La causa sobresale en el corazón de la ciudad: la chimenea de una
planta de fundición de metales escupe nubarrones negros. Desde hace más
de 80 años, un complejo metalúrgico emite agentes tóxicos, pero el
gobierno sigue sin considerar su cierre.
La percepción sensorial es confirmada por el gerente de Fiscalización
Minera del Ministerio de Energía y Minas, Luis Saldarriaga: 1,5
toneladas de plomo y 810 toneladas de dióxido de azufre emanan
diariamente de la chimenea del complejo metalúrgico administrado desde
1997 por la compañía estadounidense Doe Run.
Las emanaciones de dióxido de azufre exceden en cuatro veces lo
permitido por la legislación peruana, que es de 175 toneladas métricas
por día. La inhalación de este compuesto afecta las vías respiratorias
y puede producir bronquitis. Cuando este subproducto de la producción
de ácido sulfúrico entra en la atmósfera es el principal causante de la
lluvia ácida.
Este centro de producción ubicado 180 kilómetros al este de Lima y a
3.300 metros sobre el nivel del mar, inició sus operaciones en 1922,
bajo la administración de la empresa estadounidense Cerro de Pasco
Corporation. Luego, en 1974, pasó a manos de la estatal Centromín Perú
y desde 1997 es operada por la compañía Doe Run, cuya sede principal
está en Missouri, Estados Unidos.
El gubernamental Consejo Nacional del Ambiente reveló que la fundición
es el principal emisor, causante de 99 por ciento de los gases tóxicos
que se respiran en esta ciudad. En la planta se procesan hasta 20
productos metalúrgicos, entre los que se destacan cobre, plomo y zinc.
Pocos viven de la agricultura. La mayoría de sus 35.000 habitantes
dependen directa o indirectamente de la planta de fundición. Las
principales fuentes de empleo son el comercio generado por este emporio
de los minerales, los programas de asistencia social de la empresa, y
los 4.000 puestos de trabajo de Doe Run.
Paralela al crecimiento de la dependencia económica de la fundición,
también se ha incrementado la presencia de agentes tóxicos. En 2001, el
gobierno peruano consideró a esta ciudad como una de las 13 más
contaminadas del país. Y hace pocas semanas, fue incluida entre las 10
urbes en esa categoría a nivel mundial, por el no gubernamental
Instituto Blacksmith, organización conservacionista con sede en Nueva
York.
Los menores de edad no escapan al polvo plúmbeo que invade el aire, las paredes y el suelo.
Estudios médicos, como los efectuados por la no gubernamental
CooperAcción en 1999 y 2003 y por la universidad estadounidense
Missouri- Saint Louis en 2005, revelan que la mayoría de los menores de
seis años de edad superan en promedio los 40 microgramos de plomo por
litro de sangre, cuatro veces más de los 10 microgramos que establece
como límite la Organización Mundial de la Salud.
Doe Run tuvo que admitir esta realidad cuando en 2004 realizó un censo
de la contaminación sanguínea en convenio con el Ministerio de Salud.
De los 788 niños examinados, sólo uno no superaba los 10 microgramos de
plomo por litro de sangre.
Irene Caso Huerta es la mayor prueba de esta convivencia perversa. A
sus 32 años tiene seis hijos, cuatro de los cuales tienen plomo en
concentraciones que van desde 33 hasta 91 microgramos por litro de
sangre. La cifra tope la tiene el menor de todos, Stuart, de un año y
medio, cuya estatura es inferior a la de un niño de su edad y quien
padece de desnutrición crónica, aunque se muestra sumamente
hiperactivo.
"Mis hijos son normales. No son "mongólicos" ni tartamudos, como dicen
las organizaciones no gubernamentales (ONG). Mi Stuart incluso es muy
travieso, sólo se enferma del estómago", cuenta Irene en su intento de
ocultar su preocupación y explicar lo que ella reconoce como parte de
la rutina de este pueblo.
"Yo nací aquí y debo estar más "emplomada" que ellos", dice señalando a
la chimenea que forma parte de los símbolos de La Oroya. Irene vive en
la zona más afectada de la ciudad, La Oroya Antigua, a pocos metros de
la fundición. La mujer repite ideas que se mezclan en el ambiente como
una partícula de metal pesado.
Maribel Chávez, de la ONG peruana CooperAcción, desmiente con
vehemencia que su institución informe que los menores con plomo se
vuelvan "mongólicos", mientras el alcalde en funciones de La Oroya
hasta fines de diciembre, Clemente Quincho, aprovecha la confusión para
minimizar el problema: "Como ves, quieren bajar la autoestima de los
pobladores", comentó.
El médico Hugo Villa, quien ha atendido estos casos en el único
hospital del estatal Seguro Social que existe en La Oroya, explica que
la hiperactividad también es un síntoma de los altos niveles de plomo,
"porque lo que hace el metal es modificar el metabolismo de las
neuronas. Esto, además, puede generar dificultades en el aprendizaje.
No sólo se manifiesta en decaimiento, dolor de cabeza o males
respiratorios".
