Un giro trascendental tomó el tema de la laguna La Picasa con la presentación del pedido de dos medidas cautelares por parte de la Fiscalía de Estado de la provincia ante la Corte Suprema, de Justicia de la Nación. Ahora Santa Fe quiere impedir la entrada de agua que llega desde Buenos Aires, al tiempo que insiste en que se modifique el recurso de amparo interpuesto ante la Justicia por esa provincia para impedir el funcionamiento de la canalización denominada alternativa norte. A cambio, Santa Fe propone activar, esta obra para enviar el líquido bajo condiciones controladas.

La decisión del gobernador Carlos Reutemann de presentar ambas medidas cautelares para mitigar el problema de los anegamientos en el sur provincial da un vuelco total a la estrategia con la que se venía trabajando el tema. Desde hace tiempo los productores insistían en que, además de buscar una salida para el agua también debería impedirse el ingreso de la misma al territorio provincial.

Anteayer la Fiscalía de Estado, con la asistencia técnica de la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación los dos pedidos de dictado de medidas cautelares. En este mismo ámbito judicial debía celebrarse ayer una audiencia conciliatoria entre las provincias involucradas en el tema de los anegamientos (Córdoba, además de Buenos Aires y Santa Fe), pero la misma quedó postergada hasta nuevo aviso.

La primera de las medidas cautelares que solicita el gobierno santafesino tiene que ver con la modificación del recurso similar vigente interpuesto por la provincia de Buenos Aires ante esa Corte. Consta de cuatro propuestas que tienen como objetivo lograr que se permita drenar el agua garantizando un escurrimiento controlado.

Se propone habilitar el canal alternativa norte que permitirá conducir un caudal de 5 metros cúbicos por segundo, desde la laguna La Picasa hacia el río Salado, para lo cual es necesario quitar los 20 tapones que obligó a colocar la Justicia ante el pedido de Buenos Aires. Además se sugiere incrementar la capacidad de regulación de la obra con la colocación de compuertas móviles en las seis alcantarillas reguladoras existentes a lo largo de la traza del canal aguas debajo de las principales lagunas; así disminuirá el ingreso de agua al territorio bonaerense.

También se propone realizar el bombeo desde la laguna La Picasa hacia el Salado en los meses en que este curso de agua tenga un nivel bajo o medio. Otra idea es conformar una comisión técnica interjurisdiccional entre las provincias y la Nación, encargada de monitorear y definir la política de exportación de caudales desde la laguna y el funcionamiento de las regulaciones.

Obras clandestinas

La segunda medida cautelar presentada es una innovación porque apunta a controlar el ingreso de agua al territorio provincial por lo que solicita que Buenos Aires regule o tapone las obras clandestinas que efectuó aguas arriba de La Picasa y en la cuenca del arroyo Salado, brazo de la laguna La Pantanosa, que producen la derivación de aguas y el aceleramiento del escurrimiento de las mismas hacia la laguna santafesina, que no para de crecer en forma geométrica.

Los puntos cuya regulación se pide son: el canal El Indio en la zona de Alberdi e Iriarte; el ingreso de agua desde Cañada Seca y zona al oeste; el alcantarihado y canales ejecutados; y los canales sobre los caminos y en campos ubicados en la zona de Villa Saboya y Cañada Seca. Además, la provincia de Santa Fe toma reservas de otras constataciones de obras clandestinas que pudieran corresponder en el futuro.

Pocas semanas atrás, Hidráulica de la provincia realizó junto a los productores un relevamiento que permitió detectar las entradas clandestinas de agua al territorio santafesino. Este prueba fue uno de los argumentos más fuertes que siempre esgrimieron los afectados por los anegamientos a la hora de plantear las soluciones.