No nos confundamos. Cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) habla de un "ambiente favorable", se refiere a los negocios, a un ambiente favorable para la inversión extranjera directa, por medio de las operaciones de bolsa, o indirecta, a través de las operaciones de compañías transnacionales. No está considerando la protección a los recursos naturales ni beneficios sociales en los países que extorsiona para cumplir sus recetas.

Las esporádicas referencias al medio ambiente en sus préstamos, donaciones, documentos y estrategias, son funcionales a sus clásicas recetas basadas en programas de ajustes y estabilización, que bien aplicados, nos deben conducir al desarrollo sostenido, entendido claro está, en términos de crecimiento continuo del Producto Bruto Interno. El FMI sigue creyendo, o insiste en hacernos creer que hay un círculo mágico o "virtuoso" en el cual el crecimiento económico "sostenido" reduce la pobreza e incrementa los recursos disponibles para mejorar el medio ambiente. Círculo que además, se retroalimenta por sí mismo. Algo así como la mano invisible de Adam Smith.

El mismo FMI confiesa que no tiene en cuenta problemas ambientales ya que está limitado por su mandato y por la poca preparación de su personal en tales temas. Esta institución argumenta especializarse "solamente en temas referentes a políticas macroeconómicas, monetarias, comerciales y fiscales a nivel nacional e internacional", y que son otras las organizaciones, tales como el Banco Mundial, las Naciones Unidas o los bancos de desarrollo regional, las que "están mejor equipadas" para lidiar con los problemas del medio ambiente. De esta manera, el FMI elude toda responsabilidad por los impactos ambientales generados por sus programas de estabilización y ajuste estructural.

Ya se han cumplido 3 décadas desde los primeros experimentos de ajuste estructural implementados por las sangrientas dictaduras de Uruguay, Chile y Argentina allá por mediados de los setenta. Desde allí, y sin distinciones de carácter histórico, geográfico, cultural o social, el FMI ha venido imponiendo una receta única para todo país que intenta acceder a sus fondos, la que supuestamente apunta a lograr crecimiento económico.

El FMI aprovecha la oportunidad para imponer programas de ajuste estructural y estabilización como condicionalidades para la obtención de sus préstamos. Los mismos incluyen la implementación de medidas destinadas a superar el déficit presupuestario mediante el recorte del gasto público, como también la implementación de procesos de privatización, desregulación de la economía incluyendo la liberación comercial y financiera, y un crecimiento económico basado en el aumento de las exportaciones.

Estos ajustes conllevan una reforma estructural del Estado, la cual permite la eliminación de las barreras que impiden el acceso y la creación de un ambiente favorable para la inversión extranjera. Tales "barreras" incluyen todo tipo de regulación social (incluidas medidas de protección laboral y ambiental).

En resumen, cuando un país con dificultades en su balanza de pagos y al borde de la bancarrota se ve forzado a aceptar la "asistencia" financiera del FMI, en realidad comienza a sumergirse en un proceso de pérdida de control de sus recursos y soberanía.
Protestas y movilizaciones de comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil y estudios de caso de organizaciones ambientalistas han demostrado una y otra vez que en la mayor parte de los países clientes del FMI no sólo no se han alcanzado los objetivos de desarrollo, sino que el resultado general de esas políticas sobre el medio ambiente, ha sido devastador.

Los Bosques

Los ecosistemas boscosos no escapan a la regla. En el año 2002, un estudio de American Lands Alliance concluyó que los créditos y las políticas del FMI provocaron un notable aumento de la deforestación en países de gran riqueza biológica de América Latina, Asia y África. El estudio señala que la estrategia del FMI de promover el crecimiento basado en exportaciones e inversión extranjera, y a la vez presionar a los países para que recorten su gasto en programas ambientales, ha acelerado la deforestación. El FMI parece haber promovido la tala de bosques amenazados en Brasil, Camerún, Chile, Ecuador, Ghana, Honduras, Indonesia, Costa de Marfil, Madagascar, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, República Centroafricana, Rusia y Tanzania.

La respuesta a este informe por parte del FMI fue que el mismo parecía basarse en información "vieja o incorrecta". El Fondo argumenta haber incorporado condiciones que requieren la reforma de políticas forestales -destinadas a reducir la tala ilegal y fortalecer la protección de los bosques- y que incluso ha suspendido sus préstamos a varios países, en un intento por detener la tala ilegal y la deforestación. Pero la verdad es que hasta ahora el Fondo se niega a reconocer el impacto ambiental de sus programas de ajuste estructural.

