Es
muy poco probable, sino imposible, que el emprendimiento de grandes
obras no traiga aparejado un sinnúmero de críticas provenientes de los
más variados sectores de la sociedad, y más aún si quien lleva adelante
las mismas es el gobierno de un estado.
Si bien este no es el caso de la instalación de
las plantas de Ence S.A. y Botnia S.A. en la República Oriental del
Uruguay, emprendimientos privados que son el resultado de las políticas
de inversión llevadas adelante por el Banco Mundial, el Estado uruguayo
se ha involucrado de tal forma que parecería ser un miembro más del
directorio de aquellas empresas.
Quizás haya que retrotraerse algunos años para intentar encontrar la
punta del ovillo que permita ir desentramando los problemas
ambientales, sociales, económicos y políticos que se han tejido
alrededor de la construcción de las dos plantas para la elaboración de
pasta de celulosa y procurar alcanzar algunas respuestas desde una
visión de interacción universal, pretendiendo relacionar todo con todo.
Ambas empresas no son nuevas en aquel país: Ence S.A. opera en el
Uruguay desde el año 1991 a través de Eufores S.A., y Botnia S.A. lo
hace desde 2000 bajo el nombre de Fosa S.A. (Forestadora Oriental
S.A.). Esto ayudará en lo sucesivo a pensar el efecto de lugar y el
jugoso resultado que los lobbystas de ambas empresas -y del Estado
uruguayo- han logrado obtener haciendo uso de las rentas de relación.
Aquella punta del ovillo a la que hice referencia parecería encontrarse
en la aplicación de ciertas políticas de inversión en el campo de la
forestación por parte del Banco Mundial en la República Oriental del
Uruguay y que comenzaron hace casi veinte años. Por aquel entonces
vastas regiones del territorio uruguayo muy aptas para otros cultivos
fueron forestadas, y el monocultivo del eucaliptus (eucaliptus
globulus) hechó sus primeras raíces. Los habitantes de varios
departamentos del vecino país, principalmente Soriano y Río Negro,
asistieron a un rápido proceso de concentración de las tierras en manos
de unos pocos que las adquirieron a precios módicos incentivados por
los beneficios crediticios que con excelentes tasas de financiación
ofrecieron algunas entidades bancarias que, por otro lado, contaban con
la aprobación y el visto bueno del Banco Mundial.
El proceso comenzó a ponerse en marcha sin que aparentemente nadie
prestara mayor atención al mismo, salvo por el esporádico reclamo de
algunos habitantes que alertaban acerca de una creciente
extranjerización en su zona y a unas pocas ONGs ambientalistas que
abrían el paraguas respecto del futuro peligro que ese tipo de
monocultivo acarrearía. Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca hacía oídos sordos a esos reclamos y continuaba
alentando las inversiones privadas en materia forestal.
Las plantaciones fueron creciendo y hoy ocupan una superficie que
supera las 100.000 hectáreas. Es evidente que ya por aquel entonces en
la mente de algunos empezaba a tomar forma y a cobrar fuerza el
proyecto de las plantas de pasta de celulosa. Hoy es prácticamente
imposible negarlo, máxime teniendo en cuenta que la Ingeniero Rosario
Pou, vicepresidente de Ence S.A., es cuñada del ex presidente uruguayo
Luis Alberto Lacalle. Un clarísimo ejemplo de cómo las cadenas de poder
fueron armando lentamente la trama de lo que actualmente se ha
convertido en un conflicto donde las expresiones territorialidad y
territorializaciones -entendidas como el requerimiento que un actor
determinado tiene de sumar absolutamente todos los recursos
disponibles- cobran su sentido más lógico y coherente.
A partir de entonces el pueblo uruguayo fue víctima de una fidelización
con respecto al tema de las papeleras. En tanto los cultivos de
eucaliptus crecían, las empresas se encargaron de eliminar lentamente
todos aquellos elementos impredecibles que pudiesen llegar a
interponerse al momento de efectuar el anuncio de la construcción de
las dos plantas. Paso a paso lograron fidelizar a la mayoría de los
pobladores, garantizando así las rentas de relación.
Por otro lado no caben dudas respecto a que tanto Botnia S.A. como Ence
S.A. están inscritas en la categoría a la que Manuel Castells definió
en su momento como aquellas que cuentan con la suficiente capacidad
como para cambiar las pautas establecidas aún por los propios Estados.
No en vano los operadores lobbystas se mueven hasta en las entrañas
mismas del poder y su fuerza es de tal magnitud que consiguen activar
mecanismos mediante los cuales las naciones aceptan firmar tratados y
acuerdos que muchas veces resultan humillantes.
