Problemas. Llancanelo y el impacto ambiental, dos temas que siempre estu-vieron ligados.

El conflicto por la explotación de la Laguna de Llancanelo, en Malargüe, entró de lleno en una faceta más jurídica que ambiental luego de que la Justicia decidiera suspender la vigencia del estudio de impacto ambiental realizado por el Gobierno provincial.

Ayer, el Juzgado provincial número 15, a cargo de la doctora María Mercedes Herrera, ordenó paralizar las actividades de la empresa Repsol YPF en el área de la Laguna Llancanelo, hasta tanto no se resuelvan las presuntas irregularidades cometidas en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental.

Del otro lado, el Gobierno provincial, a través de la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno, confirmó que apelará la medida. Así lo informó ayer a la tarde la subsecretaria de Medio Ambiente, Laura Fagot, quien agregó que el Ejecutivo tiene 48 horas para cumplir ese trámite.

“Estamos seguros de que los trabajos hechos por el Gobierno están bien, para lo cual hemos presentado pruebas escritas y testimonios”, dijo Fagot.

La medida cautelar responde a la solicitud de la organización mendocina Oikos red ambiental, la cual presentó un amparo el 4 de febrero pasado pidiendo la inconstitucionalidad de la resolución del Gobierno que autoriza la explotación de hidrocarburos en Llancanelo.

Eduardo Sosa, de la red ambiental, adelantó que “la organización ya tiene preparado el camino judicial en caso de que el Gobierno apele la decisión del Juzgado”.

Este fallo significa que hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo -más de quince puntos presentados por la ONG- la empresa deberá abstenerse de realizar operaciones de cualquier tipo en el área de la laguna, que estén vinculadas al proyecto de los cinco pozos autorizados por el Gobierno.

Además, la entidad ambientalista pidió a la Justicia que se declare inaplicable la resolución que autorizó la explotación a Repsol de cinco de los ocho pozos que había propuesto.

A partir de ahora, comienza el análisis de todos elementos de prueba presentados por Oikos y las demás partes, sobre los derechos y normas ambientales que habrían sido violados por el gobierno provincial durante los dos años y medio que duró el proceso de autorización a la explotación de hidrocarburos por parte de la petrolera española.

De esta manera, se definió en los tribunales la medida de amparo en contra del inicio de los trabajos de Repsol presentada por la organización ecologista.

En tanto, fuentes de la empresa Repsol YPF confirmaron que habían sido notificados de la decisión de la Justicia pero decidieron no emitir ningún tipo de opinión al respecto.

El humedal Llancanelo, ubicado a 60 kilómetros de la ciudad de Malargüe y dotado de 40 mil hectáreas, es uno de los más importantes reservorios de avifauna de Mendoza y –según las estimaciones de Repsol– contiene la mitad de las reservas de petróleo de la provincia.

Después de casi tres años de estudios, polémicas, denuncias de contaminación y discusiones sobre su conveniencia, el Gobierno emitió el 17 de enero, en forma definitiva, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la exploración intensiva en el lugar y así les abrió la puerta a los trabajos de extracción petrolera en uno de los reservorios naturales más grandes de la Tierra.

La organización Oikos nació en enero de 2000 como una organización no gubernamental dedicada a participar en temas medioambientales y rápidamente se comenzó a ejercer una suerte de control de gestión ambiental “paralela” a la que implementará el Gobierno, no sólo en la explotación de Llancanelo sino también en otros casos como el de los transformadores contaminantes de KM8, y el impacto ambiental del vaciamiento de la presa Los Reyunos.