El ranking, que incluye a 142 países, fue elaborado conjuntamente por las universidades estadounidenses de Yale y de Columbia y el Foro Económico Mundial. Se hizo con datos de cada país sobre 68 variables, que incluyen la calidad del aire, del agua y del suelo, la biodiversidad y la cantidad de especies amenazadas.

También se tuvo en cuenta la tasa de fertilidad de la población, los residuos radiactivos, el uso de plaguicidas, la tasa de muerte de chicos por enfermedades respiratorias y, entre otros indicadores, el grado de desarrollo del sistema científico-tecnológico de cada país y su participación en organismos ambientales.

La Argentina quedó ubicada en el puesto 15 y Estados Unidos en el 45, mientras la lista la encabeza Finlandia, seguida por Noruega, Suecia, Canadá y Suiza. Uruguay quedó en el puesto 6 y Chile en el 35.

La buena ubicación de la Argentina se debe a que tiene vastos recursos naturales (incluyendo suelos, agua, y diversidad biológica) y un desempeño razonablemente bueno. No obstante, los expertos advierten que éste no es mejor porque aún tiene problemas significativos de contaminación del aire en algunas áreas, deforestación de los bosques, desertificación de los suelos, agotamiento de los stocks pesqueros y contaminación por los residuos industriales.

Otros problemas son los relativos a una débil atención del sector privado en los desafíos ambientales y un rango relativamente bajo en la capacidad institucional para responder al manejo de recursos naturales y a la contaminación. Los expertos critican que en la dirigencia política y empresarial no existe aún la conciencia de lo ambiental como una oportunidad para crecer.

Se debería incentivar a las empresas a que adopten políticas ambientales sanas. También, el Estado tendría que aprovechar el conocimiento producido por sus científicos y técnicos, y darle más cabida a los ciudadanos, para monitorear el cumplimiento de las "buenas acciones" ambientales.

En todo ello resulta crucial que los organismos públicos de control del medioambiente cuenten con todos los recursos para que puedan hacer cumplir las regulaciones ambientales vigentes. Porque a lo largo de los últimos años se fue licuando el poder de policía de la secretaría de ambiente.