Sobre esto último, un estudio epidemiológico efectuado entre 2004 y
2005 por el Ministerio de Salud demuestra que 50 por ciento de los
menores de la región de Junín sufren de asma.
Desde la esfera política, la preocupación por lo que sucede en esta
ciudad ha originado que en el Congreso legislativo se busque aprobar
una moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, Juan
Valdivia. Y desde la sociedad y algunas instancias gubernamentales y
privadas se trabaja en un plan de acción para mejorar la calidad del
aire de La Oroya, que no conoce los colores del arco iris, sólo el gris
en todas sus escalas.
El Tribunal Constitucional, la máxima autoridad judicial, ha recomendado en una sentencia que se ejecute ese plan de acción.
Sin embargo, no pasa por la cabeza de las autoridades del gobierno
central la paralización del complejo metalúrgico, debido a que
aproximadamente 50 por ciento de lo que recauda el Estado en impuesto a
la renta proviene del sector minero. Doe Run compra anualmente
concentrados de metal a 30 mineras de la zona centro y sur del país,
por un valor promedio de 432 millones de dólares..
Además, es probable que la mayoría de los pobladores no respaldaran
semejante medida. "¿Cómo saco a mi familia de acá sin trabajo? Las
tierras están "muertas", ¿qué vamos a sembrar?", pregunta Ronald Parra,
de la organización civil Frente de Desempleados, cuya pequeña hija
sufre una contaminación que supera los 30 microgramos de plomo por
litro de sangre, y no obstante guarda la esperanza de que Doe Run lo
contrate.
La sola idea de que el complejo cierre sus puertas llevaría a la
población a las calles a protestar, como sucedió en diciembre de 2004,
cuando Doe Run advirtió su retirada si el Estado no le ampliaba el
plazo para la construcción de una planta de ácido sulfúrico con la que
cumpliría el plan ambiental al que se había comprometido en 1997. El
Estado terminó cediendo y Doe Run prometió culminar sus compromisos ya
adquiridos, además de otros, en 2009.
Pero no todos piensan como Irene o Ronald. Hay dirigentes sociales como
Eduardo Mayta que hablan de derechos. Él es parte de la minoría. "La
empresa se acuerda de la propiedad privada cuando el Estado le reclama.
Y cuando el polvo del plomo cae en nuestras casas, ¿acaso respetan
nuestra propiedad privada? ¿O los derechos de Doe Run son más
importantes que los nuestros?", cuestionó Mayta.
Como paliativo, el proyecto para mejorar la calidad de aire de La Oroya
incluye una serie de medidas con el fin de proteger la salud de los
pobladores, como la habilitación de un plan de contingencia durante las
horas de mayor emisión de contaminantes, el cual se encuentra en pleno
proceso de consulta entre la población, que se muestra temerosa y
desconfiada.
Los rumores no paran de circular. Entre la gente existe el miedo de que
el uso de máscaras (tapaboca y nariz) en las horas en que la
contaminación es más intensa termine por colocar a la ciudad en
cuarentena, espante a los visitantes y, por lo tanto, perjudique el
comercio.
El Consejo Nacional del Ambiente (Conam) ha comenzado a informar a la
población sobre la importancia del plan de contingencia para romper con
los mitos. "Les hemos dicho que la salud de los niños no es negociable
y que ellos mismos decidan sobre las medidas de protección que quieren
adoptar", dijo la jefa de la Unidad de Cambio Climático y Calidad del
Aire del Conam, Patricia Iturregui.
Mientras se buscan los consensos, la contaminación continúa. Fausto
Roncal, director de Ecología y Protección del Ambiente de la estatal
Dirección General de Salud Ambiental, reveló a que si el plan de
contingencia hubiese sido aprobado, tendría que haberse declarado a La
Oroya en estado de emergencia hasta 11 veces sólo en octubre, y en 15
oportunidades en noviembre, por las altas cantidades de emisiones de
dióxido de azufre.
El presidente de Doe Run Perú, Juan Carlos Huyhua, aseguró que hasta
hace pocos años la legislación ambiental sólo hacía énfasis en los
límites máximos permisibles y no en el control del riesgo a la salud.
"La empresa, por el contrario, ha tenido una actitud proactiva con
programas de salud", señaló, al tiempo que aseguró que se han reducido
los niveles de plomo en los trabajadores, y responsabilizó a Centromín
Perú de ser causante de la contaminación acumulada de este mineral
tóxico.
Según un informe de Doe Run, las concentraciones de plomo de los
trabajadores de la planta de La Oroya disminuyeron 34,27 por ciento
desde octubre de 1997 a septiembre de 2006.
Huyhua no mencionó que en la planta de fundición de plomo que tiene Doe
Run en el estado de Missouri, Estados Unidos, las emisiones son 20
veces menores que en la de Perú. En los Andes peruanos, los controles
para la protección de la salud son bastante más laxos.
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Capitalismo y cipayaje Escrito por Invitado el 2009-09-16 08:12:30 Los habitantes de La Oroya están condenados desde su propio nacimiento. Es lamentable su destino cruel por culpa de sus cipayos gobernantes...
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