Informe especial
- medio ambiente: amparos y otras
herramientas juridicas para proteger
el medio ambiente. En la Defensoría
del Pueblo de la Nación se
reciben unas 200 denuncias por contaminación
o ruidos molestos al año. Pero
no son las únicas quejas presentadas.
Cada día, hay más casos.
Salen en defensa
de árboles como las lengas
y los ñires patagónicos,
de animales como los flamencos rosados
y las cigüeñas de Mar
Chiquita, o de las aguas contaminadas
del Delta del Paraná. Salen
para defenderse de ruidos, del smog
o de olores extraños que aparecen
en la ciudad de Buenos Aires. Salen
de sus espacios privados y acuden
a la Justicia para que su ambiente
se use de manera sustentable.
Ahora, los vecinos
ya no salen a quejarse con cacerolas
o para realizar protestas callejeras.
Saben que cuentan con varias herramientas
jurídicas y de participación
ciudadana que les permiten proteger
su derecho a vivir en un ambiente
sano, a defender su calidad de vida
y su derecho a la salud, como dice
la Constitución Nacional desde
1994. Según la Defensoría
del Pueblo de la Nación se
reciben cerca de 200 quejas ambientales
por año. La mayoría
vinculadas a problemas de contaminación
ambiental (especialmente en Dock Sud,
en el conurbano bonaerense), por ruidos
molestos o condiciones insalubres
del agua (como en el Riachuelo o el
Reconquista). Y, si bien los tiempos
judiciales son extensos, los vecinos
no se amedrentan. Insisten y consiguen
que las empresas privadas o los organismos
públicos los escuchen.
Entre las herramientas
jurídicas, "la más
usada es la acción de amparo,
que permite solucionar el planteo
antes de o cuando el daño ambiental
se produce", señaló
Andrés Nápoli, coordinador
del programa Control ciudadano del
medioambiente, de la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN),
que asesora gratis en el teléfono
4788-4266 (internos 221/ 222) a los
vecinos.
De esa acción
se valió José Barragán,
del barrio porteño de Constitución
cuando el año pasado se hartó
de los ruidos que vienen de la Autopista
25 de Mayo, por el paso de autos y
camiones. Si abre las ventanas de
su casa —casi pegada a la autopista—,
Barragán tiene que dejar de
hablar con su hijo y su mujer. Cuando
presentó la acción de
amparo, un juez de la ciudad de Buenos
Aires, Roberto Gallardo, resolvió
—en una decisión absolutamente
novedosa— convocar a todos los
vecinos que también se sintieran
afectados por el mismo problema. Se
presentaron más de 120 vecinos.
Mientras tanto,
la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad intimó a la empresa
AUSA —concesionaria de la autopista—
a colocar paneles sonoros para frenar
el ruido. El reclamo original de Barragán
ahora está en manos de Guillermo
Treacy, del Juzgado Contencioso, Administrativo
y Tributario Nº 3 de la ciudad.
En una audiencia
reciente en el juzgado, la empresa
reconoció el problema del ruido,
pero advirtió que, por la devaluación
del peso argentino, no podía
llamar a licitación para la
compra de pantallas acústicas.
Fuentes del juzgado informaron que
ya se nombraron peritos que realizarán
mediciones en la autopista.
"Las acciones
de amparo pueden ser herramientas
muy útiles, pero todo depende
de dónde caigan —opinó
el defensor adjunto de la ciudad,
Antonio Brailovsky—. No es lo
mismo que se presenten en la ciudad
de Buenos Aires, donde hay tribunales
nuevos, que en la justicia nacional,
donde los amparos incomodan".
Otros vecinos van
más lejos todavía. Deciden
presentar denuncias por daños
y perjuicios, como la de Carlota Sánchez
Aizcorbes, de la Fundación
Pro-Tigre. Esta mujer pide que el
Estado controle la contaminación
de las aguas del Delta por la llegada
de desechos cloacales e industriales.
"El Delta, en la zona de la Pista
Nacional de Remo, tiene una gran mancha
negra".
Según la
vecina, la contaminación se
produjo a raíz de un canal
aliviador en el que no se construyeron
cuatro plantas de tratamiento de residuos
cloacales. "Yo reclamo a la Justicia
que señale cuál es el
organismo público que debe
controlar el cumplimiento de las leyes
y que se hagan las plantas de tratamiento"subraya.
Otros 45 vecinos se sumaron a su reclamo.
Pero además,
existen otros instrumentos de participación
ciudadana. Uno es es el acceso a la
información pública.
"Para reclamar, todo vecino debe
estar bien informado", señaló
Nápoli. Este derecho a la información
"ya está regulado en Capital
Federal, Chubut, Jujuy y restringidamente
en la provincia de Buenos Aires".
La audiencia pública
también es otra opción.
Aunque no es vinculante y debe ser
convocada a nivel gubernamental. La
audiencia "sirve a los gobernantes
como un termómetro de la opinión
pública sobre un problema ambiental
antes de que se tomen decisiones",
según Nápoli. "El
año pasado, el gobierno porteño
organizó una audiencia para
discutir el proyecto de la aeroísla
en Capital Federal. Allí, decenas
de vecinos expresaron su rechazo y
las obras no se hicieron", comentó
Brailovsky.
Otras formas de
participación popular pueden
canalizarse a través de la
"iniciativa popular", por
la cual se juntan firmas de vecinos
y se elevan al Congreso a fin de que
se traten las propuestas. Esto sin
descontar el "presupuesto participativo",
aún sin reglamentación
en la Ciudad de Buenos Aires y que,
de sancionarse, permitiría
a los vecinos diseñar los presupuestos
anuales. "Las acciones de los
vecinos por su ambiente pueden no
tener un final favorable o implican
mucho esfuerzo —dijo Nápoli—,
pero son un verdadero ejercicio democrático".
23 de mayo de 2002
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