Así, y sin entrar en mayores detalles al respecto, es posible advertir
en el caso de Botnia S.A. un claro ejemplo de aquello que muchos
geógrafos han dado en llamar territorialidades superpuestas. Esta
multinacional se dio el lujo de presionar al gobierno uruguayo para que
firmase un tratado específico con Finlandia, condicionando así la
construcción de su gigantesca planta a la aceptación previa de un
acuerdo entre Estados. Entre otras cosas ese tratado estipula que en la
planta de Botnia, propiedad del Estado Finlandés, nadie va a revisar
nada ni a tocar nada. Y si bien al uso del término geopolítica lo
encontramos ligado estrechamente a la existencia de territorialidades
en competencia, esto es a la existencia misma de los estados
nacionales, vemos que no puede quedar reducido solo a eso. Y es que va
mucho más allá y se pone totalmente de manifiesto en el caso de las
papeleras. Es claro observar la presencia de una multiplicidad de
agentes a través de los cuales es factible demostrar que lo geopolítico
supera las relaciones internacionales de los Estados.
El tratado entre Finlandia y Uruguay contempla los mecanismos válidos
para promover y proteger las inversiones finlandesas en Uruguay y las
uruguayas en Finlandia. Seguramente los uruguayos podrán gozar, algún
día, de todos los privilegios que estipula el acuerdo cuando inviertan
en Finlandia; pero mientras tanto será el grupo Botnia quien goce de
los mejores beneficios. Según lo firmado por ambas naciones las
inversiones realizadas no pueden expropiarse ni nacionalizarse.
También se contempla la indemnización por las pérdidas que sufran los
inversores en el caso de guerra, estado de emergencia nacional,
revuelta, insurrección o manifestaciones. Todo, absolutamente todo,
parece estar previsto. Hasta las probables manifestaciones contra la
más que segura contaminación de las aguas del río Uruguay.
Tanto Ence S.A. como Botnia S.A. son grupos empresarios que responden a
los intereses de la economía capitalista. Por lo tanto es absolutamente
lógica la necesidad que estas empresas tienen de acondicionar y
reacondicionar aquellos lugares de producción y reproducción,
transfiriendo a los Estados y a cualquier precio, todo aquello que
pueda influir negativamente en su tasa de ganancia. Son monstruos
gigantescos que no dudan en apelar al sometimiento o a la aniquilación
para poder desarrollar sus estrategias transformadoras y a la vez
creadoras de aquellas condiciones de posibilidad necesarias para su
propio desarrollo.
Cuando desde el gobierno y a través de los medios masivos de
comunicación se explican como son y como deben ser algunas cosas, se
mitifica a gran parte de la sociedad. Se empieza a admitir
incondicionalmente, como una verdad absoluta, la veracidad de esos
relatos que la mayoría de las veces ocultan la realidad. Algo de eso ha
ocurrido, y nosotros lo sabemos muy bien, con el mito de las
inversiones extranjeras. Y a los uruguayos parece estar sucediéndoles
lo mismo. De los 1.200 millones de dólares de inversión que promete
Botnia S.A., casi 1.000 millones saldrán hacia Finlandia por la compra
de máquinas y servicio técnico. Solamente 200 millones se invertirán en
Uruguay.
Cuando las plantas entren en servicio ocuparán no más de 500
trabajadores entre ambas (Botnia ha probado que con ocho operarios
monitoreando los paneles de control puede mantener en funcionamiento su
planta). Entonces, ¿dónde quedará la promesa de nuevos puestos de
trabajo?...
Por todo lo expuesto es fácil imaginar que nunca estuvo en la mente de
los finlandeses de Botnia S.A. ni de los españoles de Ence S.A.
construir sus plantas en la República Argentina. De hecho los españoles
operan ya desde hace un tiempo una propia terminal logística, llamada
M'Bopicuá, a 15 km de la localidad de Fray Bentos. Como si todo esto
fuese poco, el futuro puerto y la planta de Botnia S.A. se encontrarán
dentro de un área de zona franca, por lo que las exenciones impositivas
están ampliamente garantizadas por el Estado uruguayo.
A decir verdad, cuando los entrerrianos se enteraron de la construcción
de las plantas, ya era demasiado tarde. La experiencia contaminadora de
las papeleras ya había surgido con anterioridad en la Argentina (basta
como ejemplo Alto Paraná, en la provincia de Misiones), y lo que no
sabían con certeza era el grado de contaminación que las nuevas plantas
uruguayas podrían alcanzar. La Unión Europea prohíbe toda nueva
construcción de plantas de celulosa con la tecnología que aplicarán las
de ENCE S.A. y Botnia S.A., con lo cual los gobiernos europeos están
aceptando el alto poder contaminante de las mismas. Los habitantes de
Gualeguaychú y zonas aledañas tienen argumentos muy sólidos y valederos
para justificar ampliamente sus protestas.
Ahora bien, ¿Cómo y porqué se involucraron el Gobierno de la provincia de Entre Ríos y el Gobierno Nacional en el asunto?
