El presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, subrayó que a pesar de sus deudas ecológicas, los países desarrados hacen muy poco por cumplir sus responsabilidades.

El problema es concreto: más de 250 millones de personas padecen directamente los efectos de la desertificación y la tercera parte de la superficie terrestre -más de 4 000 millones de hectáreas- está amenazada. La subsistencia de 1,2 mil millones de personas que dependen de la tierra, en más de 110 países, está en peligro.

Se piensa, con razón, primero en Africa, pero el problema no se circunscribe al Tercer Mundo. Datos de la Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación indican, por ejemplo, que más de un 30% de las tierras de Estados Unidos están afectadas por la degradación y en España, 31% corre peligro. En América Latina y el Caribe una cuarta parte son desiertos y tierras secas.

La situación es dramática. Según estimados, para el 2025 las tierras roturables disminuirán en dos tercios en Africa, en un tercio en Asia, y en una quinta parte en América del Sur.

Es por eso que en la inauguración de la 6ª Conferencia de las Partes (COP-6) en La Habana, el presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, expresó su esperanza de que el resultado de esta reunión esté signado no sólo de buenas intenciones, sino de compromisos concretos.

La desertificación -precisó Alarcón- es un problema económico, social y ambiental que pone a prueba la supervivencia humana, pero a pesar de las “obvias deudas ecológicas”, hay pocos compromisos por parte de los países desarrollados para cumplir con las responsabilidades adquiridas bajo el Principio 7 de la Declaración de Rio, de responsabilidades comunes, pero diferenciadas.

En el caso cubano, Alarcón habló de exitosos esfuerzos para combatir la erosión del suelo y su degradación desde 1959 y subrayó el papel de los gobiernos y la Sociedad Civil para combatirlos y mejorar la calidad de vida.

Es por eso que cuando el secretario ejecutivo de la Convención, el burquinés Hama Arba Diallo, alabó la experiencia cubana, además de apoyar que la COP-6 tuviera lugar en La Habana, estaba, tal vez, enviando una señal a los países firmantes, algo así como “hablar menos y hacer más”.

Debe recordarse que la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación fue adoptada en 1994 y entró en vigor en 1996, y hasta el momento la han ratificado 187 países. Desde entonces se han celebrado conferencias de las partes (COP) -que son las reuniones de los países para ir analizando cómo está marchando- en Roma, Dakar, Recife, Bonn y Ginebra, y ahora (25 de agosto - 5 de septiembre) en La Habana. Hay una opinión generalizada de que aquí se llegarán a tomar importantes decisiones sobre las medidas necesarias para reforzar la lucha global contra la desertificación.

La doctora Rosa Elena Simeón, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), electa presidenta de la COP-6, ha expresado la importancia que Cuba le concede a ser la sede de este encuentro y cómo La Habana, desde 1994, no sólo ha participado en los trabajos para la implementación de la Convención, sino que al año siguiente constituyó el Grupo Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.

Sobre este tema abundó la doctora Gisela Alonso, presidenta de la Agencia del Medio Ambiente del CITMA. Efectivamente -dijo- Cuba se ha mantenido muy en vínculo con la Convención, y puso por ejemplo actividades triangulares entre el Caribe, América Latina, Africa.

“Por demás, Cuba tiene una situación favorable con respecto a los países del Tercer Mundo, por el modelo de desarrollo que hemos decidido tener. Nosotros nos sustentamos en conocimiento, educación, base científica, voluntad política y capacidad de aglutinar a varias disciplinas. Este último es un tema que se discute ahora en el ámbito internacional, la sinergia entre las convenciones, es decir, cómo las éstas pueden unirse entre sí para lograr mejores resultados”.

A la pregunta acerca de posibles resultados de la COP-6, la doctora Alonso respondió: “Pienso que lo importante es que se abre un escenario donde los países del Tercer Mundo, con sus problemas comunes, pueden debatir. Por supuesto, están también los países desarrollados, pero todos se dan cuenta de que los lenguajes son totalmente diferentes. Es un espacio a mantener porque el problema que ataca esta Convención está muy ligado a pobreza y seguridad alimentaria, tal como reconoce el Programa de Acción de Johannesburgo”.

Más, para todo ello hace falta financiamiento, y en cuanto a este primordial tema consideró: “Sí, hace falta financiamiento, pero también hace falta voluntad política de los gobiernos, hace falta un orden económico internacional diferente y liberarse de los egoísmos que caracterizan la relación entre el Norte y el Sur”.

Se espera que las discusiones en el tema del financiamiento sean muy fuertes. No obstante, el propio Hama Arba Diallo consideró que la COP-6 “marcará un hito en la aplicación de la Convención, ya que el respaldo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), como mecanismo financiero de la Convención, abrirá muchas puertas para proyectos contra la desertificación”.

Cuando el 1º de septiembre comience la segunda semana de labores, puede decirse que la COP-6 llegará a un momento cumbre, con la Quinta Mesa Redonda organizada con la Unión Interparlamentaria (las cifras de parlamentarios en más de 80); el Foro sobre Arte y Cultura, copatrocinado por la UNESCO; el diálogo interactivo de ministros, o de representantes de ese nivel (más de cien), y la Mesa Redonda de Jefes de Estado y de Gobierno (unos 20 según informaciones de la Secretaría Ejecutiva de la Convención).

La particular importancia del tema de la desertificación, definitivamente de carácter global, está sobre el tapete, y urgen soluciones.