| Las cámaras
empresariales de Mendoza se manifestaron
a través de una declaración
en contra de la Ley 25.688, sancionada
por el Congreso Nacional y promulgada
por el Poder Ejecutivo en diciembre
de 2002.
Esta normativa, según las
entidades, avasalla la soberanía
de los derechos del agua en Mendoza
al disponer el manejo de todos los
recursos hídricos naturales
y artificiales (ríos, lagos
o embalses), y haría desaparecer
el Departamento General de Irrigación.
Convocados por la Cámara de
San Rafael, representantes de otras
entidades como la Unión Comercial
e Industrial de Mendoza (UCIM), junto
a profesionales del Instituto Privado
de Legislación y Economía
del Agua (Iplea), emitieron un documento
que entre otros puntos exhorta al
Congreso Nacional a la derogación
de la ley y pide una urgente declaración
de la Legislatura Provincial antes
que sea reglamentada por el Ejecutivo
Nacional.
Hay que recordar que una vez promulgada
hay 180 días para este trámite.
“Esta ley pretende asignarle
a la Nación todo el manejo
de los recursos hídricos. Y
crea dos organismos: el Comité
de Cuencas y la Autoridad Nacional
de Aplicación, siendo estos
los que dictaminarán qué
hacer con los recursos en todo el
territorio nacional”, dijeron
los empresarios.
Para Aldo Guarino Arias, abogado
e integrante de Iplea, “la ley
es claramente inconstitucional y hace
desaparecer toda la cultura y legislación
existente en Mendoza sobre el uso
de este recurso natural”.
Al respecto mencionó que se
contrapone con el artículo
124 de la Carta Magna, el cual expresa
que los recursos naturales son dominio
de las provincias y también
con el artículo 122, cuando
dispone que las provincias serán
las encargadas de sus propias instituciones
locales sin intervención de
la Nación.
“Irrigación es una institución
pública provincial que rige
desde 1884 y que si esta Ley se reglamenta
ya no tendría sentido su funcionamiento”.
Guarino dijo además que “no
sólo se perdería el
uso del agua, sino las inspecciones
de cauces y hasta las regalías
hidroeléctricas”. Adhirieron
al pedido de inconstitucionalidad
realizado por el Fiscal de Estado
local, pero invitaron en la declaración
al gobierno de Mendoza y otros estados
provinciales a tomar el mismo camino.
11 de abril de 2003
Fuente: 
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