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Bolivia, el gobierno desarrolla una política antiecológica

El gobierno boliviano está desarrollando una política contraria y nociva a la preservación ambiental, a la biodiversidad y a la conservación de las áreas protegidas, denunció el Foro Boliviano sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE).

De manera sistemática, diversas reparticiones estatales están atentando contra el medio ambiente. Unas, cediendo a intereses de las transnacionales del petróleo y gas, están elaborando proyectos de ley y decretos, que abren de par en par las puertas de las áreas protegidas y los territorios indígenas para la explotación hidrocarburífera.

Simultáneamente, otras dependencias públicas han procedido a recortar al mínimo el presupuesto y los fondos con los que opera el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), guardián de estas regiones consagradas a preservar la biodiversidad y la riqueza natural, mientras paralelamente se ha procedido a reducir al mínimo el pago de la patente forestal, facilitando la irracional explotación de maderas y bosques.

"Con este panorama resulta evidente que las políticas gubernamentales tienen muy poco de ambientales. Sin embargo, con la mayor hipocresía, los partidos de gobierno esperan aprobar la propuesta de Ley de Áreas Protegidas, que es más bien la propuesta de legalización de actividades petroleras en estas áreas. Con ello intentarán distraer a la Cooperación Internacional pretendiendo mostrar hipócritamente que Bolivia conserva y protege su ambiente y sus áreas protegidas", dijo el presidente de FOBOMADE, Gabriel Herbas.

Leyes antiecológicas

Sobre las áreas protegidas, FOBOMADE considera que la acciones gubernamentales están creando mayor inseguridad y riesgos ambientales, priorizando por encima de toda consideración ambiental, los intereses petroleros. "La inseguridad jurídica con la que se manejan estas áreas se debe principalmente a la injerencia de leyes sectoriales cuyos objetivos en muchos casos son contrarios a la existencia de áreas protegidas".

Este es el caso, por ejemplo, de la propuesta de ley del Comité de Recursos Naturales de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que garantiza las actividades petroleras, asignando una patente por operaciones en áreas protegidas. "Esto no tiene ninguna base jurídica, ya que las petroleras no tienen derechos en áreas protegidas, puesto que la mayoría fueron creadas con anterioridad a la Ley de Hidrocarburos y en las diferentes normas de creación (leyes y decretos) se ha establecido que las actividades petroleras no son compatibles con la gestión de las áreas", aseguró Herbas.

Presiones sobre indígenas

Paralelamente, según FOBOMADE, las dependencias del Ministerio de Energía e Hidrocarburos y del Ministerio de Desarrollo Sostenible estarían presionando a las organizaciones indígenas para la aprobación del Reglamento de Operaciones Petroleras en territorios indígenas.

"Este proyecto de reglamento que ya debe tener unas 12 versiones desde 1996, fue concebido originalmente para minimizar los impactos de las actividades petroleras en las tierras comunitarias, garantizando amplios procesos de consulta y mecanismos de resolución de problemas y conflictos en territorios indígenas. Sin embargo, versión tras versión, el reglamento se ha ido reduciendo hasta la versión actual, donde se considera a los pueblos indígenas como ciudadanos de segunda categoría. Los derechos que todos los habitantes de este país tenemos establecidos en la Ley de Medio Ambiente, tales como derechos a la información oportuna, a ser consultados y/o rechazar los estudios de evaluación de impacto ambiental o las actividades que sean contrarias a la conservación del ambiente y los recursos naturales, a presentar denuncias y ser debida y oportunamente atendidos, son reducidos para los pueblos indígenas a la entrega de un capítulo de los estudios de evaluación de impacto ambiental, capítulo en el que ni siquiera se explicará la actividad que deberán tolerar y en caso de desacuerdo, igual se otorgará la licencia ambiental (permiso para realizar actividades con impacto ambiental) a la empresa solicitante".

Todo para las petroleras

Las acciones contrarias al medio ambiente también se detectan en un tercer decreto que está siendo gestionado por el Ministerio de Hidrocarburos, conjuntamente el Ministerio de Desarrollo Sostenible.

"Se trata del Reglamento de Coordinación Interinstitucional para Desarrollar Actividades Petroleras en Áreas Protegidas. Este proyecto de decreto, de manera contradictoria con la Ley de Medio Ambiente, entre otros aspectos, otorga competencias al Ministerio de Hidrocarburos inclusive para la declaración de Áreas Protegidas, para aprobar instrumentos de planificación, como son los planes de manejo, zonificacion y otros. Establece que cuando ambos viceministerios no lleguen a acuerdos será el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONAPES) la instancia que dirima y obligue al Viceministerio en desacuerdo a aceptar la decisión tomada. Todo ello complementado por el silencio administrativo pasado el plazo de 10 días. El silencio administrativo establece que cuando una instancia de gobierno no se pronuncia sobre algún aspecto, este queda automáticamente aprobado. Este mecanismo es frecuentemente utilizado en la aprobación de licencias ambientales, no solo por la falta de recursos humanos para continuar los procedimientos, sino también como parte de políticas estatales para viabilizar y priorizar actividades de determinados sectores económicos y de poder", advierte el FOBOMADE.

Más abusos

Una cuarta acción en contra de la biodiversidad, la preservación ambiental y la ecología se ha dado con la aprobación del Decreto No 27024 del 6 de mayo del 2003, que establece la reducción de la patente forestal definida en la Ley Forestal. El Decreto reduce la patente al pago sobre la superficie del área anual aprovechable (la ley establece que la patente es sobre el área de concesión) y una nueva tarifa en base a los costos administrativos del área aprovechada (la Ley establece el pago de un dólar por hectárea de concesión).

Según FOBOMADE, el contenido de este decreto ya fue rechazado por los sectores campesinos y la sociedad civil durante la anterior administración gubernamental por considerar que estaba vulnerando la Ley Forestal, favoreciendo en exceso a las empresas madereras y debilitando la escasa capacidad de fiscalización y control de la Superintendencia Forestal.

"Los informes de la Superintendencia Forestal muestran que hasta el año 2002 el monto en mora por el no pago de patentes de las concesiones forestales ascendía a 9 millones de dólares, y ahora, con la aprobación del proyecto de ley, bajo la forma de decreto, se incentivará a las empresas que no cumplieron sus obligaciones, cuando lo que corresponde es la reversión de la concesión".

"Al eliminar la patente sobre áreas no aprovechadas manteniendo el derecho concesional, se establecen formas de sentar principio de propiedad, sin aprovechamiento forestal utilizando la figura de la concesión", advirtió el presidente de FOBOMADE, quien cree que todas estas políticas están orientadas a favorecer los intereses económicos de las empresas petroleras y madereras en desmedro de la biodiversidad, el medio ambiente y los intereses de los pueblos indígenas y originarios.

17 de Julio de 2003

Fuente: Argenpress.info

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