Culpan a un funcionario
de Rufino y cuestionan un procedimiento
judicial. Las obras potencian el peligro
de inundaciones en Rufino, además
de derivar agua hacia La Picasa.
Rufino.- El productor Marcelo Chappero
denunció ante el Tribunal Penal
de Rufino y la policía local
que en el sur provincial existe una
zona liberada para las canalizaciones
clandestinas realizadas por establecimientos
rurales, que serían responsables
del anegamiento de campos vecinos
y de la erosión de la ruta
provincial 2-S. Además potencian
el peligro de inundación de
la zona norte de esta ciudad y aportan
una importante masa hídrica
a la castigada zona de la laguna La
Picasa.
Chappero también elevó
notas al gobernador Carlos Reutemann
y a los titulares de las áreas
de Obras Públicas, Hidráulica
y Vialidad, calificándolos
de "encubridores de quienes desvían
y encauzan agua en su propio provecho,
perjudicando el patrimonio provincial
y de los particulares".
En la búsqueda de las causas
que lo llevaron a perder cuatro cosechas
consecutivas por el agua, en abril
del 2001 el productor comenzó
una investigación que incluyó
un relevamiento fotográfico,
planos y recorridas por el curso que
sigue el líquido a partir de
su ingreso desde la provincia de Córdoba.
"Todas estas obras incurren en
delitos penales porque transgreden
la ley provincial de aguas",
enfatizó el productor.
Para el productor, los 30 centímetros
de agua que hay sobre su campo de
cien hectáreas, que linda con
el sector norte de Rufino, son consecuencia
de las obras de desvío y canalización
que realizó la estancia La
Pichi Aina, entre otros establecimientos
rurales. "Nunca creí que
mi campo se inundaba sólo por
la lluvia, me puse a investigar y
comprobé que el agua entraba
por la ruta 2-S, que funciona como
un canal por el caudal que recibe
desde las canalizaciones clandestinas",
explicó.
Según Chappero, en plena inundación
descubrió que en La Pichi Aina
había importantes salidas de
agua hacia la mencionada ruta, y que
hacia el norte de esos lugares el
camino estaba seco. También
detectó que ese no era el único
origen de su desgracia, ya que el
agua también procedía
de un campo bajo ubicado enfrente
de su propiedad, donde también
se habían realizado obras de
desvío y canalización.
"Son verdaderas obras de ingeniería,
porque nadie está capacitado
para manejar curvas de nivel, alturas
de campos, drenajes y terraplenes
si no es un ingeniero", alertó.
Las obras en cuestión a veces
aparecen encubiertas como caminos,
pero la función real es encauzar
el agua en beneficio propio, cuando
el suelo tiene saturada su capacidad
de absorción, enviándola
hacia la ruta provincial. "A
la ciudad de Rufino y a mí
nos tapa el agua que viene desde Córdoba.
Lo más grave es que cuando
llueve mucho el barrio norte se inunda
y la pobre gente pierde sus pertenencias",
acotó.
Para Chappero el desmadre hídrico
tendría responsables. "Supuestamente
fue el actual Secretario de Obras
y Servicios Públicos de Rufino,
Enrique Viglianco, quien habría
dirigido las obras en la Pichi Aina,
antes de asumir el cargo", disparó
y aseguró que "ésta
sería la razón por la
cual no se le dice la verdad a la
gente, y desde la Dirección
de Hidráulica se minimizan
las obras cuando en realidad son faraónicas.
Una medida cuestionada
El tribunal que entiende en la denuncia
de Chappero dispuso una nueva pericia
el jueves pasado para constatar la
presencia y el impacto de las obras.
Pero para el productor, la inspección
de las canalizaciones que están
bajo instrucción penal no se
realizó en las condiciones
adecuadas "porque la Dirección
de Hidráulica anunció
la medida una semana antes convocando
a la misma a todos los propietarios.
Esto les dio la oportunidad de arreglar
los ilícitos denunciados, ya
que ese día aparecieron bolsas
con tierras en todos los canales dar
la sensación de que las obras
están desactivadas", enfatizó.
El denunciante también cuestionó
otros aspectos de la medida judicial,
como la presencia de Viglianco. "Cómo
si eso fuera poco el oficial de justicia,
garante del procedimiento, estuvo
hablando con él mientras el
representante de Hidráulica
permanecía a solas con el administrador
de la estancia realizando la inspección
de las obras", disparó.
La nueva medida dispuesta por la
Justicia intenta dilucidar las pericias
anteriores hechas en los campos La
Pichi Aina, La Juanita, Albertengo
y Tibiletti. Según Chappero,
en un primer momento Hidráulica
habría admitido la existencia
de las obras pero después habría
dado un informe en sentido contrario,
asegurando que están desactivadas.
"Esto hizo dudar al tribunal
que pidió el informe que se
realizó la semana pasada",
relató el productor.
Las obras denunciadas por Chappero
están contempladas en la ley
3.345, de aguas de la provincia, que
en su artículo 18º prohíbe
la construcción por particulares
de cualquier obra referida al curso
de las aguas, ya sea tajamares, zanjas
y compuertas, entre otras; ni se permitirá
que, a pretexto de mejorar la vialidad
se construyan obras que modifiquen
dicho curso. En uno y otro caso deberá
solicitarse permiso al Departamento
de Obras Hidráulicas y Desagües,
que lo otorgará según
el caso.
23 de marzo de 2002
Fuente: 
PÁGINAS
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