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| Problemas.
Llancanelo y el impacto
ambiental, dos temas que
siempre estuvieron ligados. |
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El conflicto por la explotación
de la Laguna de Llancanelo, en Malargüe,
entró de lleno en una faceta
más jurídica que ambiental
luego de que la Justicia decidiera suspender
la vigencia del estudio de impacto ambiental
realizado por el Gobierno provincial.
Ayer, el Juzgado provincial número
15, a cargo de la doctora María
Mercedes Herrera, ordenó paralizar
las actividades de la empresa Repsol
YPF en el área de la Laguna
Llancanelo, hasta tanto no se resuelvan
las presuntas irregularidades cometidas
en el procedimiento de evaluación
del impacto ambiental.
Del otro lado, el Gobierno provincial,
a través de la Fiscalía
de Estado y la Asesoría de
Gobierno, confirmó que apelará
la medida. Así lo informó
ayer a la tarde la subsecretaria de
Medio Ambiente, Laura Fagot, quien
agregó que el Ejecutivo tiene
48 horas para cumplir ese trámite.
“Estamos seguros de que los
trabajos hechos por el Gobierno están
bien, para lo cual hemos presentado
pruebas escritas y testimonios”,
dijo Fagot.
La medida cautelar responde a la
solicitud de la organización
mendocina Oikos red ambiental, la
cual presentó un amparo el
4 de febrero pasado pidiendo la inconstitucionalidad
de la resolución del Gobierno
que autoriza la explotación
de hidrocarburos en Llancanelo.
Eduardo Sosa, de la red ambiental,
adelantó que “la organización
ya tiene preparado el camino judicial
en caso de que el Gobierno apele la
decisión del Juzgado”.
Este fallo significa que hasta tanto
no se resuelva la cuestión
de fondo -más de quince puntos
presentados por la ONG- la empresa
deberá abstenerse de realizar
operaciones de cualquier tipo en el
área de la laguna, que estén
vinculadas al proyecto de los cinco
pozos autorizados por el Gobierno.
Además, la entidad ambientalista
pidió a la Justicia que se
declare inaplicable la resolución
que autorizó la explotación
a Repsol de cinco de los ocho pozos
que había propuesto.
A partir de ahora, comienza el análisis
de todos elementos de prueba presentados
por Oikos y las demás partes,
sobre los derechos y normas ambientales
que habrían sido violados por
el gobierno provincial durante los
dos años y medio que duró
el proceso de autorización
a la explotación de hidrocarburos
por parte de la petrolera española.
De esta manera, se definió
en los tribunales la medida de amparo
en contra del inicio de los trabajos
de Repsol presentada por la organización
ecologista.
En tanto, fuentes de la empresa Repsol
YPF confirmaron que habían
sido notificados de la decisión
de la Justicia pero decidieron no
emitir ningún tipo de opinión
al respecto.
El humedal Llancanelo, ubicado a
60 kilómetros de la ciudad
de Malargüe y dotado de 40 mil
hectáreas, es uno de los más
importantes reservorios de avifauna
de Mendoza y –según las
estimaciones de Repsol– contiene
la mitad de las reservas de petróleo
de la provincia.
Después de casi tres años
de estudios, polémicas, denuncias
de contaminación y discusiones
sobre su conveniencia, el Gobierno
emitió el 17 de enero, en forma
definitiva, la Declaración
de Impacto Ambiental (DIA) para la
exploración intensiva en el
lugar y así les abrió
la puerta a los trabajos de extracción
petrolera en uno de los reservorios
naturales más grandes de la
Tierra.
La organización Oikos nació
en enero de 2000 como una organización
no gubernamental dedicada a participar
en temas medioambientales y rápidamente
se comenzó a ejercer una suerte
de control de gestión ambiental
“paralela” a la que implementará
el Gobierno, no sólo en la
explotación de Llancanelo sino
también en otros casos como
el de los transformadores contaminantes
de KM8, y el impacto ambiental del
vaciamiento de la presa Los Reyunos.
4 de marzo de 2003
Fuente: 
PÁGINAS
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