencia”.

Las medidas restrictivas fueron anunciadas por el gobierno en su momento, con bombos y platillos, e incluyen a las empresas exportadoras más importantes de sábalo de Santa Fe. “Se les retiró la licencia de acopio por infracción reiterada de la normativa y es una medida que se aplica por primera vez en cuarenta años y en firmas que mueven un millón de pesos por mes”, sostuvo Vásquez.

Entre las sanciones dispuestas por la Secretaría de Medio Ambiente se cuentan el cierre de registro de acopiadores de pescado, un tope de diez mil toneladas anuales de extracción de sábalo y prohibiciones de distinto tipo sobre las especies más preciadas del litoral: el dorado y el surubí.

Si bien los pescadores son conscientes de que existe una depredación de las especies consideran que la forma en que se han llevado adelante las medidas del gobierno “no han tenido en cuenta en lo más mínimo la situación de los trabajadores” por lo que reclamarán ante las autoridades “para que se hagan cargo” .

El representante gremial consideró que de lo contrario “la medidas proteccionista se transformarán en el tiro de gracia que liquidará a la actividad de los pescadores, sin proponer ninguna alternativa para la subsistencia de la gente”.