El estudio señala por ejemplo que en Brasil, cuyas selvas tropicales representan un tercio de todos los bosques húmedos que quedan en el planeta, el gobierno redujo en casi dos tercios el gasto en programas ambientales, como condición de un acuerdo por un paquete de emergencia de 41.500 millones de dólares firmado con el FMI en 1998. Esto implicó la reducción presupuestal y 10 de los 16 programas ambientales de Brasil dejaron de aplicarse, varios de ellos destinados a hacer cumplir las normas de explotación forestal y protección de los bosques.

El FMI logró que Camerún, uno de los países con mayor diversidad biológica de África, devaluara su moneda y rebajara los impuestos a las exportaciones de productos forestales. "Esto volvió más rentable la explotación forestal y aumentó el número de especies comercialmente viables, lo que incrementó el volumen talado por hectárea". En consecuencia, el número de empresas forestales con operaciones en Camerún aumentó de 177 a 479 entre 1990 y 1998, frente a apenas 106 en 1980, con el resultado de que más del 75 por ciento de los bosques del país han sido talados o lo serán en breve.

En Papúa Nueva Guinea, que alberga 1.500 especies de árboles, 200 especies de mamíferos y 750 de aves, la mitad de ellas endémicas, el recorte del gasto público resultó en el desmantelamiento del Departamento de Ambiente y Conservación. Para incentivar a la industria maderera, el FMI logró que se redujeran los impuestos a las exportaciones forestales de 33 por ciento a entre 0 y cinco por ciento en 1998. El resultado no se hizo esperar: varias de las gigantes compañías forestales de Malasia se establecieron de inmediato en Papúa Nueva Guinea, afectando gravemente a los bosques del país.

El FMI, que responde principalmente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, no ha hecho ningún viraje sustantivo para mejorar la situación. Apenas si ha reconocido que sus políticas tienen algún impacto en la pobreza, lo que ha significado un cambio de maquillaje en los programas de ajuste estructural. Nada sobre políticas que favorezcan al medio ambiente. El pasado 11 de junio los Ministros de Finanzas del Grupo de los 8 (Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Rusia) hicieron pública una declaración sobre "Desarrollo y Deuda" que incluye una propuesta de cancelación de deuda multilateral que sería presentada a las Reuniones Anuales del FMI, Banco Mundial y Banco Africano de Desarrollo en septiembre de 2005.

La cancelación de deuda multilateral propuesta está todavía ligada al acatamiento de los condicionamientos que exacerban la pobreza, la sobreexplotación y el saqueo de los recursos naturales y perpetúan la dominación sobre el Sur. En la cancelación de deuda no se conmuta ninguna restitución y/o reparación por la esclavitud y la colonización, el saqueo de la riqueza y recursos naturales, la explotación laboral, ni la destrucción humana, social y ecológica en el Sur causada por las actividades económicas, operaciones militares y guerras que protegen los intereses de la cleptocracia internacional.

El silencio de los tecnócratas del FMI, producidos por universidades como Harvard y sus pares, no es una mera casualidad. Ellos han sido entrenados en función de un solo objetivo: suprimir las barreras que dificultan el acceso y control de las grandes empresas a los recursos naturales del planeta. O tal vez para la perpetuación del déficit comercial de Estados Unidos destinado a financiar los negocios de la cleptocracia mundial.

Una vez más el fin justifica los medios: se firman cartas de intención, se organizan talleres para construcción de capacidad técnica, se extorsiona con amenazas de cierre de acceso a los mercados del capital internacional, se reprime a quien tenga el coraje de oponerse a este modelo de desarrollo neoliberal. Los actores son poderosos y conocidos: los gobiernos de los países ricos del Norte, las multinacionales, el FMI, la OMC, los bancos multilaterales y las elites y oligarquías corruptas del Sur.

El resultado no se puede llamar de ningún modo desarrollo, no si es a costa de la destrucción de ecosistemas saludables, el empobrecimiento y marginación de las comunidades que los habitan o que dependen de ellos para su supervivencia, y la perpetuación a todo costo del actual sistema de producción global.

"Abiertos a los negocios": cómo la Corporación Financiera Internacional subsidia a la industria de la celulosa y el papel

Desde su fundación en 1956, la Corporación Financiera Internacional (CFI) ha otorgado más de US$ 44 mil millones de sus propios fondos y movilizado otros US$ 23 mil millones en forma de préstamos a 3.143 empresas en 140 países. Según su declaración de principios, la CFI existe para promover "inversiones sostenibles del sector privado en los países en desarrollo como una manera de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la gente".

