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El pasado 15 de julio, el Banco Mundial puso
en marcha el Fondo de Desarrollo Comunitario de Carbono. El
Fondo se basa en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) que
consagra el Protocolo de Kyoto para combatir el cambio climático,
firmado en 1997. Con el fin de cumplir de forma más
barata los compromisos establecidos en Kyoto de limitar a
partir de 2008 sus emisiones en torno a un 5,2 por ciento
respecto a las cifras de 1990, el MDL permite a empresas y
gobiernos de países desarrollados invertir en reducciones
de emisiones de gases de efecto invernadero en naciones pobres.
Con esta iniciativa los Estados del Tercer
Mundo reciben inversiones del extranjero en fuentes de energía
limpias o menos contaminantes en su propio territorio y los
países desarrollados pueden cumplir con lo acordado
en Kyoto de forma más económica, ya que la reducción
de las emisiones cuesta menos en lugares de tecnología
más atrasada.
Estos “certificados de reducción
de emisiones” serán autorizados formalmente tan
pronto como el Protocolo de Kyoto entre en vigor, es decir,
90 días después de que lo ratifiquen al menos
55 países que sumen el 55 por ciento de las emisiones
de gases de efecto invernadero. En la actualidad, 111 son
los firmantes, pero sólo representan el 44,2 por ciento
de las emisiones. Las ausencias, principalmente, de Estados
Unidos (causante de una cuarta parte de las emisiones mundiales)
y Rusia, país que genera el 17,4 por ciento, impiden
su entrada en vigor.
El objetivo del Fondo es alcanzar los 100
millones de dólares. De momento, tiene compromisos
por valor de 35 millones de dólares, la mayoría
perteneciente a empresas privadas. Es el caso de las firmas
japonesas Daiwan Securities, Nippon Oil y Okinawa Electric;
la alemana BASF y la española Endesa. Uno de los motivos
de las compañías para contribuir al programa
es aprender el funcionamiento del rudimentario mercado, en
el que las certificaciones de reducciones de emisiones podrían
usarse como moneda de cambio en el futuro, según el
director ejecutivo de la Asociación Internacional de
Comercio de Emisiones, Andrei Marcu. Los Gobiernos de Canadá,
Holanda e Italia también apoyan con recursos el programa.
Entre los quince proyectos iniciales destaca
el desarrollo de energía solar en los altiplanos de
Bolivia, que abastecerá de electricidad a 20.000 viviendas.
En Colombia, el Fondo dedicará casi un millón
de dólares para que las familias que poseen pequeños
ingenios azucareros en Utica utilicen como combustible el
bagazo de caña, en lugar de neumáticos (una
práctica altamente contaminante), para transformar
la panela en melaza. Otros proyectos intentarán reducir
los gases invernadero emitidos por manufacturas de ladrillos,
sistemas de calefacción y fábricas de té,
en Nicaragua, Vietnam, Kenia, Sudáfrica o India.
Uno de los requisitos de los proyectos es
que los habitantes de la zona estén involucrados en
el funcionamiento del proyecto, a fin de que estas iniciativas
“promuevan además el desarrollo económico
de las comunidades afectadas”.
El tercer informe de evaluación del
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, un
organismo auspiciado por Naciones Unidas que agrupa a más
de 2.000 científicos de todo el mundo, ya advertía
en 2001 de que “los efectos más dañinos
del cambio climático se espera que sean en los países
en vías de desarrollo en términos de pérdidas
de vida y en lo relativo a las inversiones y economía”.
Por ello, la iniciativa nace con la idea de compensar el ostracismo
al que vienen siendo sometidos los países pobres en
el comercio de reducciones de emisiones contaminantes. “Los
países, como el mío, que serán más
afectados por el cambio climático han sido ignorados
en la compra y venta de emisiones”, protesta Emily Ojoo
Massawa, coordinador de cambio climático de la Autoridad
Nacional de Gestión medioambiental de Kenya. Los datos
la dan la razón: según el último informe
del Banco Mundial al respecto, aunque el comercio de emisiones
se dobló el año pasado, tan sólo el 13%
de estas inversiones del sector privado fue a parar a países
en vías de desarrollo.
Sin embargo, el proyecto deja sin respuesta
alguna de los anteriores “agujeros” del Mecanismo
de Desarrollo Limpio. El colectivo Ecologistas en Acción
cuestiona que los proyectos que se implanten en esos países
pobres se ajusten más a sus necesidades que a las del
exportador, ya que el mecanismo se regula en función
de los intereses económicos de los donantes. Además,
asegura, “está por ver la capacidad de los gobiernos
de los países en vías de desarrollo para obtener
proyectos adecuados y soportar la presión de las multinacionales”.
La ONG ecologista Greenpeace denuncia a su vez que a menudo
los proyectos “van mucho más allá de apuntarse
unas reducciones de emisión, sino que persiguen sencillamente
la venta de tecnología no deseada bajo el paraguas
de este mecanismo”.
El Fondo de Desarrollo Comunitario de Carbono
es una iniciativa con luces y sombras. Probablemente contribuya
a la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero, pero no deja de ser una medida posibilista a
la que se acojan países y empresas del mundo desarrollado
para suplir la ausencia de una voluntad real de lucha contra
el cambio climático en cumplimiento de los acuerdos
del Protocolo de Kyoto. Circunstancia aún más
preocupante si recordamos las conclusiones del segundo informe
del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
(IPCC): “el cambio del sistema energético mundial
hacia tecnologías de baja emisión de carbono
ha de hacerse de manera inmediata”.
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