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Publicado por Paula Lego   
sbado, 07 de mayo de 2005
"Para nosotros, el cambio climático es más catastrófico que el terrorismo", aseguraba en nombre de los 48 países menos desarrollados del mundo el delegado de Tanzania en la décima conferencia de la ONU sobre cambio climático, celebrada el pasado mes de diciembre en Buenos Aires. Paradojas, los países pobres son, en efecto, los que menos contribuyen al cambio climático, pero los que más sufren sus efectos.

El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), un organismo auspiciado por Naciones Unidas que agrupa a más de 2.000 científicos de todo el Mundo, ya advertía en 2001 que "los efectos más dañinos del cambio climático se esperan en los Países en Vías de Desarrollo" (PVD) y auguraba "incrementos en las enfermedades, hambrunas y pobreza en África" a consecuencia del mismo. Un fenómeno al que el IPCC atribuye en gran parte el aumento en las temperaturas que ha generado en los últimos años un incremento del 337 por ciento en los casos de malaria en las regiones montañosas de Ruanda. "Estamos creando una especie de apartheid climático donde los más pobres y los de piel más oscura pagan el precio más alto -con su salud, sus tierras y, en algunos casos, con sus vidas- por el despilfarro de carbono por los ricos", asegura Soumitra Ghosh, del Foro Nacional de Pueblos de los Bosques y Trabajadores Forestales de India.

Una división lógica

Conocidos en el Protocolo de Kyoto como "países ‘no miembro’ del Anexo 1", los PVD no están obligados a alcanzar unos objetivos de reducción de emisiones -como sí se les impone a las naciones desarrolladas- y basta tan sólo con que informen sobre sus niveles de emisión y desarrollen programas para reducirlas. La lógica de esta división es simple: los países industrializados son los principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero, que genera el calentamiento global. La crítica de esta distinción es, precisamente, uno de los argumentos de los sectores más reacios a Kyoto. "¿Por qué ratificar o cumplir con Kyoto -preguntan- si China (segundo contaminador mundial) o India (quinto) no están también obligadas a reducir sus emisiones?".

Este argumento, sin embargo, no tiene en cuenta dos importantes matices. En primer lugar, situar a India y a China como segundo y quinto contaminador mundial, aún siendo un dato cierto, supone contar sólo media verdad. La otra media es que ambos son países en plena expansión económica y, sobre todo, tremendamente poblados (totalizan unos 2.400 millones de habitantes, un 37 por ciento de la población mundial). De hecho, si se calcula la contaminación por habitante, en vez de hacerlo por Estado, se observa que la emisión en Estados Unidos supera las 20 toneladas anuales, mientras que la de India es de 1 tonelada y la de China de 2,2. Todo esto sin contar que, más allá de estos dos países, la mayoría de los PVD apenas tienen industria o consumo con los que contaminar.

Además, desde el principio se concibió Kyoto como un primer paso en la lucha contra el cambio climático, de forma que pocos dudan que, una vez pase el horizonte de 2012 (año tope para que los países desarrollados reduzcan sus emisiones un 5,2 por ciento respecto a sus niveles de 1990), al menos algunos de los países en vías de desarrollo tendrán que comprometerse también a bajar sus niveles de polución. Será entonces cuando el deterioro medioambiental al que indudablemente contribuyen las "locomotoras" china e india deje de ser una coartada para los países desarrollados a la hora de asumir sus responsabilidades en la contaminación de la atmósfera.

Kyoto: ¿beneficio o perjuicio?

En principio, la entrada en vigor de Kyoto beneficia al conjunto de países pobres adheridos el Protocolo. Además de que obliga a los países desarrollados a controlar sus emisiones, permite a los PVD recibir en su territorio proyectos ecológicamente sostenibles o nuevas plantaciones de árboles por medio de los mecanismos de desarrollo limpio, que permiten a los "países ricos" contabilizar como propias las reducciones de emisión que generen los proyectos que financien en países "pobres".

Pero no es oro todo lo que reluce en Kyoto. Las plantaciones a gran escala de árboles presentan muchas dudas. Dado que las masas forestales absorben CO2, los países pueden descontar un porcentaje de su reducción de emisiones realizando estas plantaciones, si quieren, en otro país. Sin embargo, para la mayoría de grupos ecologistas, el recurso a las plantaciones supone una amenaza para las comunidades allí instaladas (que además se ven obligadas a explotar otras áreas forestales para satisfacer sus necesidades, con el consiguiente impacto ambiental), y para los propios ecosistemas, pues se realizan monocultivos de aquellas especies que absorben más carbono o resisten durante años, aunque esto genere una grave pérdida de biodiversidad o ayude a la deforestación. Además, se permite plantar árboles manipulados genéticamente, algo que, para Anne Petterman, del proyecto de Justicia Ecológica Global, "abrirá una caja de Pandora de impactos que ni podemos adivinar".

Por su parte, el fomento de proyectos "limpios" en países en vías de desarrollo pagados por las naciones industrializadas ofrece una cara y una cruz. Por un lado, puede ayudar a transferir tecnologías menos contaminantes a países con una pésima eficiencia energética, pero, por otro, es fácil que los proyectos se adapten más a los intereses económicos del exportador que a los del país receptor. De hecho, amparados bajo el manto de Kyoto, algunos proyectos simplemente persiguen la venta de tecnología no deseada a países sin recursos, como recuerda la ONG ecologista Greenpeace.

La atmósfera es un bien común, pero las diferencias a la hora de contaminarla, y de sufrir las consecuencias de ello, son abismales. Los países industrializados, que también se juegan mucho en el envite, tienen de momento la responsabilidad de cumplir con Kyoto, para luego avanzar mucho más allá del Protocolo, ya junto al resto de países. Se trata de evitar que, una vez más, pierdan siempre los mismos en una partida en la que no han recibido cartas.
Fuente: Agencia de Informaciones Solidarias

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