La preservación ecológica plantea desafíos que los argentinos no debemos eludir. Cuanto se haga en esa materia tendrá influencia decisiva sobre la calidad de nuestra vida futura y sobre la evolución de nuestros procesos económicos y sociales. Sin embargo, no siempre las autoridades públicas adoptan los recaudos necesarios para asegurar a tiempo la conservación de nuestros recursos naturales y a menudo la única voz que se alza para reclamar las acciones correspondientes es la que proviene del campo de las organizaciones no gubernamentales ligadas a la preservación de la naturaleza.

Conviene detenerse a observar, por ejemplo, los problemas hídricos que se presentan en muchas partes de nuestras extensas llanuras debido a la reducida o nula pendiente de los terrenos, así como a las condiciones de permeabilidad de los suelos y al impreciso material de arrastre que acumulan los cauces de los cursos de agua.

Entre las amenazas que afronta la Argentina en relación con el estado de sus riquezas naturales hay que mencionar las inundaciones de la pampa húmeda, la desecación de los Bañados del Atuel, el cegamiento del río Pilcomayo y las marcadas variaciones en el caudal del Teuco, así como el asolador comportamiento de los llamados Bajos Submeridionales, situados en el norte santafecino. A todo eso se han sumado, en los últimos días, las alarmantes noticias sobre la evolución de los esteros, lagunones y áreas anegadas de la región del Iberá.

De alterarse el equilibrio natural de esa zona, se perderían inestimables bienes naturales, pues está en riesgo una multitud de especies vegetales y animales. Pero el daño ecológico no se limitaría a esas pérdidas y a su consiguiente impacto negativo en el movimiento turístico, sino que sería mucho más amplio, pues se destruirían las condiciones actuales de una inmensa zona rural en el sur de Corrientes y en las márgenes entrerrianas del Paraná y del Uruguay, y se modificaría por completo el régimen en el curso inferior de estos dos ríos. Desencadenado ese proceso de cambios, el problema podría asumir agobiantes características económicas. Es indispensable, entonces, poner en ejecución medidas de protección que garanticen el normal desenvolvimiento de las poblaciones aledañas y de sus sistemas productivos.

Según la información que se suministró durante el Simposio Internacional de Teleobservación del Medio Ambiente, realizado en Buenos Aires, en los 12.000 kilómetros cuadrados que ocupan, aproximadamente, los esteros del Iberá el nivel del agua ha tenido un aumento promedio de 80 centímetros, lo que equivale a una duplicación -o poco menos- de su profundidad histórica, no superior a un metro. No hay discusiones entre los especialistas acerca de la gravedad de este fenómeno, aunque sí existen discrepancias respecto de las causas que lo originaron. Según algunas de las opiniones vertidas en el simposio, los cambios se produjeron como resultado de las obras correspondientes al embalse de Yacyretá, cuya masa de agua derivaría por filtraciones y napas subterráneas hacia los esteros. Esa derivación habría multiplicado de manera prodigiosa el presunto aporte de agua que siempre ha hecho el Paraná a través de la Tranquera de San Miguel, pequeño istmo que separa al gran río de la cabeza norte de los pantanos.

Los técnicos del ente binacional que administra la represa, por su parte, niegan esa acusación -que en rigor no lo es, pues naturalmente se sabe que una gran obra de ingeniería modifica inevitablemente el ámbito en que se instala- y atribuyen la pertinaz crecida a la alteración del régimen pluvial, unida a la saturación de las napas existentes bajo los esteros.

Es difícil establecer a cuál de las dos explicaciones se le debe otorgar mayor crédito, sobre todo porque es probable que ambas describan una parte de la realidad. Lo que sí corresponde señalar es la necesidad de que las autoridadaes pongan en estado de alerta el ecosistema del Iberá, en peligro de extinguirse o de ser modificado por completo, y procuren evitar los perjuicios económicos en el área colindante. El problema está planteado y los trastornos de todo orden que pueden sobrevenir son obvios.

De lo que allí vaya a ocurrir quedará, como reiterada enseñanza, la necesidad de que las grandes obras públicas sean encaradas con una adecuada previsión de los daños que involuntariamente se pueden provocar. Es indispensable desarrollar en cada caso el máximo esfuerzo para minimizar el impacto en los procesos de la naturaleza, a cuyo cuidado y protección debe otorgarse atención prioritaria en todos los planes y en todos los emprendimientos que se ponen en marcha desde el poder político o desde la iniciativa privada.