Pero al dirigirse a la industria, los funcionarios de la CFI dejan entrever a veces el verdadero propósito de la institución. "Estamos abiertos a los negocios", anunció Tatiana Bogatyreva, jerarca en el sector de inversiones de la CFI, durante una conferencia sobre la industria del embalaje realizada en Moscú este mismo mes.

La conferencia fue organizada por el Instituto Adam Smith, un grupo de presión de extrema derecha a favor de la privatización, e incluyó sesiones con nombres como "El embalaje como herramienta de marketing" y una "Mesa redonda del champán" con ejecutivos de la industria del embalaje. Bogatyreva declaró en la conferencia que la CFI está dispuesta a financiar más proyectos en el sector del embalaje.

A diferencia del resto del Grupo del Banco Mundial, la CFI otorga préstamos directamente a las empresas, no a los gobiernos. Los beneficios para las empresas son claros. Además de financiación barata a largo plazo, la CFI brinda asesoramiento sobre mercados emergentes, sectores industriales y estructuración financiera. Y la CFI puede ayudar a movilizar fondos de bancos comerciales para financiar los proyectos, así como brindar apoyo financiero a las empresas a través de la compra de acciones..

Durante varias décadas la CFI ha sido un importante patrocinador de proyectos de celulosa y papel en todo el mundo. Hace pocos meses la CFI aprobó préstamos para proyectos de celulosa y papel en Pakistán, China, Brasil, Jordania y Kirguistán. La CFI tiene un papel importante en la financiación de la expansión del sector forestal industrial en China.

En setiembre de 2001 la CFI otorgó préstamos por un total de US$ 25 millones a dos subsidiarias de la corporación Sino-Forest para la construcción de fábricas relacionadas con la madera y la compra de plantaciones en China. Las plantaciones de la empresa canadiense Sino-Forest abarcan unas 240.000 hectáreas en el sur del país. Actualmente la empresa está expandiendo la superficie de sus plantaciones en unas 200.000 hectáreas en la provincia de Guangdong.

En diciembre de 2004 la CFI anunció un paquete financiero para la papelera Jiangxi Chenming Paper Company, destinado a construir una fábrica de papel que produciría 350.000 toneladas anuales y una planta de celulosa asociada. Jiangxi Chenming es un emprendimiento conjunto de Sappi (Sudáfrica), Shinmoorim (Corea del Sur), Chenming Group (China) y Jiangxi Paper Industry Company Limited (China). La CFI suministrará US$ 72,9 millones en participaciones de capital y préstamos y movilizará otros US$ 205 millones para financiar el proyecto.

En junio de 2005, Stora Enso firmó con la CFI un acuerdo para un préstamo de US$ 75 millones para financiar las actividades de esta empresa en China. El dinero irá a parar a las plantaciones de eucaliptos de Stora Enso en la provincia de Guangxi, en el sur de China, y a expandir su fábrica de Suzhou.

Cuando la CFI acordó otorgar un préstamo a Stora Enso, el director de Stora Enso Asia Pacífico, Markku Pentikäinen, dijo: "Nos complace ver que inversores como la CFI aprecian nuestro enfoque de sustentabilidad tanto en las operaciones forestales como en la producción de papel. Gracias a que hace énfasis en la inversión socialmente responsable, la CFI es un buen ejemplo para otros inversores en la región".

Aunque la CFI tiene una serie de políticas que deberían significar que los proyectos se miden según normas ambientales y sociales, la realidad es que la CFI prefiere hacer negocios antes que respetar las normas.

En noviembre de 2004, la CFI aprobó un préstamo de US$ 50 millones a la gigante brasileña de la celulosa Aracruz, para financiar la expansión de las operaciones de esta empresa en celulosa y plantaciones. La CFI otorgó el préstamo a pesar de los continuados litigios territoriales iniciados contra la empresa.

En abril de 2005, representantes de 64 o­nG escribieron al entonces presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, para exigir que la CFI cancelara su préstamo a Aracruz. En su respuesta, Atul Mehta, director del Departamento para América Latina y el Caribe de la CFI, desestimó las continuadas reclamaciones territoriales a la empresa y declaró que "durante la evaluación de la CFI se hizo una revisión completa de las cuestiones de litigios territoriales".

