Activistas de Greenpeace caracterizados como "locos de la motosierra"
reclamaron a los diputados que sancionen la Ley de Bosques, que decreta
la emergencia forestal a nivel nacional y establece una moratoria a los
desmontes en todo el país, dentro del paquete de leyes que podrían
tratarse este miércoles.
El proyecto de ley decreta "la emergencia forestal a nivel nacional y
establece una moratoria a los desmontes hasta tanto cada provincia
desarrolle un ordenamiento territorial en sus bosques nativos, para que
el territorio sea utilizado de manera racional, compatibilizando las
necesidades sociales, económicas y ambientales y estableciendo un
régimen que establezca los presupuestos mínimos para la protección de
los bosques nativos".
El reclamo fue impulsado por una decena de activistas de Greenpeace
que, caracterizados como el psicópata de la motosierra, parodiaron
frente al Congreso Nacional la desquiciada situación de desmontes
irracionales que padecen los últimos bosques nativos, a una tasa que
triplica la media mundial.
Junto a los activistas, Greenpeace colocó dos carteles en los que
denunció que, en la Argentina, se "desmonta un árbol por segundo" y
otro en el que reclamó "Paren los desmontes. Ley de Bosques Ya!".
La ley de bosques fue impulsada por Greenpeace y otras organizaciones
ambientales, como la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales, y es promovida por el diputado
kirchnerista Miguel Bonasso.
"Este proyecto de ley es prioritario para mi gestión como presidente de
la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Cámara de
Diputados de la Nación. Esta ley es imprescindible para el beneficio de
las generaciones futuras", sostuvo Bonasso, quien reclamó el urgente
tratamiento de la ley.
El Gobierno Nacional, en su Informe Geo Argentina 2004, consideró que
"la Argentina se encuentra en estado de emergencia forestal y si se
mantiene la meta de llegar a los cien millones de toneladas de
producción de granos, tendría que extenderse la frontera agropecuaria
entre 12 y 15 millones de hectáreas, con lo que en los próximos años
estaríamos convirtiendo a la actividad agropecuaria el 50 por ciento de
la actual cobertura de bosques nativos".
"Los conflictos sociales asociados a los desmontes son cada vez más
frecuentes en el norte de nuestro país. Cientos de campesinos e
indígenas son desalojados por las topadoras, y en muchos casos se
otorgan permisos para desmontar en zonas tradicionalmente habitadas.
Para que esto deje de suceder necesitamos imperiosamente cambiar la
legislación vigente y aumentar los controles", señaló Hernán Giardini,
coordinador de la campaña de Biodiversidad de Greenpeace Argentina.
La norma establece diez criterios ecológicos y categorías de
conservación que apuntan a planificar las actividades forestales,
agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del
bosque nativo, y establece como prioritarios cuidar a los bosques que
actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.
"El ordenamiento ambiental que propone la ley es un instrumento de
política ambiental nacional cuyo objetivo es regular el uso del suelo y
las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del
medio ambiente a partir del uso sustentable de los bosques nativos,
tras una evaluación de las unidades presentes en cada provincia",
explicó Juan Carlos Villalonga, director Político de Greenpeace
Argentina.
Fuente: Greenpeace
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