Rufino.- El productor Marcelo Chappero denunció ante el Tribunal Penal de Rufino y la policía local que en el sur provincial existe una zona liberada para las canalizaciones clandestinas realizadas por establecimientos rurales, que serían responsables del anegamiento de campos vecinos y de la erosión de la ruta provincial 2-S. Además potencian el peligro de inundación de la zona norte de esta ciudad y aportan una importante masa hídrica a la castigada zona de la laguna La Picasa.

Chappero también elevó notas al gobernador Carlos Reutemann y a los titulares de las áreas de Obras Públicas, Hidráulica y Vialidad, calificándolos de "encubridores de quienes desvían y encauzan agua en su propio provecho, perjudicando el patrimonio provincial y de los particulares".

En la búsqueda de las causas que lo llevaron a perder cuatro cosechas consecutivas por el agua, en abril del 2001 el productor comenzó una investigación que incluyó un relevamiento fotográfico, planos y recorridas por el curso que sigue el líquido a partir de su ingreso desde la provincia de Córdoba. "Todas estas obras incurren en delitos penales porque transgreden la ley provincial de aguas", enfatizó el productor.

Para el productor, los 30 centímetros de agua que hay sobre su campo de cien hectáreas, que linda con el sector norte de Rufino, son consecuencia de las obras de desvío y canalización que realizó la estancia La Pichi Aina, entre otros establecimientos rurales. "Nunca creí que mi campo se inundaba sólo por la lluvia, me puse a investigar y comprobé que el agua entraba por la ruta 2-S, que funciona como un canal por el caudal que recibe desde las canalizaciones clandestinas", explicó.

Según Chappero, en plena inundación descubrió que en La Pichi Aina había importantes salidas de agua hacia la mencionada ruta, y que hacia el norte de esos lugares el camino estaba seco. También detectó que ese no era el único origen de su desgracia, ya que el agua también procedía de un campo bajo ubicado enfrente de su propiedad, donde también se habían realizado obras de desvío y canalización. "Son verdaderas obras de ingeniería, porque nadie está capacitado para manejar curvas de nivel, alturas de campos, drenajes y terraplenes si no es un ingeniero", alertó.

Las obras en cuestión a veces aparecen encubiertas como caminos, pero la función real es encauzar el agua en beneficio propio, cuando el suelo tiene saturada su capacidad de absorción, enviándola hacia la ruta provincial. "A la ciudad de Rufino y a mí nos tapa el agua que viene desde Córdoba. Lo más grave es que cuando llueve mucho el barrio norte se inunda y la pobre gente pierde sus pertenencias", acotó.

Para Chappero el desmadre hídrico tendría responsables. "Supuestamente fue el actual Secretario de Obras y Servicios Públicos de Rufino, Enrique Viglianco, quien habría dirigido las obras en la Pichi Aina, antes de asumir el cargo", disparó y aseguró que "ésta sería la razón por la cual no se le dice la verdad a la gente, y desde la Dirección de Hidráulica se minimizan las obras cuando en realidad son faraónicas.

Una medida cuestionada

El tribunal que entiende en la denuncia de Chappero dispuso una nueva pericia el jueves pasado para constatar la presencia y el impacto de las obras. Pero para el productor, la inspección de las canalizaciones que están bajo instrucción penal no se realizó en las condiciones adecuadas "porque la Dirección de Hidráulica anunció la medida una semana antes convocando a la misma a todos los propietarios. Esto les dio la oportunidad de arreglar los ilícitos denunciados, ya que ese día aparecieron bolsas con tierras en todos los canales dar la sensación de que las obras están desactivadas", enfatizó.

El denunciante también cuestionó otros aspectos de la medida judicial, como la presencia de Viglianco. "Cómo si eso fuera poco el oficial de justicia, garante del procedimiento, estuvo hablando con él mientras el representante de Hidráulica permanecía a solas con el administrador de la estancia realizando la inspección de las obras", disparó.

La nueva medida dispuesta por la Justicia intenta dilucidar las pericias anteriores hechas en los campos La Pichi Aina, La Juanita, Albertengo y Tibiletti. Según Chappero, en un primer momento Hidráulica habría admitido la existencia de las obras pero después habría dado un informe en sentido contrario, asegurando que están desactivadas. "Esto hizo dudar al tribunal que pidió el informe que se realizó la semana pasada", relató el productor.

Las obras denunciadas por Chappero están contempladas en la ley 3.345, de aguas de la provincia, que en su artículo 18º prohíbe la construcción por particulares de cualquier obra referida al curso de las aguas, ya sea tajamares, zanjas y compuertas, entre otras; ni se permitirá que, a pretexto de mejorar la vialidad se construyan obras que modifiquen dicho curso. En uno y otro caso deberá solicitarse permiso al Departamento de Obras Hidráulicas y Desagües, que lo otorgará según el caso.