Una semana después de que Mehta enviara su carta, unos 500 indígenas Tupinikim y Guaraní cortaron miles de eucaliptos para demarcar 11.008 hectáreas de su tierra, tierra que Aracruz había cubierto de plantaciones de eucaliptos. "Con este acto", escribieron los Tupinikim y Guaraní al ministro de Justicia de Brasil, "queremos expresar a Ud. y a la entera nación brasileña que la tierra pertenece a las naciones Tupinikim y Guaraní y debe ser restituida para que podamos construir nuestro propio futuro y garantizar nuestra libertad y autonomía y el futuro de nuestros hijos y nietos".

Con su apoyo a Aracruz y al sector de la pulpa y el papel en general, la CFI deja en claro de qué se trata su negocio: otorgar dinero público para el lucro privado.

El papel destructivo de las agencias de crédito a la exportación

La globalización, un proceso liderado por corporaciones a lo largo del mundo, ha tenido inmensos impactos sociales y ambientales negativos, particularmente en el Tercer Mundo. Aunque las enormes fuerzas comerciales detrás de la globalización han intentado hacer que la gente piense que se trata de algún tipo de fuerza incontrolable de la naturaleza, y que el famoso libre mercado gobierna el mundo por derecho propio, cada vez hay una mayor conciencia de que gran parte de esa devastación es financiada y apoyada por el dinero de los contribuyentes, a través de las agencias nacionales de crédito a la exportación, comúnmente conocidas por sus siglas en inglés como ECAs (Export Credit Agencies).

Las ECAs son agencias públicas del norte y constituyen la mayor fuente de financiamiento gubernamental - es decir, de los contribuyentes- para proyectos en el Sur y en Oriente. A través del otorgamiento de préstamos, garantías, créditos y seguros, las ECAs permiten que compañías privadas de sus países de origen hagan negocios en el exterior.

Durante la década de 1990, el financiamiento de las ECAs promediaba entre US$ 80 y US$ 100 mil millones o más por año, aproximadamente el doble del total oficial de la asistencia al desarrollo. En todo el mundo, las ECAs sostienen actualmente actividades de comercio e inversiones por un monto estimado en US$ 432 mil millones, casi el 10 por ciento de las exportaciones mundiales. El sistema se basa en un acuerdo de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que tienen todos al menos una ECA, que es en general, una división oficial o cuasi-oficial del gobierno.
Actualmente, las ECAs están colectivamente entre las mayores fuentes de financiamiento público para la participación corporativa extranjera en proyectos industriales en los países del sur. Se estima que en los últimos años han brindado apoyo financiero de entre US$50 y US$70 mil millones por año en lo que se da en llamar "transacciones a mediano y largo plazo", una gran parte de las cuales son grandes proyectos industriales y de infraestructura en esos países.

Cuando un negocio se frustra, la garantía de la ECA cubre las pérdidas de la compañía privada, pero luego añade esa suma a la deuda bilateral entre el país de origen y el país receptor. Como resultado, las ECAs son actualmente responsables de hasta un 25 por ciento del total de la deuda pendiente del sur.

El tipo de proyectos que a menudo apoyan las ECAs son proyectos que incluso el Grupo del Banco Mundial y otros bancos multilaterales encuentran potencialmente perjudiciales de apoyar.

Las políticas ambientales del los bancos regionales de desarrollo han sido criticadas por sus debilidades, al tiempo que el Grupo del Banco Mundial parece determinado a debilitar sus propias políticas también. Por lo tanto, las débiles normas de las ECAs se basan en los débiles parámetros de los bancos regionales o del Banco Mundial. Mientras tanto, el acuerdo de los Enfoques Comunes establece que los proyectos apoyados por las ECAs deben cumplir "en todos los casos" con las normas del Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y del país receptor, a menos que una ECA "encuentre necesario" aplicar normas inferiores.

Otra característica de las ECAs es la total falta de transparencia ya que los impactos de sus proyectos no se dan a conocer a la opinión pública. Los Enfoques Comunes no exigen que las ECAs consulten a las comunidades y la sociedad civil afectada por los proyectos que financian.

Según Transparencia Internacional, "sobornar a funcionarios extranjeros a fin de asegurar contratos en el exterior para sus exportaciones se ha convertido en una práctica habitual en los países industriales, particularmente en ciertos sectores como el de la exportación de equipos militares y el de obras públicas. Normalmente estos contratos son garantizados por planes de Seguros de Créditos a la Exportación (ECI por sus siglas en inglés) de carácter público o apoyados por los gobiernos (HERMES en Alemania, COFACE en Francia, DUCROIRE en Bélgica, ECGD en el Reino Unido)."

