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Las corporaciones
estadounidenses que se aprovechen
de la debilidad de los poderes judiciales
del mundo pobre podrán ser
condenadas por tribunales de este
país, si prospera en Ecuador
una demanda de agricultores e indígenas.
Trescientas mil personas denunciaron
a la empresa petrolera estadounidense
Chevron Texaco en Lago Agrio, en la
oriental provincia ecuatoriana de
Oriente, por envenenar su ambiente
y causarles enfermedades durante 21
años desde 1971.
Se trata de una demanda que recorrió
numerosos tribunales federales estadounidenses
en el pasado decenio, pero ahora recayó
sobre la justicia ecuatoriana en Lago
Agrio.
Lo peculiar del caso es que, en un
fallo sin precedentes, un tribunal
federal estadounidense, la Corte de
Apelaciones del Segundo Circuito de
Nueva York, se comprometió
en mayo a asegurarse de que ChevronTexaco
cumpla el fallo en caso de que la
empresa sea hallada culpable.
La Corte advirtió, incluso,
que remitiría la demanda a
algún otro tribunal estadounidense
si constata que los querellantes no
recibieron un trato justo en Ecuador.
Los querellantes aseguraron que ChevronTexaco
destruyó sistemáticamente
el ambiente de la localidad y dañaron
la salud de los residentes y del ganado
a través del vertido masivo
de fluidos tóxicos y petróleo
crudo hasta 1992.
No sólo está en juego
un reclamo de 1.000 millones de dólares
en compensaciones, sino el establecimiento
de un criterio según el cual
"las compañías
petroleras estadounidenses deberán
ser ambientalmente responsables si
quieren operar en el extranjero",
dijo el principal abogado de los demandantes,
Cristóbal Bonifaz.
ChevronTexaco sostuvo en reiteradas
oportunidades ante la justicia que
su subsidiaria Texaco Petroleum Company
(TexPet) pagó 40 millones de
dólares en 1998 para limpiar
los vertederos de residuos y otros
lugares contaminados que quedaron
en Lago Agrio luego del fin de las
operaciones en 1992.
También afirmó que
TexPet era socio minoritario en un
consorcio dirigido por la compañía
estatal PetroEcuador, y que la labor
de limpieza fue declarada satisfactoria
por el gobierno ecuatoriano en 1998.
ChevronTexaco también argumentó
que no violó ninguna ley vigente
en el periodo de operaciones, y que
una nueva ley --que sirve de base
a la demanda-- que obliga a las compañías
mineras a limpiar la contaminación
que ocasionan no puede aplicarse con
retroactividad.
Pero desde la óptica de los
abogados de la demanda, los antecedentes
de TexPet en la región son
particularmente negativos.
En 21 años la compañía
arrojó casi 500 millones de
barriles de agua residual que contenía
crudo y metales pesados cancerígenos.
También dejó casi 350
vertederos de residuos a cielo abierto,
algunos a pocos metros de la casa
de los residentes, que enfermaron
y mataron personas y animales, según
los querellantes.
Los basurales hoy cubren buena parte
de la región de la Amazonía
septentrional ecuatoriana, y su contenido
se ha filtrado en ríos y napas
subterráneas de los que depende
la población, asegura la demanda.
Los denunciantes también mencionaron
un estudio realizado por la Escuela
de Epidemiología de Londres
según el cual la incidencia
de cáncer había aumentado
varias veces respecto de la tasa histórica,
y que el cáncer de laringe,
en particular, es sufrido 30 veces
más que lo normal por los hombres.
Tres comunidades indígenas
--los cofan, los secoya y los siona--
sufrieron especialmente los daños.
Muchos de sus integrantes contrajeron
cáncer y murieron. La mayoría
de los ríos en sus tierras
ancestrales están tan contaminados
que muchos de los sobrevivientes
debieron mudarse.
La población de los cofan
cayó de 15.000 en 1971, cuando
comenzó la actividad petrolera
del consorcio en sus tierras, a menos
de 300 en la actualidad.
"Creemos que lo que Chevron-Texaco
hizo en la selva ecuatoriana no fue
solo negligente, sino temerario",
dijo a IPS otro de los abogados de
la demanda, Joseph Kohn.
24 de octubre de 2003
Jim Lobe - Fuente:
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