Un equipo formado por técnicos e integrantes de las organizaciones Taller Ecologista (Rosario) y Mbiguá (Paraná) comprobó ayer que ya existen cultivos de sorgo y de soja en las islas de Victoria (Entre Ríos), y que el terraplén ilegal de la empresa holandesa Bema Agri SA, denunciado por pobladores y ambientalistas en 2008, ya llega a casi 20 kilómetros de longitud.

Durante un viaje, en el que filmaron incluso una retroexcavadora en pleno trabajo, el grupo registró el testimonio de pobladores que informaron que ya se habían efectuado fumigaciones en la zona, y que la empresa intentó obstruir el arroyo San Lorenzo Viejo, que limita con el predio de casi 10.000 hectáreas que adquirió la firma holandesa en las islas entrerrianas.

"Hemos comprobado que, además de sorgo, se ha plantado soja. Si continúa esta actividad, se iniciaría un proceso de pampeanización de los humedales del Paraná: este sería el mayor atentado a la fuente de agua más rica y de mayor prioridad para su preservación", señaló el abogado entrerriano Jorge Daneri.

Elba Stancich, de Taller Ecologista, explicó que "el objetivo del terraplén, que tiene unos 5 metros de altura, es regular el agua. Así impiden que ingrese durante las crecidas, de manera de tener pisos firmes para la siembra y cosecha. Los daños provocados por la obstrucción de cursos de agua alteran las condiciones hidrológicas del humedal; sumados a la fumigación y el cultivo intensivo, provocan impactos severos para la biodiversidad. Es evidente que las obras continuaron a pesar de la orden del gobierno entrerriano de paralizarlas. Es urgente que el gobierno intervenga, sancione a la empresa y obligue realmente a suspender las tareas hasta que esté elaborado el Plan Integral para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta (Piecas-DP), que se acordó con la Nación y los gobiernos de Santa Fe y Buenos Aires en septiembre de 2008".

Investigación

Ayer, las ONGs de Rosario y Paraná entregaron a los gobernadores Hermes Binner y Sergio Urribarri el documento "Islas del Paraná: la última frontera", en el que se expone cómo se dio el proceso de ocupación de los humedales del Delta y exigen también supeditar la renovación de los arrendamientos hasta que no esté elaborado el Piecas-DP.

La ley de arrendamiento de Entre Ríos, señala la investigación, lejos de responder a la necesidad de un ordenamiento territorial, legitimó y profundizó el proceso de ocupación de las islas, y fue aprobada sin un mínimo conocimiento sobre la situación de las islas, ni fijó reparos sobre las funciones vitales del ecosistema y los impactos derivados de su uso.

Fuente: La Capital

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