Gracias al apoyo de las ECAs, los bancos comerciales privados pueden eludir gran parte de sus responsabilidades. Como lo describiera un ejecutivo del Midland Bank a cargo de los negocios de armamento, "...antes de que adelantemos dinero a una compañía, siempre insistimos en que los fondos estén cubiertos por el Departamento de Garantía al Crédito a la Exportación (Export Credit Guarantee Department)[del Reino Unido] ... No podemos perder. A los 90 días, si los iraquíes no pagaron a la compañía, paga el gobierno británico en su lugar. De cualquiera de las dos formas, recuperamos nuestro préstamo, más el interés por supuesto. Es hermoso." (Killing Secrets: ECGD, The Export Credit Guarantee Department, Killing Secrets, 1998.)

El gasoducto Bolivia-Brasil

La participación de las ECAs en el gasoducto de gas natural Bolivia - BrasilCon un costo total de US$2 mil millones, la construcción del gasoducto requirió la tala del bosque, y se extiende sobre unos 3.150 kilómetros, desde Santa Cruz, Bolivia hasta Mato Grosso do Sul en Brasil. Atraviesa varios ecosistemas importantes: el Gran Chaco, un área protegida de bosque tropical seco primario en Bolivia; el Pantanal, el humedal más grande del mundo; y lo que queda del bosque tropical denominado Mata Atlántica en el sudeste de Brasil.

El proyecto, con sus problemas sociales concomitantes, también tiene impactos importantes sobre las comunidades locales en Brasil y Bolivia. En Bolivia el gasoducto atravesó un número de comunidades indígenas y un área protegida gestionada por una organización indígena. En Brasil, Transportadora Brasilera Gasoducto Bolivia - Brasil (TBG) cuyos inversores incluyen a Petrobras, Transredes, Enron y Shell, es la empresa propietaria del gasoducto; Gas Transboliviano S.A., un consorcio que comprende a Transredes, Nerón, Shell y Petrobras es la compañía dueña de la porción boliviana del gasoducto.

En 1997, el Banco Mundial se convirtió en la primera agencia multilateral en financiar el gasoducto. Otros bancos multilaterales involucrados son el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones (EIB). Las agencias de créditos a la exportación involucradas incluyen la agencia japonesa Japan Bank for International Cooperation (JBIC), y la agencia italiana de créditos de exportación SACE, que conjuntamente aportaron la suma de US$346 millones.

Un segundo gasoducto de 630 kilómetros comienza en Ipiás, Bolivia, donde se bifurca del gasoducto principal Bolivia - Brasil y corre en sentido noreste hacia San Matías y de allí hacia Cuiaba, Brasil. Este gasoducto atraviesa unos 200 kilómetros del bosque tropical primario Chiquitano, 100 kilómetros de humedales prístinos del Pantanal y divide en dos el Área Natural de Manejo Integrado San Matías en Bolivia, la única área protegida para el mayor bosque seco tropical del mundo y las cabeceras del Pantanal.

Este proyecto es financiado por Gas Oriente Boliviano (GOB), un consorcio formado por Enron, Shell, y Transredes. En 1999, Enron obtuvo financiamiento por US$ 200 millones del gobierno estadounidense a través de una de sus agencias de créditos de exportación: la agencia Overseas Private Investment Corporation (OPIC).

El financiamiento fue aprobado a pesar de la Ley de Asistencia Exterior que prohíbe financiar proyectos en "bosques tropicales primarios". La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto al igual que científicos independientes califican a esta región como "bosques tropicales primarios". Utilizando la degradación previa para justificar una mayor degradación, Enron, el principal patrocinador del proyecto, sostuvo que se trataba de un bosque "secundario" debido a las actividades esporádicas de tala en algunas partes.
Como forma de cortar sus pérdidas en la quiebra de Enron, OPIC se retiró en febrero 2002. De todas formas, los impactos locales sobre la región de bosques de Chiquitano y la población local han sido importantes: contaminación de los recursos hídricos locales, degradación de los caminos locales, contaminación de la tierra y el aire, aumento de la criminalidad, la prostitución y la perturbación de los poblados y ciudades locales debido a los campamentos de trabajadores.

Mientras las ECAs cumplen su papel, hay cada vez más conciencia de que están muy lejos de ser vehículos potenciales del desarrollo y, que por el contrario, encarnan una forma de globalización corrupta, turbia y ambiental y socialmente destructiva. Los procesos sociales en varios países del sur se oponen a estas agencias en búsqueda de otros mundos posibles, libres de la dependencia y la alienación de comercial.

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales
Marta Zogbi, Amigos de la Tierra Internacional, Marcus Colchester, Programa para los Pueblos de los Bosques, Chris Lang

Fuente: WRM

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