En mi modesta opinión el gobernador de la provincia de Entre Ríos se
sumó al reclamo más por una cuestión política que por un legítimo
reclamo ambientalista. A comienzos de 2005, al igual que en todo el
país, se vivían momentos electorales en Entre Ríos. No solamente
estaban en juego las bancas de diputados y senadores a nivel nacional,
sino que a nivel local el condimento adicional era la consulta por la
reforma de la Constitución de la provincia de Entre Ríos. El triunfo
del sí, impulsado por el gobernador Jorge Busti, traería aparejada
automáticamente, entre otras cosas, la posibilidad de su futura
reelección. Así, la cuestión ambiental se transformó de la noche a la
mañana en una cuestión política: la nueva Constitución Provincial
abriría las puertas a la aprobación de todo un paquete de nuevas leyes
de protección del medio ambiente. La consigna oficialista pasó a ser
"NO a las papeleras, SÍ a la reforma", y gigantescas pintadas en las
paredes de todas las ciudades entrerrianas confirman todavía este
argumento.
El triunfo de los candidatos oficialistas y del sí a la reforma
determinaron que la cuestión de las papeleras se transformara en el
tema prioritario. Imposible dar marcha atrás cuando la mayoría del
pueblo entrerriano levantaba las banderas ecologistas encolumnado
detrás de la lucha a cuyo frente se hallaban las máximas autoridades
provinciales.
La gravedad de las acusaciones y el tono de las discusiones hicieron
que el tema se saliera de sus carriles normales. Las autoridades de
Entre Ríos se vieron desbordadas y alguno de los asesores de turno
sugirió llevar la demanda a la Corte Internacional de La Haya. Para
entonces el problema ya había trascendido los límites provinciales y
llegaba a las más altas esferas del poder, incluido el Sr. Presidente
de la Nación, quien intentaba por todos los medios desdramatizar el
tema y poner paños fríos al asunto diciendo que el tema de las
papeleras "...no era una cuestión política. Era solo un problema
ambiental".... Pero, ¿Cómo soltarle la mano al mandatario entrerriano,
un ex menemista que ahora había jugado a su favor apoyando a los
candidatos pertenecientes al Frente para la Victoria?
Los pasos a seguir para poder hacer una presentación de tamaña magnitud
como la que sugerían los hombres del gabinete entrerriano ante un
tribunal internacional no serían para nada sencillos, aunque tampoco
imposibles. El gobernador Busti tuvo que suspender sus vacaciones en
Cariló para viajar a su provincia, donde la Legislatura Provincial
debió sesionar y aprobar en forma urgente un decreto solicitando a las
autoridades nacionales la presentación del problema ante la Corte de La
Haya. El trámite de aprobación fue muy rápido y contó con el voto
favorable de muchos miembros de la oposición, quienes ante las más
variadas versiones salieron al cruce argumentando que su apoyo estaba
absolutamente ligado al legítimo reclamo del pueblo entrerriano, pero
que no significaba apoyo alguno a la gestión de gobierno que se estaba
llevando a cabo en la provincia.
Ahora la cuestión se ha trasladado a las bancas de los señores
legisladores nacionales. El gobernador de Entre Ríos ha encontrado la
mágica solución de hacer un pase de manos y salir airoso del problema
por él planteado, sea cual fuese el futuro que tomen las negociaciones,
prospere o no el pedido de presentación ante un tribunal internacional.
Hasta se ha dado el lujo de solicitarles a los vecinos de la ciudad de
Gualeguaychú que traten de bajar los decibeles de sus protestas.
En tanto, el tiempo transcurre. Y tiempo es lo que las empresas
papeleras necesitan para seguir avanzando con sus obras. Porque entre
dimes y diretes la construcción de las plantas continúa a pasos
agigantados.
Ecología, medioambiente, economía y política. Intereses que se ponen en
juego y distintas matrices discursivas. Problemas glocales, condiciones
de reproducción de la vida humana. Ecogeosistemas al fin. El problema
de las papeleras y su propio ecogeosistema. Un ejemplo de relación
capitalista, relación capital-trabajo-producción.
¿Inversiones legítimas? ¿Protestas fundamentadas? ¿Aprovechamiento
político del asunto? ¿Inescrupulosos de turno?... Todo, absolutamente
todo es válido cuando hablamos de analizar un problema geohistórico
real contemporáneo como el que nos ocupa. El conflicto está planteado y
los cambios que el mismo generará son, de hecho, ineludibles. Y como en
todo sistema complejo es imposible no asistir a una combinación de
relaciones entre naturaleza y cultura. Las contradicciones lógicas y
las oposiciones planteadas en el tratamiento del tema de la
construcción de las plantas de pasta de celulosa nos ponen en evidencia
la existencia de un sistema conflictivo, un sistema dialéctico. Un
claro y típico ejemplo donde se pone de manifiesto la dialéctica del
desarrollo desigual, combinado, contradictorio y complejo.
Carlos Daniel Abasto
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