Aseguran que
la caza se realiza con fines científicos.
A propósito de dos notas publicadas
por el diario Clarín sobre
la cacería de ballenas en aguas
antárticas por parte de barcos
japoneses, la Embajada de Japón
en la Argentina solicitó que
se "reflejen equilibradamente
loas posiciones de todas las partes
involucradas"
En las notas publicada el 21 y 22
de este mes, el diario se refirió
a la acciones de la organización
ecologista Greenpeace para impedir
que el barco japonés "Nisshin
Maru" cace ilegalmente ballenas
de la especie Minke antártica
dentro del santuario ballenero austral.
Kazuo Watanabe, ministro de esa Embajada,
manifestó que se expresaron
"visiones parciales" que
perjudicaron "indebidamente la
imagen" de Japón y de
su pueblo.
"La cacería que actualmente
se lleva a cabo no constituye actividad
comercial alguna. Se trata de cacería
de investigación regida por
la Convención Internacional
para la Regulación de la Caza
de Ballenas con acuerdo de la Comisión
Ballenera Internacional", destacó
Watanabe.
Según explicó el ministro
de la Embajada de Japón en
la Argentina, cada año se presenta
y discute un plan de investigación
en el Comité Científico
de la Comisión Ballenera Internacional.
A partir de este acuerdo se capturan
las ballenas.
Los datos recogidos por el plan de
investigación son posteriormente
presentados ante dicho Comité
Científico, explicó
Watanabe. Y agregó que estos
datos "son altamente apreciados
como material científico para
conocer el estado de las ballenas
en la zona"
Sobre el destino de las ballenas
capturadas, el ministro señaló
que éstas son procesadas y
las ganancias obtenidas por la venta
de los productos son destinadas a
cubrir el costo de investigaciones
futuras bajo las instrucciones del
gobierno.
"Todos estos trabajos son realizados
por un organismo no lucrativo subsidiado
por el gobierno de Japón, y
de ningún modo constituye una
actividad comercial" remarcó
Watanabe.
A partir de una resolución
de la Comisión Ballenera Internacional,
se estableció -en 1994- un
área denominada "santuario
ballenero Austral", Watanabe
señaló que "en
dicha zona se prohibe la cacería
comercial y no la captura por motivos
científicos".
Para los representantes de la Embajada
de Japón, "la cacería
que se está efectuando es íntegramente
legal" y - de acuerdo a la Convención
Internacional para la Regulación
de la Caza de Ballenas - "cualquier
país miembro puede conceder
permisos autorizando la captura de
ballenas con motivo de investigación
científica".
Kazuo Watanabe manifestó su
"plena convicción"
de las ballenas deben ser preservadas
como recursos naturales. "La
cacería científica no
pone en peligro de extinción
a las ballenas", puntualizó.
20 de diciembre de
1999
Un ballenero contra
un barco ecologista
El barco factoría japonés
"Nisshin Maru" embistió
ayer por la tarde (6 de la mañana
en la Argentina) a la embarcación
de la organización Greenpeace
que navega cerca de la Antártida
y por debajo del océano Índico.
Por la embestida, se abolló
y se hizo un agujero en el casco del
MV Arctic Sunrise, el barco ecologista
- tripulado por activistas de distintas
nacionalidades - que intenta evitar
que la flota japonesa siga cazando
ilegalmente ballenas de la especia
Mike antártica dentro del santuario
ballenero austral.
22 de diciembre de
1999
Destrucción
del patrimonio forestal
El patrimonio forestal sufre, desde
hace muchos años, una destrucción
sistemática que ha puesto a
diversas especies en peligro de extinción
y ha trastocado el equilibrio ecológico
en múltiples áreas de
la geografía argentina. Un
ejemplo reciente de esto es la tala
ilegal de cipreses en el cerro Otto,
en la cercanías de Bariloche,
detectada por Gendarmería Nacional.
En 1914, el Primer Censo Forestal
daba cuenta de la existencia en la
Argentina de 105.888.400 hectáreas
de árboles nativos. En la actualidad
se estima que la superficie ocupada
por bosques nativos es de 44.975.117,
lo cual significa que se ha perdido
el 60% de los recursos forestales.
Un informe de la misma Dirección
de Recursos Forestales Nativos de
la Secretaría de Recursos Naturales
y Desarrollo Sustentable estima que,
de perseverar el actual ritmo de pérdida
y destrucción, que es de 850.000
hectáreas por año, en
el año 2036 nuestro país
se quedaría sin bosques nativos.
Esto demuestra que la preservación
del patrimonio forestal no ha sido
una preocupación de la autoridades
a lo largo del siglo. Es más:
todavía algunos funcionarios
provinciales intentan avala la deforestación
de amplias áreas y a la vez
descalifican cualquier defensa de
la naturaleza.
Por citar un caso, en Santiago del
Estero varias especies corren el riesgo
de desaparecer a raíz de la
tala indiscriminada y por la carencia
de medidas protectoras eficaces.
La depredación forestal es
una pérdida de riquezas que
serían explotables en forma
racional y genera daños a las
especies y los suelos de las zonas
afectadas y da lugar a beneficios
indebidos a los taladores, muchas
veces amparados en la desidia o la
conveniencia de autoridades.
22 de diciembre de
1999
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