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Reducir las emisiones de gases invernadero en los países pobres

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El pasado 15 de julio, el Banco Mundial puso en marcha el Fondo de Desarrollo Comunitario de Carbono. El Fondo se basa en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) que consagra el Protocolo de Kyoto para combatir el cambio climático, firmado en 1997. Con el fin de cumplir de forma más barata los compromisos establecidos en Kyoto de limitar a partir de 2008 sus emisiones en torno a un 5,2 por ciento respecto a las cifras de 1990, el MDL permite a empresas y gobiernos de países desarrollados invertir en reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero en naciones pobres.

Con esta iniciativa los Estados del Tercer Mundo reciben inversiones del extranjero en fuentes de energía limpias o menos contaminantes en su propio territorio y los países desarrollados pueden cumplir con lo acordado en Kyoto de forma más económica, ya que la reducción de las emisiones cuesta menos en lugares de tecnología más atrasada.

Estos “certificados de reducción de emisiones” serán autorizados formalmente tan pronto como el Protocolo de Kyoto entre en vigor, es decir, 90 días después de que lo ratifiquen al menos 55 países que sumen el 55 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero. En la actualidad, 111 son los firmantes, pero sólo representan el 44,2 por ciento de las emisiones. Las ausencias, principalmente, de Estados Unidos (causante de una cuarta parte de las emisiones mundiales) y Rusia, país que genera el 17,4 por ciento, impiden su entrada en vigor.

El objetivo del Fondo es alcanzar los 100 millones de dólares. De momento, tiene compromisos por valor de 35 millones de dólares, la mayoría perteneciente a empresas privadas. Es el caso de las firmas japonesas Daiwan Securities, Nippon Oil y Okinawa Electric; la alemana BASF y la española Endesa. Uno de los motivos de las compañías para contribuir al programa es aprender el funcionamiento del rudimentario mercado, en el que las certificaciones de reducciones de emisiones podrían usarse como moneda de cambio en el futuro, según el director ejecutivo de la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones, Andrei Marcu. Los Gobiernos de Canadá, Holanda e Italia también apoyan con recursos el programa.

Entre los quince proyectos iniciales destaca el desarrollo de energía solar en los altiplanos de Bolivia, que abastecerá de electricidad a 20.000 viviendas. En Colombia, el Fondo dedicará casi un millón de dólares para que las familias que poseen pequeños ingenios azucareros en Utica utilicen como combustible el bagazo de caña, en lugar de neumáticos (una práctica altamente contaminante), para transformar la panela en melaza. Otros proyectos intentarán reducir los gases invernadero emitidos por manufacturas de ladrillos, sistemas de calefacción y fábricas de té, en Nicaragua, Vietnam, Kenia, Sudáfrica o India.

Uno de los requisitos de los proyectos es que los habitantes de la zona estén involucrados en el funcionamiento del proyecto, a fin de que estas iniciativas “promuevan además el desarrollo económico de las comunidades afectadas”.

El tercer informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, un organismo auspiciado por Naciones Unidas que agrupa a más de 2.000 científicos de todo el mundo, ya advertía en 2001 de que “los efectos más dañinos del cambio climático se espera que sean en los países en vías de desarrollo en términos de pérdidas de vida y en lo relativo a las inversiones y economía”. Por ello, la iniciativa nace con la idea de compensar el ostracismo al que vienen siendo sometidos los países pobres en el comercio de reducciones de emisiones contaminantes. “Los países, como el mío, que serán más afectados por el cambio climático han sido ignorados en la compra y venta de emisiones”, protesta Emily Ojoo Massawa, coordinador de cambio climático de la Autoridad Nacional de Gestión medioambiental de Kenya. Los datos la dan la razón: según el último informe del Banco Mundial al respecto, aunque el comercio de emisiones se dobló el año pasado, tan sólo el 13% de estas inversiones del sector privado fue a parar a países en vías de desarrollo.

Sin embargo, el proyecto deja sin respuesta alguna de los anteriores “agujeros” del Mecanismo de Desarrollo Limpio. El colectivo Ecologistas en Acción cuestiona que los proyectos que se implanten en esos países pobres se ajusten más a sus necesidades que a las del exportador, ya que el mecanismo se regula en función de los intereses económicos de los donantes. Además, asegura, “está por ver la capacidad de los gobiernos de los países en vías de desarrollo para obtener proyectos adecuados y soportar la presión de las multinacionales”. La ONG ecologista Greenpeace denuncia a su vez que a menudo los proyectos “van mucho más allá de apuntarse unas reducciones de emisión, sino que persiguen sencillamente la venta de tecnología no deseada bajo el paraguas de este mecanismo”.

El Fondo de Desarrollo Comunitario de Carbono es una iniciativa con luces y sombras. Probablemente contribuya a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no deja de ser una medida posibilista a la que se acojan países y empresas del mundo desarrollado para suplir la ausencia de una voluntad real de lucha contra el cambio climático en cumplimiento de los acuerdos del Protocolo de Kyoto. Circunstancia aún más preocupante si recordamos las conclusiones del segundo informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC): “el cambio del sistema energético mundial hacia tecnologías de baja emisión de carbono ha de hacerse de manera inmediata”.

Antonio Pita
Periodista
Agencia de Información Solidaria
pitajim@terra.es

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